La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, sin debate, el informe que propone la denuncia constitucional contra Jorge Luis Salas Arenas por supuestamente intervenir como juez supremo para lograr que Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, contratara a su ex asesor Pavel Cárdenas Peña. Hace dos días, se aprobó parcialmente el informe de evaluación contra Salas Arenas por presuntamente contratar de manera irregular a Fernando Tuesta. En cola también está la acusación presentada por el congresista Alejandro Cavero por la inscripción del partido de Antauro Humala.

La Sala Grau Seminario del Congreso, a donde fueron citados los 22 congresistas que integran la Subcomisión de Asuntos Constitucionales (SAC) a sesionar la mañana del viernes, lucía casi vacía. Pese a la importancia de los informes de denuncias constitucionales que estaban pendientes en la agenda, solo la presidenta de la SAC, Lady Camones, acudió de manera presencial a la citación. El resto, como ya es costumbre, solo sesionaron a través de la virtualidad. Algunos, solo hicieron acto de presencia votando por el chat de la plataforma.

Con la sala vacía, la congresista de Alianza Por el Progreso Lady Camones, presentó el informe de calificación sobre la denuncia constitucional 469, formulada por el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, contra el juez supremo y actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas; por la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo. La fiscalía lo denunció por supuestamente intervenir como juez supremo para lograr que Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, contratara a su exasesor Pavel Cárdenas Peña en el 2017.

Según la fiscalía, en el 2019 Walter Ríos, protagonista de los primeros audios del caso ‘Cuellos Blancos’, contó que a fines del 2017, en presencia de su secretaria, recibió una llamada telefónica de parte del entonces juez supremo de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, Jorge Salas Arenas. Ríos aseguró que Salas Arenas lo llamó con “tono inquisitivo” a pedirle que contratara a su ex asistente. “Yo entendí que era una orden, un mandato”, dijo a la fiscalía.

En su declaración ante el Ministerio Público, Pavel Cárdenas Peña dijo que suponía que habían llamado al juez Salas Arenas porque lo colocó como referencia de su último trabajo en su currículum.

“Bueno, llamaron al doctor porque en mi currículum puse referencia personal al doctor ... solo supongo que llamaron al doctor, porque yo lo tenía en mi referencia personal al doctor, como yo había trabajado con él”, declaró entonces.

Sin embargo, la fiscalía consideró como elementos de convicción las llamadas que tuvieron Walter Ríos y Pavel Cárdenas donde se mencionaba a Salas Arenas como la persona que habría recomendado a su ex asistente. En la denuncia se precisa, además, que el presidente del JNE “no niega la comunicación telefónica” y confirma que “lo llamó para decirle si había la posibilidad de contratar en suplencia, y referenció al señor Cárdenas Peña”. Ante ello decidió formular la denuncia constitucional contra Salas Arenas.

Sin debatir el fondo del informe, los congresistas de la SAC decidieron aprobarlo con 14 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Votaron a favor los parlamentarios Lady Camones, Jorge Montoya (RP), Eduardo Castillo Rivas (FP), Patricia Juárez (FP), Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Edith Julón (APP), Diego Bazán (RP), Norma Yarrow (Avanza País), Isaac Mita (PL), Segundo Montalvo (PL), José Cueto (RP), Francis Paredes Castro (PL), Kira Alcarraz (SP) y Jorge Coayla (PL). Los congresistas de Perú Libre Alex Paredes  y Elizabeth Medina votaron en contra.

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Esta no es la única acusación que recae sobre el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas. El miércoles 17 la SAC aprobó parcialmente el informe de evaluación que considera procedente enjuiciar a Salas Arenas por la presunta comisión del delito de colusión agravada, según lo establecido en el artículo 384 del Código Penal.

La subcomisión admitió el informe que acusa a Salas Arenas de haber contratado de manera irregular al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla como consultor. Asimismo, de haber designado al abogado Vicente Sánchez Villanueva como accesitario del exmagistrado Jorge Rodríguez Vélez.

Tuesta ha asegurado al respecto que esta acusación parte de un informe emitido por la Contraloría General de la República, el cual calificó de "erróneo" y que las personas encargadas de elaborar el documento "no han querido corregirlo".
En cola en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también está la acusación presentada por el congresista Alejandro Cavero contra Salas Arenas por haber permitido la inscripción del partido de Antauro Humala A.N.T.A.U.R.O.

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Cavero denuncia de exceso de formalismo al Jurado Nacional de Elecciones y considera que “La inscripción de la organización (…) implica la incorporación de un actor abiertamente antidemocrático y opuesto al orden constitucional. Al participar desde dentro del juego democrático y electoral, la organización busca socavar los fundamentos mismos de la democracia (…) con el objetivo de establecer un régimen autoritario”. El parlamentario señaló como “responsable político” al titular del JNE Salas “de admitir a un actor antidemocrático en el sistema electoral”.

Al respecto, Salas Arenas ha manifestado su preocupación ante el avance del Congreso en busca de reformar la Constitución con el fin de desestabilizar el equilibrio de poderes. Esto respecto al predictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso que busca modificar el artículo 99 de la Constitución para incorporar a los titulares del sistema electoral en el procedimiento de acusación constitucional.

"Están gestando una modificación constitucional que es anticonvencional (...) no puede haber injerencia política en el control, ni en el nombramiento ni en el cese de los jueces electorales", sostiene Jorge Salas Arenas, presidente del JNE.

La propuesta legislativa propone incluir a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) como pasibles de denuncias constitucionales. Es decir, que los titulares del ONPE, JNE y Reniec también sean investigados mediante el juicio y el antejuicio político. El polémico dictamen aún está pendiente de ser debatido en el Pleno.

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