El Ministerio Público pidió la detención del excomandante general de la Policía general retirado Javier Gallardo, otros 4 generales, un suboficial y dos empresarios implicados en la trama de los ascensos en la Policía. Querían protección para los investigados del entorno del Presidente, dinero a cambio de ascensos y ubicación de generales en puestos clave para beneficiar a empresarios contratistas.

La Fiscalía está convencida de que el plan del gobierno del expresidente Pedro Castillo para copar la Policía Nacional no solo era para hacer negocios y beneficiar a sus amigos sino para protegerse de la acción de la justicia. El documento del Poder Judicial que autoriza las detenciones preliminares, allanamientos y levantamiento del secreto de las comunicaciones de 5 oficiales de la Policía, incluido el excomandante general Javier Gallardo, un suboficial y dos empresarios, contiene los argumentos de la Fiscalía para incluirlos en la investigación por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de función policial y cohecho activo impropio en el ejercicio de la función policial. En resumen, beneficiarse económicamente durante el proceso de ascensos de oficiales.

Según el Ministerio Público, la organización criminal para el copamiento de la Policía y las Fuerzas Armadas estaba encabezada por Pedro Castillo, el exministro de Defensa Walter Ayala y el congresista Américo Gonza Castillo. Sobre estas tres personas no hay imputaciones directas en el documento fiscal pues por su rango son investigados en otra instancia del Ministerio Público.

Según la investigación, la primera fase del copamiento de la Policía fue la designación del general Javier Gallardo Mendoza como comandante general, un oficial que era “de su entera confianza y afines a sus intereses (lealtad, informar de todo si las cosas se ponían feas o les ordenaban prisión preventiva a Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, tenían que apoyarlos y no detenerlos)”.

En la segunda fase, dice el Ministerio Público, el plan fue lograr ascensos de coroneles y generales y recibir dinero a cambio de las promociones: “habría existido en dicho proceso ‘ascensos ilegales’ como consecuencia de reuniones informales donde se habrían entregado dinero  y promesas económicas en la cantidad de cuarenta mil dólares ($40.000) por cada uno de los interesados, tales como Max Henry García Esquivel, Luis Enrique Legua Egocheaga, Pedro Rodolfo Villanueva Nole, Nicasio, Zapata Suclupe, Manuel Jesus Rivera López, Enrique Antonio Goicochea Chunga, Fredy Aristo del Carpio León, Eginardo Diego Pérez Chávez y Edward Rando Espinosa López, que habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo realizando y/o formalizando ascensos ilegales”. Las órdenes de detención preliminar cobijan a cinco de los mencionados, los oficiales Gallardo, Legua, Villanueva, Zapata y Rivera.

Y la otra forma de captar dinero, según las investigaciones, era a través de la ubicación de los generales coludidos en puestos de gran responsabilidad para “controlar y direccionar distintas licitaciones públicas a favor de los empresarios Luis Angel Tuesta Ramón, Oscar Luis Monge Macarlupu y Patricia Adalí Sovero Niño. Los empresarios Tuesta y Monge también están incluidos en la orden de detención preliminar.

La Fiscalía detalla cómo funcionaba la presunta organización criminal y presenta un organigrama con dos niveles: el primero sería el operativo, conformado por el llamado gabinete en la sombra, brazo familiar, brazo congresal, brazo policial, brazo ministerial y de altos funcionarios, brazo lobbista, brazo de la secretaría general, brazo obstruccionista y brazo protector. El segundo nivel, el del órgano de ejecución, conformado por funcionarios nombrados por ellos y encargados de ejecutar sus órdenes.

Según esta estructura, Jorge Tarrillo, uno de los afectados con la medida de detención preliminar, fue designado como resguardo personal del presidente Castillo y “una vez desempeñándose como sombra del Presidente de la República, habría tenido una participación directa respecto al ascenso ilegal de generales de la PNP, toda vez que habría cumplido el rol de captar a coroneles aptos para el proceso de ascenso y entregarle la relación de los mismos a Arnulfo Bruno Pacheco, así como cobrar entre $20 mil y $50 mil por dichos ascensos ilegales”.

Tres pagos

A Oscar Monge Macarlupu y Luis Angel Tuesta el Ministerio Público les atribuye la captación de candidatos para el ascenso y la recolección de montos de $40 mil a cambio de dichos ascensos, así como haber sido beneficiados con licitaciones en las unidades a donde fueron asignados los generales que ascendieron gracias a la acción de esta organización criminal. La Fiscalía cuenta con testimonio de aspirantes a colaboradores eficaces y con información extraída de sus celulares, además de declaraciones que confirman al menos tres pagos de $40 mil dólares para asegurar los ascensos. La constatación de los pagos se ha hecho a partir de la declaración del entonces sub comandante general de la Policía, general Javier Bueno, miembro de la junta de Selección del Proceso de Selección 2021, quien advirtió irregularidades en el proceso, y del testimonio del aspirante a colaborador eficaz 005 de 2022, quien reconoce a Oscar Luis Monge Macarlupu y a Luis Angel Tuesta Ramón que habrían pedido el dinero para los ascensos de los coroneles Max Henry García Esquivel, Luis Enrique Legua Egocheaga y Pedro Rodolfo Villanueva Nole. García está detenido desde agosto pasado por el presunto cobro de cupos en Lambayeque y Legua y Villanueva fueron detenidos este lunes en cumplimiento de este pedido de prisión preliminar.

Los investigadores han documentado reuniones y eventos sociales en los que participaron los generales ascendidos y los empresarios encargados de la captación de “candidatos” para los ascensos y la recolección del dinero.

El Ministerio Público tiene el testimonio del aspirante a colaborador eficaz 003-2022 quien señala que en una visita que hizo el exministro de defensa Walter Ayala a Palacio de Gobierno coordinó con el entonces presidente Pedro Castillo y le ofreció dinero por los ascensos de los coroneles Nicasio Zapata Suclupe y Manuel Jesús Rivera López. “Walter Ayala sería el vendedor de influencias a cambio de una promesa de dinero -sujeto activo- y que el ahora investigado Nicasio Zapata Suclupe -cómplice- habría concertado con el vendedor de influencias y entregar el dinero para lograr su objetivo de ascender ilegalmente”. Además del ascenso, Zapata logró ser asignado a la región policial Tumbes. La mañana de este lunes fue detenido por un plazo de 10 días.

La situación del general Manuel Jesús Rivera López mantiene el mismo mecanismo: coordinación con Monge y Tuesta así como con el exministro Walter Ayala, pago, ascenso y asignación a una macrorregión policial, en este caso Tacna Moquegua. Rivera también fue detenido este lunes.

Sombra y Cajero

Otro de los cobijados con la medida de prisión preliminar por 10 días es el suboficial PNP Jorge Tarrillo Gálvez quien fue asignados a la protección del presidente Pedro Castillo y su familia y, según la investigación,  habría captado postulantes al grado de general de Armas “con la finalidad de interceder ante Gallardo Mendoza, comandante general de la PNP y presidente de la Junta Selectora del proceso de ascensos y entregado la ‘lista paralela’ por orden del jefe de estado para ser incluidos en la propuesta para el proceso de selección, a cambio de promesa económica”.

Según el aspirante a colaborador eficaz 003-2022, los coroneles “coordinaban los pagos conjuntamente con la sombra Jorge Tarrillo Gálvez sub oficial de la PNP, el era prácticamente el cajero del presidente, él era el primero y único sombra que tenía en un inicio (…) para que lo traiga a Palacio dispuso el general Gallardo que se cambien los requisitos para que no sean solo oficiales su seguridad como sombra sino también sean suboficiales (…) era recontra leal al presidente y le veía todos sus negocios”.

El mismo colaborador sostiene que Tarrillo Gálvez fue quien le entregó la lista con seis nombres de coroneles que debían ser ascendidos a generales, que fue enviada por el propio Presidente Castillo. “Bruno Pacheco le dijo, ‘hermano se la están llevando toda’ y él le dijo ‘no, todo es del jefe y son solo $20 mil por cada uno’. Pacheco le dijo ‘por ahí están hablando, la gente dice que están pidiendo 30, 40 y 50’ y Tarrillo le dijo ‘no, nada’ y Pacheco le dijo ‘cuidado, la gente está hablando de más’ al día siguiente le trajo el sobre con los 30 mil que Bruno no le aceptó”. No parece ser este un caso de honestidad sino de desconfianza con sus antiguos cómplices, pues dice el aspirante a colaborador que ese dinero era parte del agradecimiento por los ascensos, pero “Bruno pensaba que le querían hacer algo porque ya no lo veían igual y ya estaba la denuncia del general Vizcarra”, en referencia a las irregularidades en los ascensos en el Ejército.

Según este aspirante a colaborador eficaz, Bruno Pacheco le entregó directamente al general Javier Gallardo la lista enviada por Pedro Castillo y los ascensos y designaciones de generales en puestos clave se concretaron según el plan. Este hecho y otros elementos de convicción como las reuniones de Gallardo con los otros implicados en la trama delincuencial y los movimientos de dinero de los coroneles incluso con préstamos para completar los 40 mil dólares, le permiten al Ministerio Público imputarle al general Javier Gallardo la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio en ejercicio de la función policial. Sustenta el pedido de prisión preliminar en varios elementos, como el peligro de fuga pues registra varias direcciones y eso configura la falta de arraigo domiciliario, su situación de general retirado, las posibilidades que tiene de salir del país y la gravedad de los cargos que se le imputan. Similares consideraciones ha hecho el sexto juzgado de investigación preparatoria al autorizar las detenciones de las 8 personas implicadas en este caso.

Este caso seguirá avanzando y, seguramente, antes de que se cumpla el plazo de 10 días de prisión preliminar, el Ministerio Público pedirá un plazo mayor de prisión preventiva contra los investigados.

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