El discurso amenazante de los grupos de extrema derecha contra el presidente del JNE va en aumento y ello obliga al magistrado a buscar medidas más efectivas ante el organismo internacional, pues, aún se siente vulnerable y desprotegido por inacción del Estado.

Luego de las recientes amenazas de muerte en su contra, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhorte al Estado peruano a adoptar “medidas provisionales” para proteger su integridad y la de su familia, pues, éstas son “más vinculantes”.

En el programa Réplica, de Epicentro Tv, Salas comentó que se siente “vulnerable y desprotegido” por el Estado, pues, no ha cumplido con las “medidas cautelares” a su favor recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado garantice el resguardo a su vida.

“Las amenazas han escalado a tal nivel que creo que es razonable que se dicte una medida de mayor intensidad para que se intente cumplir como corresponde”, señaló Salas.

El alto magistrado lamentó que en el Perú no se tenga claridad sobre la fuerza que tienen las medidas cautelares dictadas por la CIDH y que, por ello, éstas no se asuman como medidas jurisdiccionales. “En cambio, las medidas de la Corte IDH son irrefutablemente medidas jurisdiccionales, entonces, estamos solicitando que se haga efectivo aquello que se dispuso razonablemente”, señaló.

Los discursos amenazantes contra Salas Arenas han escalado sin que se ponga coto a los autores de los mismos. La semana pasada, el líder del grupo ultraderecha autodenominado “Los Combatientes”, Roger Ayachi, lanzó una amenaza de muerte contra el magistrado frente a la sede del JNE, en el centro de Lima, y luego a través de sus redes sociales. Aseguró, además, que su organización conseguía lo que se proponía y que contaban con el respaldo del Ministerio Público y del Congreso.

“¡Nuestra consigna es enviarlo [Salas Arenas] a la cárcel, o la muerte! ¡Nosotros, lo que nos proponemos, lo conseguimos, y lo vamos a conseguir con el apoyo de la Fiscalía, con el apoyo del Congreso!”, exclamó Roger Ayachi.

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La respuesta de la Fiscalía

La CIDH ha recomendado al Perú que se investiguen los actos de hostigamiento y las amenazas contra los titulares del Sistema Nacional Electoral —conformado por el JNE y por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)—, con el objetivo de establecer las acciones legales contra los que resulten responsables. Sin embargo, según Salas Arenas, ocho de las doce denuncias que él ha presentado este año han sido declaradas improcedentes por la Fiscalía.

“Ocho [denuncias han sido declaradas] improcedentes porque dicen que son actos de difamación, y la de amenaza de muerte [también declarada improcedente], porque dicen que son actos de libertad de expresión. Eso es inaudito. Se ha normalizado el ejercicio de la violencia y, ahora, hay derecho en el Perú de soltar, lanzar, propalar discursos de odio”, denunció Salas en Epicentro Tv.

Para Salas, hay una prensa como la que difamó en los años noventa –la “prensa chicha”– que ha degradado la educación de muchos peruanos, avalando la violencia hasta la actualidad. “Ha maleducado a la gente. Le ha hecho creer que pueden insultar, ofender y hasta amenazar de muerte sin ningún reparo y abiertamente. Esto no hace sino respaldar el autoritarismo”, cuestionó.

Salas precisó que su pedido ante los organismos internacionales busca defender el Sistema Nacional Electoral. “Cualquiera que sea el presidente o integrante del fuero electoral merecen desarrollar su trabajo libre de acosos y amenazas. No es un aferramiento del cargo, es exigir que se cumplan los dictados de una sociedad que se reclama democrática”, apuntó.

Desde inicios de este año, el Congreso —con aval del Tribunal Constitucional— busca modificar el artículo 99 de la Constitución para someter a juicio político a los jefes de los organismos electorales, infringiendo su autonomía. La CIDH ha rechazado esta medida, sin embargo, el peligro está latente.

“Aquí existe alguna suerte de coordinación entre quienes proponen que se extienda el artículo 99 de la Constitución y el brazo ejecutor, que cumple el rol de acosamiento. Aquí hay gente que hace prensa, televisión, medios virtuales (y) gente que sale a las calles”.

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