El Estado como compuesto unilateral
El señor Santiváñez ha sido designado ministro de Justicia pocos días antes de los allanamientos del caso Ícaro, de la confirmación de la autenticidad su voz en las conversaciones que sostuvo con el oficial Junior Izquierdo y de la revelación de sus aparentes relaciones de influencia con la jueza Enma Benavides, la hermana de la fiscal Patricia Benavides, recientemente repuesta en el cargo.
Esta acumulación de factores de sospecha debería ser suficiente para apartarlo del gobierno. Pero la salida de un ministro del Ejecutivo depende siempre del lugar en que se instalan los puntos límite que definen las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Y en el Perú de hoy esos puntos límite no existen.
La permanencia del señor Santiváñez en el gobierno se convierte en el mejor ejemplo de la forma en que el sistema de pesos y contrapesos está siendo sustituido entre nosotros por un esquema unilateral de influencias en el que las entidades constitucionales, buena parte de ellas, no se inclinan por defender sus autonomías sino por autoconfirmar los alcances de sus cuotas de poder e influencia exhibiendo la rigidez de sus acuerdos y encarando de manera frontal toda forma de disidencia. La estabilidad en este esquema no está construida en perspectiva a la construcción de algún futuro definido en término de principios, sino a la instalación y conservación de cuotas de poder distribuidas entre redes de influencia que a la vez intentan ocupar y fagocitar todos los espacios que pueden generar resistencias a los acuerdos que adoptan o promueven. En este esquema el reparto entre redes reemplaza el juego de lo político, que supone alternancia, diferenciación y construcción de equilibrios sostenibles.
La representación como norma de organización de lo político está siendo reemplazada por un esquema basado en la pura gestión de intereses que amenaza tomar el control de los espacios legales y judiciales, ya no solo de los parlamentarios.
Estamos ante la conversión del sistema político en un compuesto unilateral que se articula ocupando puestos y entidades completas y distribuyendo cuotas de poder entre promotores articulados por redes de influencia. Toda forma de disidencia basada en principios: separación y balance de poderes, autonomía, independencia, imparcialidad, igualdad, protección de derechos, prevención de arbitrariedades, protección a minorías, está siendo motejada como "progre" o "caviar" (las etiquetas más usadas) y tendencialmente asfixiada por un monstruo de pies pequeños que padece un enanismo que prefiere ignorar.
Los esquemas unilaterales con los que se quiere reemplazar la política son como mesas de una sola pata. Útiles como trompos. Inútiles para apoyar en ellas nada. Imposible sostenerlas en el tiempo sin que caigan. Cuando se les diseña se olvida que toda construcción es siempre la respuesta a una serie de dilemas sobre estética, estructuras y sostenibilidad. Los trompos no pueden girar eternamente y seguir siendo trompos. Los esquemas unilaterales no pueden sostenerse en el tiempo si no adoptan la forma definitiva de una dictadura. Y seguiré asumiendo que nosotros no queremos ser parte de una dictadura.
Creo, además, que tenemos claro lo que significa dejar el país librado a un Estado convertido en compuesto unilateral, un conjunto de espacios ocupados por redes de interés, mientras las economías ilegales se expanden sin control. La política adquiere siempre la forma del dinero que la sostiene. La forma que le quieren imprimir a la política las economías ilegales concurre a confirmar su adelgazamiento, su reemplazo directo por esquemas basados en la más abierta impunidad hacia sus propias prácticas, incluso las que incluyen formas abiertas de violencia.
Ser oposición en este momento representa defender los principios y la vigencia de reglas de derecho frente a la simple gestión de intereses. Ahí están los dos modelos en disputa: institucionalismos y gestión de intereses. El primero admite varias versiones, porque hay institucionalismos de centro, de derecha y de izquierda. Todos están muy lejos de lo que representan los señores Cerrón y Castillo; López Aliaga y Vizcarra o la señora Fujimori. Hoy mismo no están nucleados por un liderazgo visible. Son pura convergencia sin rostro propio. Y aun así han sido arrinconados en una pelea que entonces se vuelve colectiva, de dos bandos.
Los institucionalismos tienen entre nosotros la imagen de una minoría. Aunque, en verdad, se trata de varias minorías. Todas perdieron fuerza en la representación parlamentaria cuando el señor Vizcarra cerró el congreso en 2019. Al perderla dejaron libre el espacio vacío, disponible para las redes de influencia. El Congreso del 2020 y con más eficiencia el del 2021, han anulado las resistencias al capricho que podría ofrecer ahora mismo un Tribunal Constitucional que se hiciera cargo plenamente y de manera estable de su función de contrapeso; una Defensoría que sostuviera una misión que ahora ha perdido, o una JNJ que tuviera presente que fue creada para impregnar de confianza el sistema de elección de jueces y fiscales, no para entregar esos cargos en juegos de interés e intercambio.
En el Tribunal Constitucional hay personalidades que podrían sostener hasta dos formas alternas de institucionalismo. Pero como colectivo, el Tribunal se está conformando como una entidad atravesada por redes de influencia. Con excepciones, una entidad inclinada a confirmar la vigencia de la forma en que se quiere ejercer el poder desde el gobierno y la mayoría en el Congreso. Puede desmarcarse de ambas. Lo ha hecho en muy pocos casos. De hecho tiene un mandato más extenso en el tiempo que el que tiene la coalición que gobierna. Pero aún no le ha sacado punta a ese lápiz. No al menos de manera clara y definitiva.
De la JNJ queda decir poco. El comportamiento de su propia mayoría en el caso Benavides, sobre cuyas secuelas están volviendo ahora mismo, dibuja con absoluta precisión el papel que ha decidido jugar.
La Fiscalía y el Poder Judicial han mantenido, más de una vez, posiciones propias y en más de un caso se han mostrado como reservas institucionales sólidas, incluso considerando sus pasivos. Pero ambps están ahora expuestos a una venganza concretada en el reparto de cuotas definidas por el Presupuesto de la República para el 2026, que está por definirse. Y las fiscalías han anunciado problemas para completar el presupuesto para el 2025. La consigna parece clara: "Si quieres fondos, inclínate".
La demolición de las instituciones entró ya en su último año dibujando un objetivo anhelado por sus promotores: la reproducción de este esquema unilateral de reemplazo de la política en las elecciones del 2026.
Nos jugamos los espacios en la vía institucional en las elecciones que vienen. Aunque haya más de cuarenta organizaciones en la contienda, la cuestión real en disputa depende de un solo eje: ganan las elecciones quienes promueven un Estado convertido en ese compuesto unilateral en que se le intenta transformar, o recuperamos espacios para reinstalar procesos abiertos y equilibrados de toma de decisiones públicas sostenibles.
La desventaja de partida es visible en la cartilla electoral: Su fragmentación es ya un éxito de las redes de influencia. Oculta la disputa de fondo. Presenta las elecciones como un mercado persa, donde los candidatos solo pueden acceder al poder a través de pequeñas puertas del salón de reparto de ventajas. La malla reproduce la imagen de los institucionalismos como una minoría. Las elecciones no los hacen visibles.
Sin embargo, están ahí.
Voy a remarcar dos señales que definen su presencia.
La coalición que pretende ensamblar el Estado promueve una sociedad sin lectura; una sociedad que no construya ideas a partir de hechos, que no reconozca el peso de la evidencia. Una sociedad que solo repita consignas. Pero es la misma sociedad que se aglomera en la Feria del Libro de Lima, que se convierte cada año en uno de los eventos comerciales más concurridos del país. Es la misma sociedad que enarbola el día del orgullo gay como una de las celebraciones públicas más vibrantes del calendario. La sociedad de un sur andino y una Huamanga abiertos permanentemente a la protesta. La sociedad de una Amazonía que pugna por ocupar un espacio propio en la agenda pública.
Quiero confiar en la resiliencia de esa sociedad. En la formación aún embrionaria de sus propios códigos de comunicación política, tan distintos a los que reclamamos como si fueran indispensables. El problema de los institucionalismos, en medio de esta nueva transición, no es su agotamiento, sino su invisibilidad: Una invisibilidad que se arrastra desde el descalabro político que marcó las elecciones de 2020 y 2021.
El Estado unilateral que se ha formado en ese vacío no tiene cómo sostenerse.
Fichas dispersas de un rompecabezas que aún podemos armar.