Caen Agustín Lozano y "Los Galácticos" acusados de negociar derechos televisivos y otros graves delitos

El Presidente de la Federación Peruana de Fútbol y dirigentes del fútbol nacional fueron detenidos en el marco de una investigación fiscal por organización criminal, que les imputa haber negociado derechos de transmisión, haber solventado viajes al mundial de Qatar a personas ajenas a la Federación y haber entregado dinero "sin justificación ni rendición de cuentas" a clubes de fútbol.

Agustín Lozano Saavedra, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue detenido esta madrugada de manera preliminar junto con otros dirigentes del fútbol profesional del país por ser sindicado como líder de la presunta organización criminal "Los Galácticos", que se encuentra bajo investigación por el fiscal provincial de Crimen Organizado, Juan Alberto Orihuela Legonia. 

Uno de los hechos más graves que se le imputa es el de haber presuntamente negociado los derechos de transmisión televisiva de los partidos de la Liga 1 del fútbol profesional peruano, que entregó sin licitación a una empresa constituida en Chile denominada 1190 Sports. 

El fiscal superior coordinador de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, ha dicho que la evidencia contra Lozano - quien en principio estará detenido por quince días - y su presunta organización es "sólida" y "de calidad", y que podría implicar para el presidente de la FPF una eventual condena de veinte años de prisión. 

Según pudo conocer Epicentro Tv, el fiscal imputa a Lozano y compañía la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, falsedad genérica, negociación incompatible y patrocinio ilegal. 

Los hechos, además de los derechos televisivos, van desde el ocultamiento de la verdadera situación administrativa, económica y financiera de la FPF, hasta el uso beneficio propio y de terceros del patrimonio de la FPF con viajes a Qatar, la entrega de sumas de dinero de la Federación a clubes de fútbol y la realización de modificaciones al Reglamento de la Liga 1, entre los más importantes.

Al igual que Lozano, fueron detenidos Karen Madriotti, presidenta del CLub Cantolao; Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel, exsecretario de la FPF; Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes; Joel Raffo, presidente del club Sporting Cristal; Norma Alva, operadora de entradas; y Freddy Salazar Rondinel, contador de la Federación. 

El 5 de junio de 2024, el fiscal Orihuela Legonia emitió la Disposición de Precisión Fáctica, en la que consignó como presuntos integrantes de la organización liderada por Lozano a los siguientes directivos de la Federación en el período 2019-2021: 

Del mismo modo, estos directivos del período 2022-2025:

Según esta disposición, Lozano, en su condición de "líder" de la organización criminal, habría instrumentalizado su cargo de presidente de la FPF para ejercer "actos fraudulentos contra el patrimonio de la persona jurídica, siendo concretamente el control de los derechos televisivos y recursos económicos generados, correspondientes a la Liga 1 2023".

"Al respecto, tenemos que a través de la aprobación de la junta directiva, se estableció como derecho exclusivo de la Federación lo referente a los derechos televisivos -que, en un principio, se encontraban a cargo de los clubes de fútbol-; para ello se suscribió un contrato irregular y (el) establecimiento de (un) fideicomiso con la empresa 1190 Sports, siendo ésta la beneficiada y los representantes directos de la FPF", indica el fiscal en uno de los momentos claves de su disposición.

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Los hechos atribuidos

En el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, el fiscal Orihuela atribuye a los investigados los siguientes hechos delictivos:

1.- Derechos televisivos y provecho indebido del patrimonio de persona jurídica.

Según la Fiscalía, la Asamblea de Bases de la FPF nunca recibió información sobre los ingresos por los derechos televisivos. En el acto, relata cómo cambió el sistema contractual de la transmisión televisiva de los partidos.

El fiscal relata que desde hace veinte años la FPF cedió su titularidad a los clubes de fútbol para la televisación de los partidos, para que éstos suscribieran contratos con los operadores de televisión, y por cada contrato, la Federación recibía el 10% del dinero.

De acuerdo con ello, hasta agosto de 2022, aún existían cláusulas y contratos de preferencia de renovación firmados por los clubes. Pero, en ese mes, en Chile, la FPF convocó a un proceso de licitación para los derechos televisivos de los partidos de la Liga 1.

No se presentó nadie al proceso. Pese a ello, lejos de declarar desierta la convocatoria, la Fiscalía señala que la FPF "benefició" a la empresa 1190 Sports, constituida en Chile, que no se presentó a la licitación sino que envió una propuesta "por fuera".

De ese modo, según la disposición fiscal de junio pasado, "se estableció un modelo asociativo con vigencia corta, por cuanto 1190 Sports debía asumir la negociación de los derechos de televisión con las empresas televisivas y si esta empresa lograba éxito, los clubes profesionales de la primera división del fútbol peruano se beneficiaban, pero si no lograba conseguir beneficios, los clubes compartían la pérdida".

"Por ello, la presunta organización criminal ideó otro modo para tomar los derechos televisivos de los clubes de fútbol, siendo esta mediante un fideicomiso con retorno, administrado por un agente fiduciario, conformado por un Comité de Dirección, a cargo de 5 miembros designados por la Federación Peruana de Fútbol, y dos miembros designados por 1190 Sports", indica el documento.

La disposición también señala que Lozano "se ampararía en el estatuto del año 2019 de la FPF, el mismo que habría sido aprobado de manera irregular, concretamente los artículos 77 y 78".

En dichos artículos "consta que la FPF es propietaria original de todos los derechos que emanan de las competiciones de fútbol, asociación y de todas sus disciplinas y otros actos que se realizan en su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, el tiempo, el lugar o legislación. Estos derechos comprenden, entre otros, toda clase de derechos de orden económico, de grabación, reproducción y difusión audiovisual, derechos multimedia, derechos de marketing y promocionales y derechos inmateriales, como los emblemas y otros derechos que emanen del derecho de propiedad intelectual".

"Finalmente, esta imputación radica en que la presunta organización criminal enquistada en la FPF se habría beneficiado del patrimonio de dicha persona jurídica", señalando dos juntas directivas sucesivas, del 2019 al 2021 y del 2022 al 2025, ambas, presididas por Agustín Lozano", precisa la imputación fiscal.

Todo ello, según indica, con la finalidad de "controlar los medios televisivos y los recursos económicos generados por los derechos" de la Liga 1 2023.

Para ello, la pregunta organización desplegó las siguientes acciones:

i) limitación al derecho a la imagen y contratación de los clubes de fútbol profesional de primera división, para que los recursos económicos provenientes de los derechos de transmisión sean exclusivamente administrados por Lozano;

ii) ocultamiento tanto de los ingresos por los derechos televisivos como la situación económica real a la Asamblea de Bases;

iii) aprobación de los estatutos, artículos 77 y 78 y otros, de manera irregular;

iv) apropiación ilegal de los derechos de televisión de los clubes a través de la licitación desierta y el contrato de colaboración y el fideicomiso".

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Los otros hechos

Los demás hechos están de alguna manera vinculados al asunto de los derechos televisivos.  Por ejemplo, el ocultamiento de la verdadera situación administrativa, económica y financiera de la FPF, así como la entrega de datos falsos a los directivos.

No hubo auditorías, de acuerdo con la Fiscalía, sino "falseo de datos" entre los años 2019 y 2023. Desde que ganó la presidencia de la FPF, Lozano Saavedra no ha hecho entrega a los socios de los balances contables y financieros de la realidad societaria de la institución.

Asimismo, la Fiscalía advierte que la presunta organización liderada por Lozano habría hecho "uso en beneficio propio y de terceros del patrimonio de la FPF", solventando viajes a Qatar de personas ajenas a la Federación.

"Para el partido de repechaje Perú - Australia, que se jugó en Doha el 13 de junio de 2022, la FPF gastó 1 millón 800 mil dólares. Además del comando técnico, el equipo y directivos, viajaron cerca de 140 personas ajenas al seleccionado y a la FPF, como familiares, amistades y representantes de los clubes departamentales y del interior del país", indica la resolución fiscal.

Todo ello, pese a que ni Agustín Lozano ni su directiva tienen poderes inscritos en los Registros Públicos. "Por ende, no podían disponer del patrimonio de la FPF, siendo dicha junta inscrita recién el 26 de octubre de 2022", indica el fiscal.

Entregas de dinero a clubes

Otro hecho grave es la entrega de sumas de dinero de la FPF a los clubes de fútbol.

Según la disposición, se hizo entregas de dinero "sin justificación ni rendición de cuentas" y menos proporcionando información a las bases de la federación.

"Tenemos que en el año 2020 se usó indebidamente el patrimonio de la FPF, pues, se aprobó por la junta directiva otorgar el monto de S/ 250,000 a los clubes Carlos Stein, Club Social Cultura y Deportivo Llacuabamba, CLub Atlético Grau, y a todos los equipos de fútbol de la segunda profesional", se lee en el documento fiscal.

Añade que "no se estaría sometiendo tales actos a auditoría y se estaría proporcionando datos que no se ajustan a la realidad durante los años 2019, 2020, 2021, a efectos de ocultar dicha disponibilidad de dinero".

"Se tiene como hipótesis delictiva que se realizaron desembolsos de dinero a los clubes de fútbol profesional de primera, segunda división y las ligas departamentales, desde el año 2019 al 2023, con la finalidad de asegurar votos a la gestión de Agustín Lozano Saavedra, a cambio de beneficios, dádivas y hacer caso omiso a las presuntas irregularidades en el manejo de la FPF", dice el fiscal.

"En concreto - señala la Fiscalía - se habrían realizado aportes no justificados a los clubes de la Liga 1, Liga 2, así como a las Ligas Departamentales de Fútbol Peruano, en el cual se verifica diversos conceptos como los siguientes: "reembolso gasto Liga", "apoyo económico infraestructura", "reembolso gastos TAS", "reembolso gasto Liga 2", aporte infraestructura", "reembolso gasto reserva", "aporte 2018", "aporte 2019", "apoyo Liga 2 2022", entre otros".

La Fiscalía advierte que esto configuraría un "reparto indirecto de utilidades", pues, la FPF es una asociación civil sin fines de lucro y, por lo tanto, si tiene excedentes, éstos deben ser reinvertidos en la propia institución, no en sus miembros.

La detención de Lozano ha sido replicada por los principales medios deportivos del mundo. Al parecer, podría convertirse en una suerte de "FIFAGate" peruano.