Zoraida Ávalos decapitada por el Congreso. Un punto de quiebre en la separación de poderes

Inhabilitada de la función pública por cinco años y acusada constitucionalmente por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales en las investigaciones en contra del expresidente Pedro Castillo. El Congreso la decapitó con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones. Zoraida Ávalos tendrá que dejar su cargo de fiscal suprema, pero ya ha anunciado que apelará la medida. Durante el proceso, la Junta de Fiscales Supremos no emitió ningún pronunciamiento en su apoyo. Desde diferentes ámbitos esta sanción del Congreso se considera una peligrosa intromisión a la autonomía del Ministerio Público que socava la separación de poderes.

Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre (salvo los votos disidentes de Alex Flores y Silvana Robles), Somos Perú y Acción Popular (salvo dos de ‘Los Niños’) votaron en bloque a favor de la sanción a la ahora ex fiscal suprema Zoraida Ávalos. Solo las bancadas de Cambio Democrático, Perú Democrático y algunos no agrupados no apoyaron la inhabilitación. Tanto en la votación para su inhabilitación como para denunciarla constitucionalmente, el comportamiento de las bancadas ha sido el mismo: aprobadas por 71 votos a favor.

Todo se inició con una denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País en contra de Zoraida Ávalos. El argumento de la congresista fue que Ávalos siendo fiscal de la Nación habría protegido al expresidente Pedro Castillo al no investigarlo como correspondía. La denuncia de Chirinos llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ésta recomendó acusar e inhabilitar a Ávalos; hoy el Pleno, casi en pleno, la ejecutó. Zoraida Ávalos, vía Twitter, ha anunciado que apelará la decisión.

En su defensa ante el Pleno, Ávalos insistió en que antes de ella ningún fiscal de la Nación había abierto investigación a presidentes en funciones. Le recordó a la exfiscal de la Nación y actual congresista de Avanza País Gladys Echaíz, que cuando ella ocupó el cargo archivó dos denuncias constitucionales en contra del expresidente Alan García, una de ellas por el caso Petroaudios. Paradójicamente, Gladys Echaíz no solo hizo suya la denuncia contra Ávalos sino que votó por la inhabilitación y la denuncia constitucional.

Ávalos incidió en que, tras 39 años sin tocar a un presidente en funciones, ella cambió la posición jurídica de la Fiscalía de la Nación abriendo una investigación al expresidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing, y dos investigaciones contra Pedro Castillo. Una por los ascensos irregulares en la Fuerzas Armadas y Policiales, y otra por el caso Puente Tarata. Es cierto que Ávalos rompió la tradición de no investigar formalmente a mandatarios en funciones, pero aplicó una fórmula más enunciativa que efectiva. Se pronunció, en ambos casos, diciendo que había indicios para investigar a los presidentes en funciones (algo que nunca había hecho el Ministerio Público), pero al mismo tiempo dejó en suspenso esas investigaciones hasta que terminaran su mandato. El Ministerio Público sí siguió investigando y acusando a otros coimputados en estos casos vinculados a presidentes en funciones.

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Epicentro TVDaniel Yovera

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es la institución encargada de ratificar o destituir a jueces y fiscales. El Congreso hoy ha usurpado las funciones de la JNJ. El Parlamento ha dinamitado la separación de poderes al inhabilitar por cinco años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, sancionándola por su criterio. Durante todo el proceso contra Ávalos, se sucedieron los rumores de una guerra intestina en la Junta de Fiscales Supremos. La propia Ávalos reconoció que estaba sola frente a la embestida del Congreso. Se sucedieron también las acusaciones cruzadas de negociados con congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación, impunidad a cambio de votos contra Ávalos. Nadie, hasta el momento, ha presentado ninguna evidencia que sustente esta grave denuncia.

Antes de las votaciones de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en estos términos: “La CIDH expresa su preocupación por acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia en el Perú. Hace un llamado a que se garantice el derecho de defensa y el debido proceso para que no se debilite la independencia judicial”. La CIDH se refirió no solo a la fiscal suprema Zoraida Ávalos sino también a las acusaciones constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

La denunciante Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, contraatacó así: “Ahora la CIDH se suma a la plancha de abogados de la señora Zoraida, vulnerando nuestra soberanía. Señores, ella también confabula con los de afuera”.

Primeras reacciones

Zoraida Ávalos considera que con su inhabilitación se ha perpetrado un atentado contra la democracia y anuncia que evalúa acudir a organismos internacionales.