Muerte en la Amazonía

Si hay una palabra que define la suerte de los defensores del medio ambiente en el país es “impunidad”, y una segunda pero igual de indignante es “indiferencia”. Ambas, involucran al Estado y a sus autoridades en una inacción que espanta, porque los defensores enfrentan en gran desventaja el riesgo que significa defender la selva. El ejemplo más palpable es lo que ocurre en Madre de Dios, en donde el poder del crimen organizado ha crecido sin freno. Epicentro Tv estuvo en esa región para conocer qué han hecho la Fiscalía y el Poder Judicial por investigar y sancionar los más emblemáticos crímenes, y recoger testimonios dolorosos de los que aún están en la mira del sicariato al servicio de las organizaciones criminales. Este es un problema sin solución que el país y el poder político todavía no quieren ver.

El tramo 2 de la carretera Interoceánica Sur, que atraviesa durante 246 kilómetros el departamento de Madre de Dios, está asociado al capítulo de corrupción más grande de los últimos tiempos en el Perú: Lava Jato. Las primeras excavaciones para su construcción, en el año 2006, cambiaron el destino de este lugar.

La nueva carretera facilito la llegada de inmigrantes atraídos por una nueva fiebre del oro, potenciada por la maquinaria llevada por los dueños del naciente negocio. Entonces, surgió La Pampa, una zona hoy tomada por la minería ilegal, la prostitución y el crimen, y empieza la destrucción del bosque, que, poco después, fue reemplazado por esta mancha ocre de tono muerte que le da al lugar un color acorde a la explotación y la ilegalidad.

En su búsqueda de más oro, los ilegales iniciaron la búsqueda de nuevas tierras y avanzaron hacia las áreas nacionales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, y hacia las concesiones forestales. Los que se opusieron, han amenazados o han acabado muertos. Ellos o sus familias.

Ocurrió con el defensor ambiental Demetrio Pacheco Estaca.

- ¿Cuál es el móvil del asesinato de su hijo?

Sencillamente por quererse apropiar de la concesión forestal, que no les pertenece.

Desde abril de 2020, veintidós defensores ambientales han sido asesinados en la Amazonía peruana. Cinco crímenes ocurrieron en Madre de Dios.

De ellos, tres fueron ultimados antes de que el Estado le ponga atención a esta creciente amenaza, y dos, durante la pandemia del covid-19. Los que aún viven, están en la mira de mafias vinculadas a la minería ilegal, la destrucción de bosques y el tráfico de tierras, y sienten que el Estado es incapaz de protegerlos.

Pero en Madre de Dios, los defensores ambientales no creen en el mecanismo del gobierno para darles protección, y menos en la justicia para castigar a los asesinos. Es el descrédito del Estado.

-¿Usted siente que el Estado los protege?

(…) En dos oportunidades, he solicitado la presencia policial para mi resguardo, pero llegaron después de que yo ya había programado entrar aquí. No vinieron.

Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión Reserva Nacional Tambopata, comenta lo siguiente:

"La decisión que hemos tomado nosotros es enfrentar a esos monstruos, como sea. Por eso es que, en realidad, las amenazas son diarias, son constantes".

Las mafias que controlan La Pampa y otras zonas liberadas ahora tienen la capacidad suficiente para responder cuando la Policía llega con la idea de implantar el orden. Los últimos sucesos en el lugar así lo confirman. Es el poder del oro ilegal. Un poder que se ha expandido de manera peligrosa e impune.

El crimen de Roberto Pacheco Villanueva

En el kilómetro 74 de la carretera Interoceánica Sur hay un desvío que conduce a este bosque, que es parte de una extensa concesión forestal de 841 hectáreas.

El 10 de setiembre de 2020, en este punto, alejado cuatro kilómetros de la carretera, cuatro sicarios esperan escondidos en la espesa vegetación al defensor ambiental Roberto Pacheco Villanueva, de 34 años, quien regresa en motocarro de su recorrido por la concesión forestal cuyo titular es su padre. Lo acompaña un trabajador suyo, Evinson Noa Noteno, que se le ha adelantado varios metros.

Cuando Noa Noteno pasa por el sendero, uno de los sicarios, de pantalón jean rasgado, lo golpea en la cabeza con su arma y lo reduce. Le arrebatan su celular, lo atan y lo ocultan en la vegetación.

Pacheco ignora lo que ocurre adelante y sigue su camino. Los sicarios lo esperan, lo interceptan y le disparan cuatro balazos. Huyen y llegan a la vía Interoceánica, donde un auto los espera. Desaparecen.

Evinson Noa, el trabajador, logra desatarse y corre aterrorizado. No le contará a nadie lo que ha pasado hasta el día siguiente.

Atrás, el cuerpo de Roberto Pacheco yace en medio del bosque. La policía y el fiscal llegarán 36 horas después a levantar el cadáver, parcialmente dañado por el calor y los animales.

Cuatro horas después del crimen, a 80 kilómetros de allí, en un operativo frente a un grifo de la periferia de la ciudad, la policía detiene un auto en el que van cuatro personas: tres peruanos y un extranjero.

En el asiento posterior la policía encuentra dos celulares que –según se sabría después– son robados, y un tercero, sin chip, que extrañamente nadie admite como suyo; en la maletera, un revólver y seis balas.

El extranjero detenido había salido recientemente de prisión. Estuvo recluido por robo a mano armada con este revólver que le incautó la policía… Pronto saldría en libertad bajo reglas de conducta. Tenía, pese a su juventud, historial, recorrido y presuntos vínculos de otro nivel. El día de la intervención, tiene puesto un pantalón jean rasgado y camina con dificultad. Su nombre, Junior Ortega Rodríguez.

Pero el operativo es rutinario y los cuatro sujetos son liberados… Los policías ignoran que otra unidad policial, la División de Investigación de Alta Complejidad, Diviac, lleva semanas interviniendo las comunicaciones de dos de los detenidos, por presuntos nexos con una organización más grande.

De las llamadas interceptadas, a la Diviac le llaman la atención unos diálogos que empezaron en la quincena de agosto. Parecen coordinaciones en clave para ejecutar un crimen. Hablan de un tal “Junior”.

-“Brandon”: ¿Qué fue del Junior? ¿Salió o todavía?

-“Barbas”: Salió.

-“Brandon”: Tengo una chambita para él, especialmente para él.

-“Barbas”: Que, ¿pa´l gatillo? ¿Quieres tumbar a un gil?

-“Brandon”: Ajá.

El fiscal de Madre de Dios, Jesús Viza Ccalla, ya se encuentra trabajando en el asesinato de Roberto Pacheco, cuando una información llega a su despacho: el tercer celular encontrado en el vehículo de los sospechosos es el que le fue arrebatado, en la escena del crimen, al trabajador Evinson Noa Noteno.

Días después, recibe de la Diviac otra evidencia clave. Un CD con 77 llamadas interceptadas, en las que tres sujetos realizan supuestos acuerdos para matar a alguien por encargo de un tal “Hilario”.

Para el fiscal, es claro que el blanco era Pacheco. Tres semanas después del crimen, los sospechosos habían sido plenamente identificados: Leonidas Mujica Mayorga, Marwin Brandon Pinche Bautista, Rolando Becerra Raime y Junior Ortega Rodríguez. Eran los mismos del auto intervenido. A la lista se sumó uno más: Hilario Mamani Churata, sindicado como el que dio la orden de la muerte. Su nombre aparecía en las denuncias hechas por el padre de Roberto Pacheco tiempo atrás por la invasión de su concesión.

Todos son detenidos a inicios de octubre de ese año y presentados públicamente con chaleco de la Diviac. El caso es delicado.

El fiscal Viza pide prisión preventiva para todos. Una semana después, tras veinte horas de audiencias, el juez Tony Quispe Yanqui, del juzgado de Laberinto, distrito de Puerto Maldonado, los libera.

Demetrio Pacheco y la indiferencia de la Fiscalía

Epicentro Tv se internó con Demetrio Pacheco Estaca en el lugar de la selva en donde fue acribillado su hijo, Roberto Pacheco. Caminamos con él cuatro kilómetros por el bosque agreste, desde el kilómetro 74 de la carretera Interoceánica hasta casi el inicio de su concesión de 841 hectáreas.

"En esa posición… Y se nota por aquí más o menos (se toca la nuca) donde le habían puesto la bala, y por acá también otra (se toca la parte izquierda de la bala)".

"Sacaron las hojas y ahí estaba todavía la sangre, negro, negro, negro. Sacaron esa tierra, la juntaron y se la llevaron, para los análisis, seguramente. Tomó su tiempo, vino el fiscal, el médico legista, me imagino, y la policía. Acordonaron todo esto, como usted está viendo, con cinta amarilla".

Si el caso sigue abierto, es por la persistencia de Demetrio Pacheco. Recientemente logró que la investigación fuera derivada a una de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, con sede en Lima, creadas como parte del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos aprobado por el Poder Ejecutivo mediante un decreto supremo, para investigar estos crímenes. Pacheco también está en la mira de las mafias.

- ¿Por qué necesitaban asesinar a su hijo?

Porque era el que constantemente estaba dentro de la concesión realizando trabajos de aprovechamiento de aguaje, palmeras, y cuando tuve la autorización de aprovechar madera, igual. Yo ya confiaba en él, mi brazo derecho.

-Era el más activo.

El más activo, identificado con el bosque, con el buen manejo sostenible del bosque.

-O sea, era un obstáculo para las asociaciones.

Naturalmente, porque constantemente estaba vigilando, iba, inclusive les alcanzaba copias: “oye, no se metan, mira a lo que se están ateniendo”. Me decía: “les he alcanzado copias”. Bueno, si a pesar de eso, ellos persisten…

Pacheco no tiene ninguna duda del móvil del crimen y de quién ordenó la muerte de su hijo.

El tal Hilario Mamani Churata.

-¿Quién es él?

Él es uno de los que ha sido identificado como autores intelectuales de este crimen.

Él es vicepresidente de esa Asociación de Agricultores Ecológicos Hijos de Madre de Dios. Como directivo, él es el que planificaba, con el tal Crisólogo Mujica Mayorga.

Las denuncias de Pacheco contra dos asociaciones de agricultores y contra Hilario Mamani empezaron el 2012. Los acusa de talar ilegalmente árboles de su concesión y luego quemarlos para instalar sembríos, con la esperanza de lograr, posteriormente, que el gobierno regional les otorgue títulos como predios agrícolas. Pese a que Ley Forestal y de Fauna Silvestre lo prohíbe y, más bien, protege los derechos de los concesionarios, los ilegales los amenazan y siguen en su avance, a vista y paciencia de las autoridades.

Ahí están los informes técnicos fundamentados que no cuentan con autorización, no cuentan con título de propiedad para realizar esa actividad. Mas, por el contrario, dicen que estarían realizando esa actividad ilícitamente dentro de una concesión forestal, no solamente la mía sino del vecino, colindante conmigo, igual estaban realizando esa actividad, para lo cual, ¿qué han hecho estos? Se han parcelado las concesiones, y ahí están los mapas con coordenadas, todo. ¿Quién les ha atribuido esas coordenadas? Ellos nomás.

Pese a diez años de denuncias, la respuesta de las autoridades siempre ha sido tardía.

Denuncié yo en agosto 2012, pero la constatación, de parte de la autoridad administrativa, se hizo el 20 de octubre del 2012, la constatación fiscal se hizo al año siguiente, previa queja a la fiscal superior Lima, sino, tampoco le hubiera dado la gana (…) Cuando vinieron ya la madera la habían retirado, y constataron esto al otro lado.

-¿Un año después qué pudo constatar la Fiscalía?

Más destrucción del bosque, se había incrementado todo esto, hasta el lindero, y de ahí hacia el fondo.

Un año. Eso es lo que tardó en reaccionar la Fiscalía de Delitos Ambientales de Madre de Dios.

Guimo Loaiza Muñoz, responsable de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios comenta lo siguiente: "Esa situación es la que genera que los ilegales, las personas que se dedican a las actividades ilegales, tengan cierta libertad, cierto espacio de acción. Porque, si fuera una respuesta inmediata, pues, no tendrían ese espacio para operar, para articular entre ellos".

La indiferencia de la Fiscalía Ambiental en Madre de Dios ante las denuncias de Pacheco les dio, a los ilegales, sensación de carta blanca e impunidad. Dos fiscales que recibieron sus denuncias no ordenaron diligencias. Después, por denuncias de corrupción ajenas al caso Pacheco, fueron separados de la Fiscalía.

En cambio, cuando Pacheco ha sido denunciado por los seudo agricultores que ingresaron a su concesión, la respuesta de la Fiscalía sí ha sido rápida.

Fue el caso de la fiscal Zoila Rodulfo Castillo, que acudió rauda a constatar una falsa denuncia en su contra por tala ilegal. Hoy, esta fiscal y su adjunta son prófugas de la justicia por sus presuntos nexos con la organización criminal “Los hostiles de la Amazonía”, un megacaso de lavado de madera en Madre de Dios.

Eso, en la Fiscalía. En el Poder Judicial, la cosa no es distinta. Pacheco pidió medidas cautelares para detener la actividad de las dos asociaciones de seudoagricultores. Tampoco tuvo respuesta.

En el 2017, la crema y nata de los jueces del Perú, incluidos algunos “Cuellos Blancos”, llegó a Puerto Maldonado para el Congreso Internacional sobre Justicia Ambiental. Grandes discursos y buenas intenciones. Pero, nada que ayudara a los Pacheco. Más bien, ese año fue muy alarmante para ellos.

Roberto recibió una paliza y amenazas con arma y machete de los invasores. Otro día, lo encañonaron en la boca, y, finalmente, una bala apareció en la casa de Demetrio.

La pobre diligencia de las autoridades obligó a Pacheco a insistir. Un día, Roberto se encontró cara a cara con Hilario Mamani, el hombre que más adelante sería señalado como el autor intelectual de su asesinato. El momento quedó grabado.

Demetrio Pacheco asegura que Hilario Mamani tenía razones para sacarse de encima a su hijo. El 8 de setiembre de 2020, dos días antes del crimen, la Diviac captó otro diálogo. Uno de los sospechosos, que según la Fiscalía es Leonidas Mujica Mayorga, hablaba de los supuestos apuros que ya tenía de “Hilario”.

-“Mujica”: Hilario está que me vuelve loco, compañero. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo hacemos? Pa’ mañana será pe’, ón. Mañana hay que ir.

-“Brandon”: Sí, pues, mucha huevada con esa huevada, quiero deshacerme de eso.

-“Mujica”: Ya, está recontra regalado. Hoy, más bien, ¿a qué hora podemos encontrarnos? Ahorita Hilario me está esperando en la calle, Hilario.

-“Brandon”: Ya, tío, vamos mañana, ya son huevadas, mañana vamos, ya quiero deshacerme de esa huevada.

Eso fue dos días antes del crimen. En otro audio, “Brandon” y un tal “Barbas” hablan del dinero que pagará el interesado en matar a Pacheco: 5 mil soles. Eso vale la vida de un defensor ambiental.

-“Brandon”: Es así, al toque, en una nomás. Pam, pam, pam, y toma tus 5 lucas.

-“Barbas”: Ya pe’.

-“Brandon”: 5 luquitas, está botado.

-“Barbas”: Ya.

-“Brandon”: El tío me ha dicho, cholo, que puede dar un poquito más.

(…)

-“Brandon”: Vas a conocer ahí gente, poco a poco, gente que, si tienes un chongo así, ta’, pa’ librarla ón.

-“Barbas”: Ah, ya, son de peso.

-“Brandon”: Sí, pues, son de peso, son los que me han ayudado a salir cuando estaba en cana pe’. Yo iba a salir en el 21.

Epicentro Tv buscó en Puerto Maldonado a los abogados de Hilario Mamani y de Leonidas Mayorga, los principales investigados por la ejecución del defensor ambiental.

El abogado de Mamani, Elthon John Sánchez Luna, no se encontraba en su oficina. Lo llamamos y le dejamos mensajes. Volvimos más tarde. Ni en ese momento, ni después, nos devolvió las llamadas.

La defensa de Mayorga, Mauro Betancourt Palomino, nos pidió volver después. Así lo hicimos. Al regreso, se excusó de declarar alegando razones de reserva de la investigación.

-Si no se hubiese demorado la constatación un año, quizá no hubiese muerto asesinado el hijo de Demetrio Pacheco.

Guimo Loaiza Muñoz, responsable de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios responde lo siguiente: "Consideramos que sí, porque al haber realizado, al haberse tenido en ese momento la respuesta inmediata del Ministerio Público, cuando estaban ingresando, este grupo no se habría establecido en esa zona, porque, al haberse establecido, definitivamente ya era una amenaza para la familia del señor Pacheco".

La amenaza no ha terminado para Demetrio, el padre de Roberto. No se siente seguro cuando camina por la espesura de la selva porque advierte que han vuelto y que están cerca.

No menos de cuatro personas, porque ahí las evidencias, las viandas que han comido, y de ahí las han botado a la basura. Entonces, veo que están reingresando nuevamente a retomar estas áreas que anteriormente han depredado, han deforestado. Como usted ve allá, ya están prácticamente en bosque secundario, de recomposición del bosque, que ha sido depredado el bosque.

-O sea, están por acá, cerca.

Parece que han cruzado hacia el otro lado porque no hay evidencias de que hayan entrado al interior. Probablemente más adelante, vamos a ver.

-¿Pueden estar cerca?

Sí. Entonces, continuamos…

Ahora es cuando el caso de Demetrio Pacheco vuelve a poner a prueba al Estado y su capacidad para proteger su vida, pero de verdad.

-¿Usted siente que el Estado los protege?

Bueno, mire, si fuera así, yo, en dos oportunidades, he solicitado la presencia policial para mi resguardo, pero llegaron después de que yo ya había programado entrar aquí. No vinieron, en ninguna de las dos que he solicitado.

Es tal la impunidad con la que actúan los victimarios y el peligro que corren quienes defienden sus concesiones, que las identidades de éstos deben ser protegidas.

Este hombre, por ejemplo, es titular de una concesión forestal de 200 hectáreas próxima a la peligrosa La Pampa. Su historia pudo ser como la de Demetrio Pacheco. Él y su hijo están en la mira de las mafias.

En el 2011, unos bandidos entraron a su concesión. Un sobrino suyo, que hacía servicio militar, pensó que podía enfrentarlos y decidió ir con la Fiscalía en una inspección como agente encubierto, pero fue reconocido y después asesinado.

-¿Quiénes son los invasores? ¿Están identificados?

Son mineros ilegales, pues, comenta un concesionario forestal anónimo.

-Ah, son mineros ilegales.

Ellos y los seudoagricultores que le digo. Ellos entran, tumban, plantan su plátano, su copazú, sus cítricos, mejoran el área, 4 ó 5 hectáreas, y lo venden. ¿A cómo venden? A 50 mil, 60 mil, 80 mil.

Los ilegales actúan con tal impunidad porque confían en que el gobierno regional titule las tierras que han invadido. Ningún concesionario está a salvo.

-Pero esa tierra no se puede vender, es del Estado.

Claro, la ley dice así, pero ellos no piensan eso. Y nadie interviene. Hay denuncias y hay reclamos de todo. Hace poco a mi compañero le han agredido de todo por defender. No tenemos la justicia. Nuestras autoridades no actúan de una manera drástica.

Los asesinos de su sobrino siguen libres. A inicios de este año presentó otra denuncia por la incursión ilegal de seudoagricultores a su bosque. Ocho meses después, la Fiscalía aún no hace la constatación.

En el 2011 presentó otras tres denuncias ante la Fiscalía Ambiental. Solo por una de ellas un fiscal ordenó diligencias y le pidió a la Policía una intervención policial. Los policías le pidieron acompañarlos. Su hijo, de 16 años, le dijo: “iré yo”. Allí empezó su calvario.

Ese día han reventado catorce motores, juntamente con mi hijo.

Y al siguiente (día), en la mañana, la señorita enfermera de la posta va apareciendo en mi casa y me dice “para matarlo, hay dos gordos con su revólver en la cintura, y no conocen a tu hijo, pero están averiguando dónde vive, quién es él, cómo se llama. ‘Su hijo, están preguntando”. Así. Entonces, con eso, a mi hijo lo he agarrado y me lo he llevado para Santa Rita.

Él y su familia tenían que dormir en el bosque, en escondites, en cualquier lugar; menos en su casa.

No podía ni cómo protegerlo. Le dije a mi hijo: “hijo, imposible que vayas a estudiar así, yo no quiero perderte”, porque es el único hijo varón. Entonces, “vete al cuartel”, le digo, “vamos hoy mismo para Cusco y te vas a entrar al cuartel y aprenderás algo”. Él me dice “ya, papá, mejor que sea así, un poco voy a aprender a ser hombre, pues”, me dice. Agarramos el bus y nos fuimos a Cusco.

Hoy, su hijo tiene 19 años. Quería estudiar Administración de Empresas, pero vivir bajo amenaza se lo impidió.

Bueno, ha salido preparado para la guerra, pero para su vida no ha conseguido nada. Simplemente, se va a quedar como agricultor, como su papá.

Su hija menor quería ser abogada y se trasladó a Puerto Maldonado para prepararse en una academia. Ingresó a la universidad. Un día recibió una llamada de un desconocido que le aseguraba llevarle un encargo de su padre. A tiempo, advirtieron que era una farsa para atacarla. Retiró a su hija de la universidad y la trasladó por un tiempo a otra región.

En esos casos, vivir, señor mío, es difícil, es un miedo, piensas que mañana te van a matar, es triste, y así estamos viviendo. Cada momento, amenazas, un montón de veces. Han venido a mi casa, por la carretera han pasado gritando: “¡mañana, pasado, te voy a desaparecer, que ambientalista, que tú eres, que tal cual!”. Y así…

Muy cerca de La Pampa, el 20 de marzo de 2022, ocurrió el último crimen conocido. Dos sicarios acabaron con la vida de Juan Julio Fernández Hancco, hermano del defensor ambiental y teniente gobernador del poblado de Nueva Arequipa, Germán Fernández. Este hombre bajo anonimato cuenta lo que ocurrió.

Hace, si mal no recuerdo, creo que un par de meses o un mes, creo, mi hermano había venido a poner una denuncia de que habían invadido su concesión de reforestación, y vino a poner de conocimiento tanto a la oficina forestal como a la Fiscalía.

-¿Qué había denunciado?

Que ya estaban los mineros ilegales invadiendo su terreno, había como tres o cuatro dragas, estaban ya invadiendo.

El modus operandi de los ilegales es similar al que padeció Demetrio Pacheco, y la respuesta de las autoridades, también.

O sea, el modus operandi de los señores es lo siguiente: ven un sitio, un predio agrícola o una concesión de reforestación, o una concesión forestal, se enteran que hay oro y lo primero que hacen es averiguar, venir a las oficinas de aquí en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, y preguntar de quién es el terreno.

Entonces, averiguaron de quién era el terreno, primero fueron a las oficinas de Osinfor, luego, a la oficina Forestal, a la oficina de Agricultura, y todos los señores les dieron la información.

En La Pampa, no hay Estado. En La Pampa, no hay ley. Y los sicarios lo saben.

Todo el sector de La Pampa los conoce, porque ellos son asesinos, pues, son sicarios que se ensañan con la gente de La Pampa.

Pero los defensores ambientales que viven cerca de la ciudad de Puerto Maldonado tampoco están seguros.

El activista Víctor Zambrano Gonzales, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, nunca ha dejado de denunciar públicamente el avance de las mafias y los riesgos que supone enfrentarse a ellas, y por ello, lo han puesto en la mira.

Estaba por entrar, bajé de mi carro, abrí, estaba abriendo la puerta y un par de personas se estacionaron al costado. Yo ni cuenta me había dado, como soy medio sordito. En realidad, estaban con dos armas con silenciador, apuntándome. Dios quiso que una vecina de la comunidad nuestra apareciera y apareció gritando. Se levantaron ellos y siguieron caminando. Ella pasó la voz al centro poblado, del centro poblado comenzaron a perseguirlos.

Al poco rato, después de casi una hora, apareció la policía. Para decirme lo mismo: “¿usted tiene garantías?”, “sí, tengo garantías”; “hay que tener cuidado”, “sí, ya lo sé”, le digo. ¿De qué sirve ese papel, amigo? ¿Ese papel va a resistir las balas? No. Aquí vivimos una realidad cruda y eso lo vamos a seguir sufriendo. Pero eso no nos va a arredrar a que nosotros no sigamos en nuestra tarea que tenemos como defensores ambientales.

Pese a la promesa del presidente Pedro Castillo de proteger a los defensores del medioambiente, en Madre de Dios el Estado sigue actuando lerdo y confundido.

En la capital, muy lejos del peligro, el gobierno peruano no insiste en el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que obliga a los Estados parte a defender con acciones reales y efectivas la vida de los defensores. El Congreso, que es el que debe ratificarlo, no quiere saber nada del asunto. El crimen organizado avanza en la Amazonía, pero Ejecutivo y Legislativo voltean la mirada. El ministro de Justicia, Félix Chero, dijo para este reportaje que insistirán con la firma de Escazú.

Félix Chero, ministro de Justicia, sostiene lo siguiente: "Como iniciativa legislativa del sector, nosotros podemos volver a presentar el proyecto. En la próxima reunión vamos a abordar este tema, vamos a volver a presentar el proyecto porque es una iniciativa o instrumento que nos ayude a mejorar el mecanismo de protección. Este es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para eso estamos".

En abril del 2021 el gobierno de Francisco Sagasti creó con decreto supremo el mecanismo intersectorial para proteger la vida de los defensores ambientales. El gobierno de Pedro Castillo le asignó un presupuesto anual de S/. 250,000.

Eso es lo que invierte el gobierno nacional para proteger la vida de los defensores del medio ambiente. Mientras tanto, las mafias invierten millones para blindar sus negocios ilícitos.

Por eso, la sensación de desprotección e impunidad está instalada en Madre de Dios, una región en donde se hostiga, se amenaza, se criminaliza y se asesina a los defensores de los bosques; y, en cambio, se libera a sospechosos de crímenes que tienen nombre y rostro, y se les deja operar impunemente.

Pero, también, una región en donde la ciudadanía parece mostrar indiferencia frente a su destino. En las últimas elecciones regionales y municipales, más del 31% de los electores de Madre de Dios volvieron a elegir como su gobernador a Luis Otsuka, un dirigente minero que en su primera gestión al frente del gobierno regional trabó el proceso de formalización minera impulsada por el gobierno central.

Hoy, Otsuka está sometido a seis procesos de investigación fiscal. Tres casos por presuntos delitos contra los bosques, formaciones boscosas y tráfico ilegal de productos maderables, así como otorgamiento ilegal de concesión minera, cometidos durante su primera gestión como presidente regional, y tres casos más por los presuntos delitos de minería ilegal y otorgamiento ilegal de concesión minera en bosque primario, cometidos como dirigente minero.

Por él ha votado Madre de Dios.

Este mural en Puerto Maldonado es el homenaje de un grupo de artistas jóvenes a Roberto Pacheco, acribillado en la selva por proteger su bosque. Es un homenaje a la vida y la naturaleza, y también un grito contra la violencia y la falta de justicia. Es decir, la impunidad, a vista y paciencia del Estado.