Una fiscalía de Crimen Organizado del Callao debe decidir la suerte del exparlamentario de Podemos Perú y cabeza de lista de la candidatura de Daniel Urresti, José Luna Morales, luego de que en 2020 la exfiscal del caso “Cuellos blancos”, Sandra Castro, le abrió investigación en el proceso que fue conocido como “Los gángsters de la política”, pero la dejó en suspenso por su condición de congresista. Su defensa pide el archivo.
El fiscal del Cuarto Despacho de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao, Roger Saldaña Pineda, definirá en los próximos días la situación del candidato a la Teniente Alcaldía de Lima por Podemos Perú, José Luis Luna Morales, cuando resuelva si formaliza investigación contra él por el caso conocido anteriormente como “Los gángsters de la política” –hoy denominado, por orden judicial, “caso ONPE”–, o si la archiva.
El principal implicado en el caso es el padre de Luna Morales y actual parlamentario, José Luna Gálvez, sindicado como presunto líder de una organización que habría montado un esquema para lograr la inscripción irregular de su partido, Podemos Perú, con la complicidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuyo jefe, Adolfo Carlo Magno Castillo Meza, habría sido nombrado gracias a un acuerdo entre los Luna y tres magistrados del organismo encargado de su designación, el Consejo Nacional de la Magistratura, CNM.
Por ello, a Luna hijo, la exfiscal provincial del caso “Cuellos blancos”, Sandra Castro, le imputó haber conseguido que el CNM elija a Castillo Meza a través de contratos presuntamente simulados que firmó, en su condición de gerente general de la Universidad Telesup, para la compra que hizo esta ex casa de estudios de los derechos de autor de libros y otros escritos de dos de los consejeros de aquel tiempo, Guido Águila e Iván Noguera, a cambio de 1 millón 300 mil soles, en total.
Estos elementos, y declaraciones de colaboradores eficaces, llevaron a la fiscal Castro a considerar a José Luna hijo parte de la presunta organización criminal, tal como quedó plasmado en sus disposiciones números 4 y 10.
En esta última, emitida el 4 de noviembre de 2020, Sandra Castro le atribuyó a Luna Morales “ser miembro de la presunta organización criminal ‘Los gángsters de la política’, hijo del líder, habiendo participado en la elección del jefe de la ONPE, para lo cual tuvo a cargo la función de firmar los contratos simulados con la finalidad de comprar las voluntades de ex consejeros del CNM, y en el copamiento de la ONPE con personal de la Universidad Privada Telesup, del cual (sic) es el gerente general y, a su vez, perturbar la investigación tratando de ocultar evidencias que sirven para el esclarecimiento de la investigación”.
Pero, al mismo tiempo, en la misma disposición, Castro decidió suspender las investigaciones en su contra por su condición, en aquel momento, de congresista de la República.
“Respetando el marco jurídico constitucional y legal que regula la inmunidad parlamentaria, (se) concluye que no es posible iniciar proceso penal contra el investigado José Luis Luna Morales hasta que concluya su mandato parlamentario, inclusive, hasta un mes después de la conclusión, debiendo suspenderse el ejercicio de la acción penal”, señaló.
La situación de “suspensión” de la investigación lleva prácticamente dos años.
Ahora, el fiscal Roger Saldaña, quien asumió el caso tras la salida de Sandra Castro del equipo especial “Cuellos blancos”, resolverá si incorpora o no a Luna Morales en la carpeta fiscal, que ya está en etapa de formalización.
En la Disposición Fiscal Nº 4, del 16 de marzo del 2019, la fiscal Castro ofreció más detalles sobre la presunta participación de Luna hijo:
“Sería miembro de la organización criminal, hijo del líder, el mismo que tuvo a cargo la función de firmar los contratos simulados con la finalidad de comprar las voluntades de ex consejeros del CNM, así como copar la Oficina Nacional de Procesos Electorales con personal de la Universidad Privada Telesup, del cual es gerente general”.
“A su vez (sería responsable de) perturbar la investigación tratando de ocultar evidencias que sirven para el esclarecimiento de la investigación. Hechos que son corroborados por las delaciones del Colaborador Eficaz con código 2109/2018 y del Colaborador Eficaz con código 2301/2020, los contratos (copias simples, sin legalización) entre la Universidad Privada Telesup y los exconsejeros Guido César Aguila Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, así como el Parte Nº 033-2020-Dirnic PNP/Diviac/Depinesp Nº 01, en donde se evidencia que trabajadores de la Universidad Privada Telesup laboraron en la ONPE”, agregó.
Esos son los hechos.
Todo este asunto fue traído a colación el domingo último durante el debate electoral entre los candidatos a la Alcaldía de Lima, cuando el aspirante del partido Podemos Perú, Daniel Urresti, evitó responder una pregunta de la periodista Josefina Townsend sobre las investigaciones contra Luna Morales, su cabeza de lista de regidores y candidato a teniente alcalde.
En respuesta a ello, el martes pasado, en su cuenta de Twitter, el exparlamentario escribió que no tiene “ninguna investigación en curso”.
Su abogado, Mateo Castañeda Segovia, le dijo a Epicentro.TV que, “objetivamente y en este momento, no tiene proceso penal” y tampoco “investigación preparatoria”.
“Después de más de un año en que dejó de ser congresista, la Fiscalía tiene dificultades para definir su situación jurídica porque no existen elementos probatorios que lo vinculen con los hechos de la investigación, pues, no basta ser gerente general de la universidad”, señaló el defensor legal.
Por el contrario, fuentes de la Fiscalía sostuvieron que, pese a estar suspendida, la investigación ya fue abierta por la fiscal Castro. “No se tiene que abrir nuevamente”, señalaron, pues, en la Disposición 10, Luna Morales “es considerado como integrante de la presunta organización criminal”.
“El suspenso no implica que no esté investigado, significa que está pendiente de una decisión”, dijeron.
El actual fiscal del caso, Roger Saldaña, tomaría la decisión definitiva esta semana.
