Transparencia bajo amenaza: ¿qué implica ocultar las denuncias policiales?
El 25 de agosto, la Policía Nacional del Perú aprobó una resolución[1] que clasifica como información reservada toda la base de datos de denuncias policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal. Esta decisión no es un simple detalle administrativo, representa un retroceso grave en materia de transparencia, con efectos directos en la seguridad ciudadana y el control de la criminalidad.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.° 27806) establece que la información generada por el Estado debe ser pública, salvo excepciones específicas que afecten la intimidad personal y comprometan la seguridad nacional. Sin embargo, esta medida restringe el acceso a datos indispensables para el interés colectivo como conocer si un candidato electoral tiene denuncias por violencia, estafa o corrupción; evaluar si las denuncias por extorsión, sicariato o trata de personas están aumentando; o fiscalizar la eficacia policial frente al crimen organizado.
No se trata solo de un golpe a la rendición de cuentas, esta resolución limita nuestro derecho a estar informados sobre la violencia y la inseguridad que enfrentamos cotidianamente. Al reservar esta información, la PNP no solo administra denuncias, también controla el discurso sobre la criminalidad, decide qué delitos son visibles y cuáles permanecen en la sombra. En consecuencia, los ciudadanos perdemos nuestra capacidad de vigilancia, mientras el Estado concentra la narrativa de la seguridad en un contexto donde el avance de la delincuencia, el sicariato y la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país.
El sociólogo Loïc Wacquant advierte que cuando el Estado oculta o manipula información sobre criminalidad, se generan asimetrías de poder que favorecen la impunidad de élites y redes ilícitas[2]. El siguiente año enfrentamos un año electoral, y con este reglamento podríamos tener un escenario donde candidatos con denuncias se presenten sin que la ciudadanía lo sepa. Esta opacidad por tanto se podría traducir en blindaje político, en un escenario de creciente desconfianza y debilitamiento institucional, es decir la percepción de que el Estado protege a algunos y abandona a la mayoría.
La confianza ciudadana en las instituciones públicas se sostiene en la expectativa de transparencia, rendición de cuentas y previsibilidad. Cuando una institución clasifica como reservada información tan sensible y de evidente interés público, erosiona esa confianza y alimenta la percepción de un Estado capturado.
La criminalidad no se puede enfrentar a tientas, en la oscuridad. Las zonas grises que surgen cuando la ley formal existe pero la información es inaccesible generan vacíos de control que son aprovechados por redes criminales articuladas a economías ilícitas. Ocultar cifras y denuncias impide analizar cómo emergen nuevos miedos sociales, cómo se expanden fenómenos como la extorsión o el sicariato y cómo responden las poblaciones afectadas. En un país donde la extorsión y el sicariato se han convertido en delitos cotidianos y crecientes, negar el acceso a la información equivale a negar la realidad que enluta a miles de familias, comerciantes, empresarios, transportistas y ciudadanos en general.
En un escenario donde el Perú es el segundo productor mundial de hoja de coca y uno de los principales exportadores de oro ilegal, carecer de estadísticas oficiales claras, sin acceso ciudadano ni vigilancia periodística, solo refuerza la impunidad y debilita la democracia.
Clasificar como reservada la base de datos de denuncias no es un trámite técnico, es un acto político con profundas consecuencias sociales, económicas y criminológicas. La seguridad ciudadana requiere datos abiertos, transparencia, rendición de cuentas, evidencia pública del trabajo de las autoridades y un Estado dispuesto a responder ante la sociedad.
Ocultar la criminalidad no la elimina. Solo la desplaza a las sombras, donde la corrupción y el poder ilícito encuentran terreno fértil para seguir creciendo.
[1] https://www.gob.pe/institucion/pnp/normas-legales/7168544-009-2025-dirtic-pnp-sec-res
[2] Loïc Wacquant, Castigar a los pobres: El nuevo gobierno de la inseguridad social (Barcelona: Gedisa, 2009).