A inicios de marzo de 2001, los cuatro candidatos a la presidencia del país suscribieron una declaración para pedirle al presidente del gobierno de transición que cree una “comisión de la verdad”, y reconocieron que lo que hubo desde 1980 fueron violaciones de derechos humanos cometidos por grupos terroristas y por agentes del Estado.

En marzo de 2001, durante el tramo final de la campaña electoral de entonces, los cuatro candidatos a la presidencia del país –Alejandro Toledo, Alan García, Lourdes Flores y Fernando Olivera– firmaron una declaración para pedirle al presidente del gobierno de transición, Valentín Paniagua, que cree una “comisión de la verdad” que investigue y esclarezca las graves violaciones de derechos humanos producidas desde 1980 durante el conflicto armado interno.

En la declaración, Toledo, García, Flores y Olivera reconocieron que los crímenes de derechos humanos fueron cometidos no sólo por grupos terroristas, sino, también, por agentes del Estado.

El histórico documento forma parte de los archivos que reconstruyen la memoria del país, a veinte años de la entrega pública del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entre los aspectos que lo hacen relevante es que uno de sus firmantes, Alan García, fue presidente del país en el período 1985-1990, durante el cual se perpetraron graves crímenes de lesa humanidad.

El documento, firmado el 9 de marzo de ese año por Flores, García y Toledo, y, de manera individual, Olivera, se titula “Declaración y compromiso con la verdad de los candidatos a la Presidencia del Perú. Elecciones 2001”.

El candidato del Frente Independiente Moralizador (FIM) se opuso a estampar su firma al lado de la de Alan García, y pidió firmar el mismo contenido en un papel aparte. Por ello, existen dos declaraciones con el mismo tenor.

De ese modo, los cuatro candidatos recogieron el clamor de organizaciones de la sociedad civil y de políticos que en ese momento reclamaban conocer la verdad sobre los crímenes de derechos humanos de los veinte años anteriores, en los que el Estado y la sociedad enfrentaron el ataque de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

La declaración

El documento, de tres puntos, recoge el compromiso asumido entonces por los cuatro candidatos.

En el primer punto, señalaron:

“Somos conscientes de que la violencia producida en el país a partir de 1980 y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos provenientes de los grupos terroristas y agentes del Estado, han causado heridas a las víctimas y a sus familiares, y también profundas heridas sociales”.

Los candidatos –incluso, Alan García– reconocieron en dicho párrafo que los crímenes de lesa humanidad fueron también cometidos por agentes del Estado.

En el segundo punto, los candidatos solicitaron expresamente que el gobierno de transición cree una comisión de la verdad para asegurar el proceso hacia la consolidación de la pacificación y la reconciliación nacional:

“Reconocemos la vital importancia que tiene la instalación y el funcionamiento de una Comisión de la Verdad en el Perú, para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, para atender las necesidades de justicia, no repetición y reparación de las víctimas y sus familiares, así como para asegurar un proceso sólido hacia la transición democrática, la consolidación de la pacificación, la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país y la reconciliación nacional”.  

Y, en el tercer y último punto, hicieron una promesa:

“Expresamos nuestro compromiso con la existencia de una Comisión de la Verdad, para que en el caso de acceder a la Presidencia de la República, se dicten medidas que garanticen su buen funcionamiento”.

Declaración firmada por el candidato Fernando Olivera.

Este domingo, en diálogo con Epicentro Tv, la excomisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Sofía Macher, recordó que Valentín Paniagua no se mostraba convencido de crear la “comisión de la verdad”, pues, alegaba que el gobierno de transición no tenía el mandato para ello.

“El presidente Paniagua señaló que su mandato era solo para limpiar de corrupción al país y preparar las elecciones generales del 2001”, dijo Macher.

Por eso, fue clave que los cuatro candidatos presidenciales firmaran dicho compromiso, pues, fue el fundamento que necesitaba el presidente Paniagua para crear la comisión.

El 4 de junio de 2001, el gobierno de transición emitió el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, creando la Comisión de la Verdad. La medida contó, además, con el respaldo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo cual indicaba que había consenso, señaló Macher.

Tras la victoria electoral de Alejandro Toledo, el nombre de la comisión varió. El nuevo gobierno la rebautizó como Comisión de la Verdad y Reconciliación, recogiendo, de algún modo, la esencia del segundo punto del compromiso firmado el 9 de marzo de 2001.

“Toledo no fue consultado por Valentín Paniagua al designar a los primeros siete comisionados; al asumir Toledo, le aumentó la palabra “reconciliación” y aumentó cinco comisionados más. Además, Toledo quiso poner como comisionado a monseñor (Luis) Bambarén, y (Juan Luis) Cipriani, que era el cardenal (de Lima), puso un veto, y lo dejó solo como observador de la comisión”, recordó Sofía Macher.

La declaración conjunta de los candidatos pone en evidencia que la Comisión de la Verdad no fue una exigencia de los “caviares”, sino una demanda de cuatro candidatos presidenciales, ninguno de ellos de izquierda.




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