En enero pasado, Palacio de Gobierno convocó a algunos gremios periodísticos para elaborar un “Protocolo” que regulara la cobertura periodística durante las protestas, en medio de varias agresiones policiales contra reporteros. Unas no acudieron, otras se retiraron en el camino, y las menos continuaron. Pero a estas últimas les cayó como baldazo de agua fría la publicación del documento en el diario El Peruano porque sus propuestas habían sido ignoradas. El Ministerio del Interior lo publicó de manera unilateral.
El protocolo para la cobertura periodística de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, publicado ayer en el diario oficial El Peruano, no recoge las observaciones planteadas por las instituciones de periodistas que acudieron a la convocatoria de Palacio de Gobierno para su elaboración, por lo que no es considerado por aquellas como un documento “de consenso”.
El proyecto de protocolo, denominado por el gobierno “Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”, fue publicado este miércoles junto con la Resolución Ministerial Nº 0277-2023, que lleva la firma del ministro del Interior, Vicente Romero, y presentado públicamente como un trabajo conjunto con el Colegio de Periodistas del Perú.
De inmediato, recibió severas críticas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
Una primera crítica apunta al propio título del documento, al llamar “alteraciones al orden público” a lo que simplemente debe ser denominado “protesta”.
Luego, cuestionan el punto 8.2.5., que dispone en dónde deben ubicarse los periodistas que cubren manifestaciones violentas, y que advierte que “de no cumplir con las indicaciones brindadas por la Policía Nacional, se produce alguna afectación a la integridad física de los periodistas o comunicadores, será bajo su responsabilidad”, dejando así de lado el deber del Estado de proteger la labor periodística.
Otra crítica tiene que ver con el “alcance” del “Protocolo”, al indicar que el mismo está “dirigido a periodistas y comunicadores miembros del Colegio de Periodistas del Perú y de prensa extranjera acreditada en el Perú”, excluyendo a la mayoría del gremio periodístico, que no está colegiada.
El Colegio de Periodistas del Perú (CPP), que, según el Ministerio del Interior, participó en la elaboración del documento, es visto, hasta el cierre de esta edición, como la única institución que no ha tomado distancia del “Protocolo”.
Sin embargo, sus directivos desconocen el documento publicado, pues, hasta donde ellos tenían pensado, el texto final aún se encontraba en pleno estudio y en fase de recojo de observaciones.
Edwin Sarmiento, vicedecano del Colegio de Periodistas del Perú, le dijo a Epicentro Tv que la publicación del “Protocolo” los tomó por “sorpresa”.
“Este documento claramente no recoge las propuestas que el Colegio había planteado. Nosotros no reconocemos haber sido copartícipes del documento, pues es un trabajo inconcluso que estaba recibiendo aportes”, sostuvo Sarmiento.
Conceptos erróneos
La otra institución que participó con aportes al “Protocolo” fue la Unesco, la oficina de las Naciones Unidas para la ciencia y la educación. No Unesco Perú, sino Unesco regional.
La publicación del texto también tomó por sorpresa a los funcionarios de la Unesco. Una fuente vinculada a este organismo internacional sostuvo que “el documento que ha sido publicado no ha sido consensuado con nosotros”.
La Unesco regional trabaja en la actualidad un protocolo para periodistas a nivel regional y está interesada en los principios y deberes que debe tener un protocolo de esta naturaleza.
Es por ello que funcionarios y expertos de esta oficina de la ONU habían remitido al Ministerio del Interior aportes y recomendaciones sobre coberturas periodísticas de protestas, adjuntando modelos aplicados en otros países.
“[Está mal] desde el término que usan, porque no es ‘alteración del orden público, es ‘protesta’. No han considerado nada [de lo que propusieron]. La Unesco no sabía nada de la publicación”, señaló esta fuente a Epicentro Tv.
Uno de los participantes en las reuniones alcanzó a este medio las observaciones y anotaciones que había enviado la Unesco.
Allí, el experto Jaime Martínez Ventura hace, entre otras, la siguiente anotación: “Se sugiere con vehemencia agregar este último, a efecto de recalcar que aun en las circunstancias más extremas, los cuerpos policiales no pueden hacer uso de ningún tipo de armas contra periodistas y comunicadores/as”.
Sobre la definición de “disturbio”, que el Mininter califica en el documento de “acto violento”, el mismo experto de la Unesco anota: “Se recomienda enfáticamente modificar esta definición, puesto que desde un enfoque de derechos, la manifestación pública en sí, es un derecho fundamental de todas las personas; por lo tanto, dicho derecho no puede asimilarse, a priori, al concepto de disturbios, actos violentos al margen de la ley que eventualmente se derivan del ejercicio del derecho a la protesta”.
Estas observaciones fueron remitidas el 7 de febrero a los funcionarios del Mininter. Eran observaciones al documento borrador que los participantes recibieron en la reunión presencial del 1 de febrero.
Edwin Sarmiento, del Colegio de Periodistas del Perú, recordó que esa fue la última reunión y que no hubo otras.
“Esa fue la última vez, y estábamos a la espera de una reunión presencial para saber si el Ministerio del Interior había acogido las observaciones que nosotros también habíamos hecho al borrador del “Protocolo”, sostuvo.
“Pero la nueva reunión no se dio, se postergó y se postergó. En el ínterin de la espera sale la publicación de ayer [En el diario El Peruano], y tanto a nosotros como a la Unesco nos ha tomado por sorpresa. Al ver lo publicado, no estaban nuestros últimos aportes”, señaló.
-¿Ustedes asumen que son copartícipes del documento?, le preguntamos a Sarmiento.
“No, no, nosotros no tenemos que asumir; es un documento de trabajo inconcluso y sobre el cual estábamos alcanzando nuestros aportes”, respondió.
En la misma línea, al cierre de la presente edición, este gremio emitió un comunicado lamentando que el Ministerio haya publicado el documento “sin habernos participado de tal decisión ni de sus motivaciones, puesto que estábamos a la espera de una reunión presencial y, lo que es más preocupante, sin haber terminado de recoger nuestros aportes”.
Según este colegio profesional, el “Protocolo” no busca colocar la labor de cobertura periodística “bajo supervisión policial o la falaz insinuación” de que dicho organismo “actúa como cómplice del gobierno para controlar a la prensa”.
Llamadas desde Palacio
Era la segunda vez que el CPP acudía al llamado de Palacio. La primera había ocurrido el 27 de diciembre pasado. Las relaciones entre gobierno y el Colegio eran vistas como buenas. Ahora, no sabemos qué ocurrirá.
La Asociación Nacional de Periodistas no acudió el 27 de diciembre a Palacio porque no fue convocado. Sí recibió invitación, esta vez, para la elaboración del Protocolo. En enero, Zuliana Laines, presidenta de la ANP, recibió la llamada telefónica de Suzie Sato, secretaria de Comunicaciones de Palacio, quien la invitó a ser parte del proyecto.
Pero Laines le dijo que la ANP no acudiría porque ese mes se venía registrando la mayor cantidad de agresiones de policías a los periodistas que cubrían las protestas en todo el país.
Sato también invitó al Consejo de la Prensa Peruana. En realidad, este organismo también buscaba poner límite a las agresiones de policías a periodistas, y estaba pensando en un protocolo similar, pero para regular el accionar policial, no el periodístico.
El decano y el vicedecano del Colegio de Periodistas sí acudieron a la reunión en Palacio para escuchar los planes del gobierno sobre el “Protocolo”. Fueron su decano, Ricardo Burgos, y su vicedecano, Edwin Sarmiento.
“No estaba la presidenta Boluarte. Nos reunimos con el premier [Alberto] Otárola y con los ministros de Defensa e Interior. También estaba la Sociedad de Radio y Televisión del Perú. Grosso modo, los ministros de Defensa e Interior hablaron de las medidas que querían tomar y de la necesidad de garantizar el trabajo periodístico y que se le dé protección a los periodistas”, contó Sarmiento.
Hubo dos reuniones virtuales más. En la primera de ellas participaron, además, directivos del IPYS. No volvieron a participar más. De hecho, el IPYS emitió el miércoles un duro comunicado contra el “Protocolo”.
La cuarta reunión ocurrió, como señalamos, el 1 de febrero, y fue presencial.
La reunión del 1 de febrero
Ese día, por el Ministerio del Interior, participaron quince funcionarios encabezados por el viceministro de Seguridad Pública, Fidel Pintado, y el viceministro de Orden Interno, Néstor Zegarra
Los acompañaron los directores de Seguridad Ciudadana y de la Digimin, así como altos funcionarios del Gabinete de Asesores, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen.
Como representantes de la Policía Nacional estuvieron los generales Jorge Angulo Tejada, jefe del Comité de Asesoramiento de la Policía, y Carlos Malaver, director de Comunicaciones.
Asimismo, Suzie Sato, secretario de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio; por la Unesco, Guimar Alonso Cano, representante de ese organismo en el Perú, y Dora Garrido Díaz, su coordinadora de Comunicación e Información.
Jesús Noriega representó a la Sociedad de Radio y Televisión, Edwin Sarmiento al Colegio de Periodistas, y Rodrigo Salazar, al Consejo de la Prensa Peruana.
La reunión duró más de dos horas y en los últimos quince minutos llegó el ministro del Interior, Vicente Romero.
Los funcionarios del Mininter repartieron a los asistentes un primer borrador de “Protocolo”, que provocó algunas levantadas de ceja, sobre todo, el párrafo 8.1.6., que “recomendaba” no entrevistar a los manifestantes.
“Señalar que está prohibido de introducirse dentro de un grupo de manifestantes, se cubre el evento desde lugares alejados bajo protección. Asimismo, se recomienda no tomar declaraciones de manifestantes en medio de protestas”.
“Se puede crear un desierto informativo si el periodista sigue estas recomendaciones”, observó allí Rodrigo Salazar, del Consejo de la Prensa.
Salazar hizo unas ocho observaciones más. Por ejemplo, que el borrador del “Protocolo” no consideraba los conceptos de “libertad de expresión” y “libertad de prensa” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización de las Naciones Unidas; y demandó la creación de un registro digital con las denuncias de agresiones policiales contra periodistas, de fácil acceso y seguimiento.
“Hubo oídos sordos ante todo eso, los estándares internacionales no eran recogidos”, dijo Salazar a Epicentro Tv.
Después de aquella reunión, Salazar le comunicó a Suzie Sato que el Consejo de la Prensa abandonaba el grupo de trabajo, pese a que esta institución consideraba urgente un protocolo que regulara la actividad policial para no afectar la labor periodística y, por ello, tuvo la iniciativa de proponérselo a Sato.
Mientras tanto, la ANP seguía registrando, casi a diario, nuevas agresiones policiales a los periodistas de medios independientes que cubrían las protestas, en Lima y en regiones.
No entendemos
El miércoles 1 de marzo se publicó el “Protocolo” y la resolución ministerial del ministro Vicente Romero. La reacción de las instituciones periodísticas y de medios de comunicación fue muy dura.
“Un planteamiento de esa naturaleza denota desconocimiento absoluto de la actividad periodística”, opinó la ANP.
El IPYS demandó que prohibir “a los efectivos de fuerzas armadas y policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra las y los periodistas, efectuando sanciones en caso contrario”.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana pidió al gobierno archivar el “Protoloco”, pues “interfiere en la independencia periodística”.
Un funcionario de Palacio de Gobierno relacionado con las conversaciones para la elaboración del protocolo dijo a Epicentro Tv: “Yo no entiendo por qué se ha entendido mal”.
“Esto es una base, es un borrador, no es un pretexto para amordazar a la prensa o restringir la libertad de expresión; es un borrador, no está decretado”, añadió.
Pero un participante de una de las reuniones, que pidió mantener su nombre en reserva, fue menos diplomático y más directo: “los que necesitan un protocolo para saber cómo actuar son los policías, no los periodistas”.
