Nombró a su representante en Sunedu a pesar de que estaba impedido para el cargo.

El viernes 17 de febrero se instaló el nuevo Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pese a que solo participaron los cuatro miembros designados de los siete nuevos miembros (tres miembros aún no han sido designados). La reunión fue convocada por Andrés Ramos Salas, nombrado por el ministro de Educación, Oscar Becerra, como representante del Ministerio de Educación.

El Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales designó a Miguel Vallejos Flores como su representante ante el Consejo Directivo de Sunedu. Los dos representantes de las universidades públicas fueron designados en agosto de 2022 mediante un cuestionado proceso electoral convocado por la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, una muy activa contra reformista en alianza con los sectores que torpedearon la reforma universitaria desde el Congreso.

Los representantes de las universidades públicas ante Sunedu, Manuel Castillo Venegas de la Universidad Nacional de Piura y Manuel Hernández García de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, flanquean a la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón.

El cuarto miembro del Consejo fue designado el 8 de febrero por el ministro de Educación, Oscar Manuel Becerra Tresierra. El titular del Minedu designó a Andrés Filiberto Ramos Salas como representante ante el Consejo Directivo de Sunedu. Ramos Salas y el ministro Becerra trabajaron juntos en la Universidad San Martín de Porres (USM), casa de estudios sancionada por Sunedu por destinar fondos de la universidad para fines no académicos.

El representante del Minedu ante el Consejo Directivo de Sunedu, Andrés Ramos Salas, se desempeñó como Director del Departamento Académico de Ingeniería y Arquitectura de la USMP hasta 2023.

El actual representante del Minedu ante el Consejo Directivo de Sunedu trabajó en la Universidad San Martín de Porres durante 39 años. Según la página de la propia universidad seguía trabajando en esa casa de estudios hasta el mes de febrero; pero de acuerdo a su perfil de LinkedIn, Ramos Salas trabajó en la USMP hasta el mes de enero de este año. En cualquier caso, queda claro que su vínculo laboral con dicha universidad se mantuvo hasta el 2023.

El ministro Becerra nombró a Salas Ramos en el cargo de Asesor II del Despacho Viceministerial de Gestión Institucional del Minedu el 6 de febrero y, solo dos días después, lo designó representante de su cartera ante el Consejo Directivo de Sunedu, pese a que estaba impedido por ley. El artículo 15.5 de la Ley de Contrarreforma Universitaria (Ley 31520) señala que “Los miembros del Consejo Directivo no pueden ser personas que (…) ii) Sean autoridades, directivos, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas juródicas vinculadas a éstas. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad, al menos un año antes de asumir el cargo”.

Andrés Ramos Salas se desempeñó como Director del Departamento Académico de Ingeniería y Arquitectura, cargo directivo que ocupó hasta este año y que le impedía asumir como miembro del Consejo Directivo de Sunedu. La presunta responsabilidad penal por este nombramiento alcanzaría no solo a Ramos Salas por haber aceptado la designación, sino también al ministro de Educación por haberlo designado.

El artículo 381 del Código Penal tipifica el delito de nombramiento, designación, contratación, encargartura o aceptación ilegal de cargo de la siguiente manera: “El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas”.

Por esa razón, la Coordinación de Universidades de Lima y Callao ha interpuesto denuncia penal contra el ministro Oscar Becerra Tresierra y su designado Andrés Ramos Salas por la presunta comisión del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, en agravio del Estado.

Pero eso no ha sido lo único que ha hecho el ministro para empujar la contrarreforma universitaria. El 20 de febrero designó entre los miembros del Consejo Nacional de Educación para el período 2023-2026 a Lidia Violeta Asencios Trujillo, ex presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades del Perú ASUP y aliada de la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, en sus esfuerzos contra reformistas ante la Comisión de Educación del Congreso de la República.

El ministro ha adoptado el discurso de los congresistas que aprobaron la Ley de la Contrarreforma Universitaria. Ahora acusa a los ex funcionarios de Sunedu de haber incurrido en gastos exorbitantes en consultorías y ha asegurado que esta superintendencia se había convertido en la “caja chica” del Partido Morado. Al mismo tiempo, afirma que su gestión y la del gobierno están comprometidas con ofrecer un servicio educativo de calidad; mientras que la presidenta Dina Boluarte parece haber optado por guardar un complaciente silencio.

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