La Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) denunció a Jerí Gloria Ramón Ruffner De Vega ante la Dirección de Estafas de la DIRINCRI por los presuntos delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica y apropiación ilícita.

Desde que se proclamó presidenta de la ANUPP, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se convirtió en una activa defensora de la contrarreforma universitaria promovida por la bancada de Renovación Popular. Sin embargo, la propia organización que asegura presidir la acusa de haberse atribuido un cargo que, según la denuncia, no obtuvo legítimamente.

Luego de que se venciera el mandato del ex rector de San Marcos Orestes Cachay, su sucesora en el rectorado de la Decana de América, Jerí Ramón, era la llamada a culminar su período de julio de 2021 a febrero de 2022 en la presidencia de la ANUPP. Pero para consagrar su nombramiento era indispensable que los demás rectores la reconocieran como la nueva presidenta en una asamblea.

En una carta notarial dirigida a la cuestionada rectora de San Marcos, la ANUPP señala que la Asamblea General de 2021 - en la que Jerí Ramón fue supuestamente elegida como presidenta del Consejo Directivo - estuvo plagada de irregularidades. Se cita como ejemplo que se consignó la asistencia de personas que declararon que no estuvieron presentes y que la rectora de San Marcos fue nombrada presidenta “con documentos falsos y en una asamblea que nunca ocurrió”.

El 3 de marzo de 2022, representantes de 29 universidades públicas eligieron por unanimidad un nuevo Consejo Directivo. El rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Américo Guevara Pérez, fue elegido presidente de la ANUPP para el período 2022-2025, como consta en la página web de la organización.

Sin embargo, Jerí Ramón organizó sus propias elecciones en paralelo. Convocó a una Asamblea General para el 4 de marzo en la que resultó elegida como presidenta de la ANUPP para el mismo período.

A la Asamblea del 4 de marzo solo asistieron 10 de los 43 miembros de la ANUPP, pero eso bastó para que se le declare presidenta de la organización y vocera de las universidades públicas. Llama poderosamente la atención que la cuestionada rectora de San Marcos haya visitado esa misma mañana al congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, la bancada que encabeza la contrarreforma universitaria y los ataques a la Sunedu.

Pero esa no es su única visita al parlamento que despierta suspicacias. Durante el mes de noviembre del año pasado, cuando se discutía la contrarreforma universitaria en la Comisión de Educación, la rectora de San Marcos tenía una especial predilección por visitar a su presidente Esdras Medina y a Jorge Montoya; los dos parlamentarios de Renovación Popular más activos cuando de atacar a la Sunedu se trata.

Invitada a la Comisión de Educación como presidenta de la Asociación de Universidades Públicas del Perú, Jerí Ramón acudió el 16 de noviembre a dar su opinión sobre el proyecto de ley para reestablecer la “autonomía” universitaria; que en realidad planteaba colocar representantes de las universidades en el Consejo Directivo de Sunedu.

“Queremos que vayan [al Consejo Directivo de Sunedu] dos representantes de las universidades públicas que sean elegidas por la universidad más antigua [UNMSM] , dos representantes de las universidades privadas, un representante de SINEACE, un representante de CONCYTEC y un representante de la Defensoría del Pueblo (…) Nosotros no queremos que desaparezca Sunedu, esto es muy importante dejar en claro, queremos que se mantenga la independencia y que no esté dependiendo del gobierno de turno”, afirmó la rectora de San Marcos. Sus argumentos fueron aprovechados por algunos miembros de la comisión para cuestionar a la Sunedu por haber cerrado universidades con licencia denegada y reclamar por una supuesta pérdida de autonomía.

Pese a que fue elegida en una asamblea sobre la que existen dudas incluso sobre si realmente se realizó, la Comisión de Educación del Congreso previa coordinación – como demuestran las visitas – la presentó como la representante de las universidades públicas que integran la ANUPP y sus argumentos fueron utilizados para justificar la contrarreforma universitaria y el debilitamiento de la SUNEDU. Pero hoy pesa una denuncia penal en su contra interpuesta por la propia organización que asegura presidir.