Por los casos Puente Tarata III, ascensos en las FFAA, Sunat y Sarratea.

La Comisión de Fiscalización del Congreso tiene listo su informe final sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por el presidente de la República, exfuncionarios de su gobierno y personas de su entorno más cercano. En el documento de 362 páginas se detallan las conclusiones a las que arribó este grupo de trabajo y que se centran en cuatro casos investigados: Puente Tarata III, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas, casa Sarratea, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SUNAT y el hallazgo de 20 mil dólares en oficinas del Despacho Presidencial.

Según la investigación de la Comisión de Fiscalización, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones lideraría una presunta organización criminal integrada por otras 18 personas, entre quienes destacan el prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; el también prófugo ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo; el empresario en prisión Zamir Villaverde García; la lobista Karelim López Arredondo; además de funcionarios, empresarios y familiares directos del presidente Castillo, como sus sobrinos prófugo Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Caso Puente Tarata III

Según el informe, “José Pedro Castillo Terrones con Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Juan Francisco Silva Villegas, Marco Antonio Zamir Villaverde García y Karelim López Arredondo estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de diversas empresas”.

Como pruebas, señala que existieron comunicaciones entre todos los involucrados durante el período de tiempo en que se realizaban las licitaciones en el MTC para determinar los resultados se los procesos de selección. Y añade que “está comprobado que los empresarios, dueños de las empresas que conformaron el Consorcio Puente Tarata, entregaron beneficios económicos al presidente de la república, por intermedio de Karelim Lisbeth López Arredondo.”

El informe también sostiene que está comprobada la participación delictiva de un grupo de congresistas de Acción Popular denominado “Los Niños” de Acción Popular, quienes coordinaban directamente con el presidente Castillo, el exministro Silva y empresarios a quienes se les adjudicaron obras.

En este caso, la comisión recomienda a la Comisión Permanente del Congreso formular acusación constitucional ante el Pleno del Congreso contra el presidente Pedro Castillo y el exministro Juan Silva Villegas por la presunta comisión del delito de organización criminal. También que se remita el resultado de estas indagaciones a la Fiscalía de la Nación para que promueva o continúe la investigación contra “Los Niños”.

Caso “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA)”

El informe concluye que “ha quedado probado que el ex ministro de defensa, Walter Ayala Gonzales, el ex secretario general del despacho presidencial Arnulfo Bruno Pacheco y el presidente de la república José Pedro Castillo Terrones, han realizado acciones de intervención en el proceso de ascensos de los altos mandos del Ejército del Perú, a fin de que oficiales allegados al ejecutivo sean beneficiados.”

Como pruebas destaca los mensajes de whatsapp a través de los que el presidente Castillo habría intervenido directamente en el proceso de ascensos para favorecer a oficiales allegados al Ejecutivo. Según las conclusiones de la investigación, existen indicios suficientes y razonables para concluir que a los oficiales a los que se pretendía beneficiar en el proceso de ascensos se les cobraban coimas y que los 20 mil dólares hallados en el baño de la oficina del exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, serían producto de dichos sobornos.

En este caso, la comisión recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. También propone acusar constitucionalmente por los mismos delitos al exministro de Defensa, Walter Ayala González.

Caso “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”

El informe destaca las contradicciones del exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, sobre el origen del dinero hallado en el baño de su oficina. Primero dijo que era producto de sus ahorros y luego que provenía de la venta de unos terrenos recibidos como herencia; pero en ningún caso pudo acreditar sus afirmaciones. Para la comisión, ese dinero es producto de las coimas que se cobraba a los oficiales de las FFAA para favorecerlos con ascensos.

En este caso, la comisión recomienda remitir el informe a la Fiscalía de la Nación para que se promueva o continúe la investigación preliminar contra Pacheco por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Caso “Injerencias ante el superintendente de SUNAT”

El informe concluye que “el ex Secretario General de Palacio de Gobierno, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, con la anuencia del presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, influyó, presionó e intimidó al Superintendente de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo con el objeto de beneficiar a la empresa Grupo Deltron S.A.” Además, la investigación encuentra responsabilidad en la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera Vásquez, quien “a través de sus relaciones amicales con Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y el presidente José Pedro Castillo Terrones, intercedió ilícitamente para favorecer intereses privados.”

En este caso, la comisión recomienda remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y por infracción a la Constitución.

Caso “Casa Sarratea y SBN”

El informe concluye que con sus reuniones en la casa del pasaje Sarratea, el presidente Pedro Castillo transgredió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que señala que todos los ciudadanos deben tener acceso a la información que se produce en sus entidades; la Ley 28024, que reglamenta y sanciona la gestión de intereses en la administración pública; y su reglamento, que indica que todos los servidores del Estado están obligados a mantener actualizado y accesible el registro de visitas y prohíbe que los funcionarios públicos atiendan actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional.

Según el documento, las reuniones que sostuvo el presidente en la casa del pasaje Sarratea con exministros, congresistas, funcionarios y empresarios tenían como propósito “planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal; hechos criminales que, a la fecha, vienen siendo materia de investigación fiscal tanto a nivel de las fiscalías especializadas como de la Fiscalía de la Nación en el caso del Presidente de la República como de los ex ministros Walter Ayala y Juan Silva Villegas.”

En este caso, la comisión recomienda formular acusación constitucional contra el presidente Castillo, los exministros Juan Silva Villegas y Juan Carrasco Millones, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

Hoy, desde las 3 de la tarde, la Comisión de Fiscalización debatirá el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo y a sus exministros Juan Silva Villegas, Walter Ayala González y Juan Carrasco Millones por diferentes delitos.