Un “gabinete de asesores en la sombra” o también llamado “buró político” ha rodeado al presidente Pedro Castillo desde que resolvió la victoria electoral en la segunda vuelta, en junio de 2021, de acuerdo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder , que investigue al jefe de Estado ya su entorno. Las detenciones del día de hoy han revelado sus roles. A continuación, uno a uno, el papel que cumplió cada uno.
El juez Víctor Zúñiga Urday, por pedido de la fiscal Kelinda Janampa Oscátegui, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Equipo 3), ordenó esta mañana la detención preliminar, el allanamiento de diez inmuebles, la incautación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones durante diez días, de los investigados Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Jenin Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Augusto Vásquez Cabrera, Biberto Benerando Castillo León y Eder Viton Burga.
Uno de los inmuebles intervenidos por orden judicial es el de la primera cuadra del jirón Sarratea, en el distrito de Breña, que está, según la Fiscalía, “vinculado al centro de operaciones de la presunta organización criminal en el caso 'Asesores en la sombra ', vinculado a Segundo Alejandro Sánchez Sánchez”.
Otros dos inmuebles, ubicados en los asentamientos humanos “José Carlos Mariátegui” y “200 Millas”, en el Callao, están vinculados a Gian Marco Castillo Gómez ya Fray Vásquez Castillo, dos de los sobrinos del presidente de la República, sindicados como parte de la presunta organización que éste lideraría.
Incluso, la orden abarca el allanamiento de la celda que ocupa actualmente el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, en el penal de Ancón II.
Sin embargo, la resolución judicial contiene información sobre el llamado “gabinete de asesores en la sombra” o “buró político” del presidente Castillo.
Hasta el momento son trece los imputados por pertenecer a este presunto criminal rojo:
Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Jenin Abel Cabrera Fernández, José Nenil Medina Guerrero, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Augusto Vásquez Cabrera, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Beder Ramón Camacho Gadea, Biberto Benerando Castillo León, Eder Vitón Burga, Henry Shimabukuro Guevara, David Pérez Curi , Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
Esta presunta organización habría operado en distintas etapas, desde la primera vuelta electoral del 2021, hasta la gestión presidencial de Pedro Castillo, con la designación en puestos claves de personas de confianza para supuestamente controlar licitaciones.
El caso más relevante para la Fiscalía es el nombramiento de Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
“Esta organización tendría un brazo operativo, uno de ellos, al interior del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, destinado a beneficiarse ilícitamente con una serie de contrataciones en dicho sector”, indica la resolución judicial.
“Siendo ello así, se tiene que, probablemente, el grupo denominado 'Buró político' (integrado por Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Jenin Abel Cabrera Fernández, José Nenil Medina Guerrero, Salatiel Marrufo Alcántara y otros en proceso de identificación) habrían recomendado a Geiner Alvarado López ante el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, para que sea designado como ministro de la mencionada cartera, así como una serie de funcionarios que coadyuvarían con el plan criminal de la organización, que es el copamiento de cargos importantes en los más altos estamentos del Estado”, añade la Fiscalía.
Entre esos cargos importantes, debajo de Alvarado, destaca el nombre de Salatiel Marrufo Alcántara en el puesto de jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.
Marrufo y otros personajes ya identificados como los presuntos integrantes de la red, habrían maniobrado desde la cartera de Vivienda.
“Esta organización criminal tenía un grupo de asesores en la sombra. Estos fueron Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, José Nenil Medina Guerrero, Jenin Abel Cabrera Fernández, quienes pese a no ostentar cargo público alguno en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tomaron decisiones en dicho sector, tanto para copar con personal de confianza en el ministerio, como para el control de las contrataciones que bajo dicho sector se viabilizaban, para así direccionar tales obras a empresas poderosas representantes integraban la organización criminal o podrían actuar de fachada para que otros miembros de la organización obtuvieran ventajas económicas ilícitas”, postula la Fiscalía .
Los “asesores en la sombra”
Según el esquema propuesto por la Fiscalía, la presunta organización criminal “Los asesores en la sombra” estaría integrada por –reiteramos– las siguientes personas:
Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Jenin Abel Cabrera Fernández, José Nenil Medina Guerrero, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Augusto Vásquez Cabrera, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Beder Ramón Camacho Gadea, Biberto Benerando Castillo León, Eder Vitón Burga, Henry Shimabukuro Guevara, David Pérez Curi , Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
Según la Fiscalía, este grupo de personajes comenzó a formarse el 11 de abril de 2021, apenas se conocieron los resultados preliminares de las elecciones generales de ese año. A partir de entonces, continuaron las siguientes etapas:
Primera etapa: financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido para obtener ganancias ilícitas.
Segunda etapa: copamiento de las instituciones públicas para generar activos ilegales.
Esto ocurrió a partir del 6 de junio del año pasado, luego de los resultados de la segunda vuelta electoral. Allí es que instalan como su cuartel general la casa de jirón Sarratea 179, Breña.
Tercera etapa: actos de colusión en licitaciones públicas.
Etapa puesta en marcha desde el 29 de julio de 2021, con la designación de Geiner Alvarado como ministro de Vivienda, y de Salatiel Marrufo como jefe del Gabinete de Asesores de esa cartera, para “influir en el diseño y formulación del Decreto de Urgencia Nº 102-2021, publicado el 29 de octubre de 2021, el cual resolvió transferir a gobiernos subnacionales más de 500 millones de soles para la ejecución de diversos proyectos de inversión pública, en la cual, la presunta organización criminal tendrá acuerdos colusorios con algunas entidades empresas públicas y terceras”.
Cuarta etapa: captación de fuentes de apoyo – congresistas.
Que se hubiera iniciado el 14 de septiembre de 2021, cuando se materializaran las primeras reuniones entre el presidente Pedro Castillo y algunos congresistas para realizar presuntos acuerdos ilícitos, como entrega de ministerios y direcciones, desde donde se manejaran mayores montos presupuestales. Dichos acuerdos “se fueron materializando en los votos de esta coalición congresal durante el 2021 y 2022, no teniendo una fecha de término hasta el presente estadio de la investigación”.
Quinta etapa: redes de protección – encubrimiento de investigados, difamación, desaparición de indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito.
Este momento se habría originado desde el cese en el cargo de Bruno Pacheco Castillo como secretario de Palacio, el 23 de noviembre de 2021. En particular, el encubrimiento de Pacheco y la desaparición “dolosa” de cuadernos y teléfonos celulares.
El “Buró Político” y sus roles
Para la Fiscalía no quedan dudas: el presidente Pedro Castillo, junto con Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Jenil Abel Cabrera Fernández y José Nenil Medina Guerrero, principalmente, tras conocer los resultados de la primera vuelta, “constituyeron, planificaron, promovieron, financiaron, controlaron y supervisaron una red criminal destinada a cometer delitos con la finalidad de hacerse de caudales de dinero”.
Una vez logrado el objetivo de ganar las elecciones, los integrantes de la red de asesores “reclamaron su cuota de poder en retribución a lo invertido durante la campaña electoral, integrándose a esta Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, fingiendo (sic) todos ellos de asesores desde la sombra, influyendo ilícita e ilegítimamente en las designaciones de funcionarios de la alta dirección en instituciones públicas con mayor manejo de presupuesto público”.
Posteriormente, de acuerdo al Ministerio Público, Salatiel Marrufo y Bruno Pacheco iniciaron los actos colusorios en las contrataciones públicas de diversas entidades del Estado e incorporaron a la presunta organización a Auner Augusto Vásquez Cabrera –para posibilitar la captación de algunos congresistas– y a Eder Viton Burga, Beder Ramón Camacho Gadea, Biberto Benerando Castillo León, Henry Shimabukuro Guevara y David Pérez Curi.
Todo ello, según el documento era un “componente obstructivo que le permitiría a la pregunta organización criminal encubrir testigos, desaparecer indicios e intimidar a entidades persecutoras del delito, siguiendo metódicamente, una tras otra, cada una de sus etapas en la evolución y desarrollo de su programa criminal correspondiente a la permanencia en el poder, para seguir obteniendo ganancias ilícitas”.
Uno a uno, estos habrían sido los roles de cada uno de los “asesores en la sombra”:
1.- Segundo Alejandro Sánchez Sánchez:
Constituyó e integró presuntamente esta organización. Coordinó la inserción de activos económicos de origen desconocido en la campaña electoral desde la segunda vuelta y, una vez en el gobierno, reclamar su cuota de poder y designar a funcionarios públicos de alta dirección en instituciones que manejaban importantes presupuestos para poder gestionar contrataciones públicas.
Se la atribuye haber dispuesto copar puestos estratégicos en las instituciones públicas con funcionarios de su entera confianza y afines a sus intereses, como Jackeline Guadalupe Perales Olano, en el cargo de gerente de la Superintendencia de Bienes Nacionales; Geiner Alvarado López, como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Juan Carrasco Millones, como ministro del Interior; y, a través de ellos, controlar y direccionar distintas licitaciones públicas a favor de empresarios que servían a la referida organización, como el planeamiento para el direccionamiento de 34 proyectos que se incluyeron en el Decreto de Urgencia Nº 102-2021-Vivienda, así como un interés indebido en contratos de concesiones mineras, entre ellas, con la empresa Macusani Yellowcake SAC, representada por Ulises Raúl Solís Llapa.
Habría generado un perjuicio de S/. 130,000 en agravio del Estado.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
2.- Jenin Abel Cabrera Fernández:
Constituyó e integró la red. Copó presuntamente puestos estratégicos en instituciones públicas con gente de su entera confianza, como la designación de Geiner Alvarado en Vivienda y Construcción, y la de su jefe de Gabinete de Asesores, Salatiel Marrufo. A través de ellos, habría controlado y direccionado licitaciones públicas a favor de empresas que servían a los propósitos de la organización.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
3.- José Nenil Medina Guerrero:
Constituyó e integró la red. Se le atribuye, además de sus roles ya señalados, ser uno de los financistas de la campaña de Pedro Castillo, con activos de origen desconocido.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
4.- Salatiel Marrufo Alcántara:
Integró la organización y en su condición de jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habría realizado coordinaciones direccionadas concertadamente con los demás integrantes el Decreto de Urgencia Nº 102-2022, para que se puedan ejecutar proyectos de inversión pública en gobiernos subnacionales, en donde ya habrían conseguido acuerdos colusorios con posibles empresas contratistas.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
5.- Auner Augusto Vásquez Cabrera:
Integró la presunta organización criminal y se habría encargado de coordinar los acuerdos ilícitos por encargo del presidente Pedro Castillo con algunos congresistas de la República, para que “funjan de coalición ante cualquier adversidad de moción de censura, vacancia o acusación constitucional”.
Según la investigación, captó el apoyo de los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña, Elvis Vergara Mendoza, Juan Mori Celis, Hilda Marleny Portero López, José Aberto Arriola Tueros, Carlos Zeballos Madariaga y Edwin Martínez Talavera, todos de Acción Popular, para evitar la vacancia presidencial.
A cambio de ellos –señala la Fiscalía– direccionaban las designaciones en los ministerios, jefaturas, direcciones ejecutivas de entes de la administración pública, entre ellas, la Dirección de Migraciones.
En esta última entidad, en noviembre de 2021 se convocó la Licitación Pública Nº 02-2021-Migraciones, para el suministro de 700 mil libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad para el servicio de emisión descentralizada de pasaporte electrónico, por un valor de S/. 14’336,000. Un proceso que, posteriormente, reveló inconsistencias tras la intervención del Órgano de Control Institucional de dicho organismo.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
6.- Bruno Pacheco Castillo:
Integró la red, coordinando “la influencia ilícita e ilegítimamente en la designación de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones donde se maneja mayor presupuesto público, las mismas que luego darían paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilícita e ilegítimamente la presunta organización criminal”.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
7.- Beder Ramón Camacho Gadea:
Integró, según la fiscalía, la presunta organización criminal, siendo “el operador determinante en la etapa de encubrimiento de investigados, desaparición de indicios y en actos de intimidación a entidades persecutoras del delito”.
Habría gestionado la ilegal designación en el alto mando de la Policía Nacional de los generales Vicente Tiburcio Orbezo y Luis Alberto Vera Llerena.
Asimismo, habría gestionado “la no entrega de Bruno Pacheco Castillo, con orden de captura en ese entonces, a las autoridades judiciales, en concertación con el líder de la red criminal, José Pedro Castillo Terrones”.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
8.- Biberto Benerando Castillo León:
Integró la red y fue “el operador de la red criminal en la etapa de los actos de intimidación a entidades persecutoras del delito, al influir ilícita e ilegítimamente en la designación de los comandantes generales de la Policía Nacional del Perú, quienes, al no alinearse al programa criminal, eran destituidos inmediatamente.
Asimismo, habría utilizado redes de protección para “generar impunidad entre los miembros de su red criminal para continuar con su programa criminal”.
Así, “habría gestionado ilícita e ilegítimamente la designación y nombramiento como comandante general de la Policía Nacional del Perú a los tenientes generales Vicente Tiburcio Orbezo y Luis Alberto Vera Llena, en concertación con el líder de la red criminal, Pedro Castillo Terrones”.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
9.- Eder Viton Burga:
Integró la presunta organización criminal. Se le atribuye ser el “operador de la cúpula criminal” durante la llamada etapa de intimidación a entidades persecutoras del delito, principalmente respecto del atentado del prestigio de la fiscal de la Nación, quien recientemente habría conformado el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder”.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
10.- Henry Augusto Shimabukuro Guevara:
Integró la presunta organización criminal. Habría tenido participación directa en la fase de encubrimiento de los investigados, en particular, de Bruno Pacheco.
Financió la campaña electoral en la segunda vuelta de Castillo Terrones con activos que la Fiscalía califica como de origen desconocido.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
11.- David Pérez Curi:
Integró la red, gestionando ilegalmente la designación como comandante general de la Policía Nacional, del teniente general Luis Alberto Vera Llerena, con supuesta concertación con el presidente Pedro Castillo.
También habría obstaculizado la entrega a la justicia de Bruno Pacheco y se habría encargado de las acciones de intimidación al propio general Luis Vera Llerena.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
12.- Fray Vásquez Castillo:
Integró la red. Coordinó supuestamente la designación ilegal de funcionarios de alta dirección en instituciones públicas donde se maneja mayor presupuesto público. luego, coordinaría acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestionó la organización.
También se le responsabiliza por el nombramiento de funcionarios de su entera confianza, como Jackeline Perales Olano en el cargo de superintendenta de la SNB y del propio Geiner Alvarado en Vivienda.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
13.- Gian Marco Castillo Gómez:
Integrante de la organización. Presuntamente influyó ilegalmente en la designación de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones con manejo de presupuesto público importante para luego coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas.
También se le responsabiliza por copar puestos estratégicos en las instituciones públicas con funcionarios de su entera confianza, como Jackeline Perales Olano en el cargo de superintendenta de la SNB y del propio Geiner Alvarado en Vivienda.
Asimismo, él también habría tenido “indebido interés en contratos y concesiones mineras, entre ellas, con la empresa Macusani Yellowcake SAC”, que representa Ulises Raul Solíes Llapa.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
En la estructura de esta presunta organización propuesta por la Fiscalía, a la cabeza del “buró de asesores” estaría únicamente el presidente Pedro Castillo, como líder supuesto del mismo.
