Una ley impulsada por el congresista Nano Guerra para rebajar de 18% a 8% el IGV para hoteles y restaurantes genera un choque entre el MEF y el Mincetur. En Comercio Exterior y Turismo aplauden porque creen que ayudarán a la reactivación; en Economía la rechazan alegando que no beneficiará a los pequeños sino a los más grandes. El día de la aprobación de la norma, los representantes de estos últimos fueron con el parlamentario fujimorista.
Alrededor de las 10 de la mañana del 14 de julio pasado, algunos de los socios y representantes de los hoteles y restaurantes más importantes en el país, y de las franquicias de comida rápida más conocidas, llegaron al Congreso de la República para reuniones con el el congresista fujimorista Nano Guerra García.
Dos de ellos eran el empresario José Luis Silva Martinot, presidente de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, y Blanca Nieves Chávez Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora).
La razón era que ese día se votó el texto sustitutorio de dos proyectos de ley para reducir, desde la aprobación hasta el 31 de diciembre del 2024, el impuesto general a las ventas (IGV) para restaurantes y hoteles de 18% a 8%. Y Guerra fue el principal impulsor de la iniciativa.
El proyecto se produjo y Nano Guerra lo celebró con un “¡Lo logramos!”, en su cuenta de Twitter, y un resumen de lo que, para él, significó la norma: “(Un) gran apoyo para que miles de emprendedores puedan reactivarse”.
También recibió los elogios del flamante tercer vicepresidente del Congreso, quien tuiteó que la aprobación permitiría al sector “rescatar el empleo”.
El objetivo del proyecto de Nano Guerra, según su texto, es el de “rescatar el empleo para las micro y pequeñas empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos, con la finalidad de apoyar la reactivación económica de este gran segmento económico empresarial que ha sufrido un impacto devastador como consecuencia de la pandemia por Covid-19”.
y pequeñas empresas”, única y exclusivamente. Eso dice la letra.
Pero, entonces, ¿qué hacían en el Congreso los representantes de los grandes?
Silva Martinot dijo a Epicentro.Tv que “si fueron los grandes (al Congreso) fue simplemente por un tema de solidaridad, (pues) los pequeños no están agremiados, la gran mayoría son informales”.
Chávez Chávez dijo que “las grandes no, pero es una pena, porque los grandes también tienen su problema”, aunque no cree que “el Ejecutivo le dé el visto bueno a la norma”, lo cual “nos tiene muy preocupados”.
El sentido de la norma es evitar el quiebre de más negocios tras la pandemia y generar reactivación económica.
No obstante, las ventas del sector “Turismo y Hotelería”, han superado las expectativas, según el reporte de “Ventas totales declaradas según actividad económica 2005-2022”, de la Sunat, que contiene datos hasta mayo de este año.
Allí, se observa que los niveles de venta de todos los hoteles y restaurantes del país han equipado y hasta superado los niveles que lograron antes de la pandemia.
los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) creen que la ley terminará favoreciendo a los grandes negocios, y así lo refleja un informe de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos de ese ministerio, que vamos a referir en esta edición.
Pero no es una posición con la que se alinea todo el Ejecutivo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sí apoya esta ley.
De modo que hay un silencioso choque en Ejecutivo por la “Ley Nano” del que prefieren no hablar.
En ambos ministerios están cruzando los dedos porque hoy vence el plazo para que el gobierno de Pedro Castillo decida si observa no la ley aprobada por el Congreso. El MEF, por supuesto, para el jefe de Estado la observe, y el Mincetur, para todo lo contrario.
El Informe del MEF
El 26 de julio, una semana y media después de la aprobación de la ley en el Congreso, el director general de Política de Ingresos Públicos del MEF, Marco Camacho Sandoval, le envió al viceministro de Economía, Álex Alonso Contreras Miranda, el Informe Nº Nº 0103-2022-EF/61, un documento de 40 puntos con el resultado del análisis de esa dirección a la “Ley Nano”.
“Entre las empresas que capitalizarían en mayor medida esta reducción del IGV a 8% se encuentran empresas asociadas a grandes franquicias (como, por ejemplo: Subway, Juicy Lucy, Taco Bell, KFC, Pizza Hut, entre otros) y restaurantes dirigidos a estratos socioeconómicos medio-altos y altos (restaurantes como Segundo Muelle, Fiesta, Señorío de Sulco, Costanera 700, Mayta, Manhattan, Rafael, Mercado, Troppo, Baan, Isolina, Pardos Chicken, entre otros). Muchas de estas empresas tienen como clientes, además a personas de segmentos altos, el segmento turístico”, señala uno de los párrafos del punto 12.
¿Por qué? El detalle está, para el MEF, en la definición de “micro y pequeña empresa”.
Para demarcar la definición, la ley de Nano Guerra invoca el Decreto Supremo N° 013-2013-Produce, que considera como microempresas a los negocios que tienen ventas anuales hasta 150 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, hasta S/. 690 mil anuales, o S/. 57 500 al mes, y como pequeñas empresas a las que tienen ventas anuales de hasta 1,700 UIT, vale decir, hasta S/ 7.82 millones anuales, o S/, 651,000 mensuales.
Para el MEF, esa amplitud “ocasiona que el 99% de las empresas del país sean consideradas micro o pequeñas empresas”. Hay “umbrales”, por lo tanto, “bastante altos”, según sostiene.
Se remite, además, a una evaluación anterior hecha por el Fondo Monetario Internacional sobre el Perú: “los tamaños de las MYPE en el Perú están sobredimensionados, lo cual impide una adecuada focalización sobre las medidas tributarias al referido segmento de empresas”.
“Considerando los criterios antes mencionados y el universo de empresas que sí pagan el IGV, la reducción del IGV beneficiaría en mayor medida a empresas de gran tamaño y nunca a la gran mayoría de empresas MYPE que se encuentran bajo el esquema tributario del NRUS5 (cuyas no ventas no se encuentran afectas al IGV)”, añade el informe del MEF.
En buena cuenta, para este ministerio, la rebaja del IGV terminará siendo un “subsidio ciego” que favorecerá “más a las empresas más grandes, que son las que mayor IGV determinan por pagar”.
“No será igual para una empresa que tiene ventas –por ejemplo– por S/, 500,000 mensuales, que para una empresa que tiene ventas por S/. 10,000 mensuales”, cita como ejemplo.
Hay otro tema. Y es que muchas microempresas en el país no pagar IGV, sino que son parte del régimen especial para micronegocios llamado “NRUS”. Por lo tanto, el MEF duda que la “Ley Nano” beneficie a entre 170 mil y 200 mil restaurantes y hoteles, como se ha dicho, sino a muchos menos.
El MEF se ha basado en información oficial de la Sunat para determinar la cantidad total de contribuyentes inscritos en el RUC en este rubro: 114,140. Son los que presentaron al menos una declaración de impuestos en el 2021.
De esa cantidad, “más del 50% (62 mil empresas) no pagan actualmente el IGV por pertenecer al NRUS, un régimen especial para micronegocios que registran hasta un máximo de S/. 8,000 en ventas mensuales. Esto hace que, de entrada, la Autógrafa de Ley no tenga el alcance que alega; pero no solo eso, (sino que, además) no beneficiará a las unidades empresariales más pequeñas”.
La posición del Mincetur
Epicentro.Tv requirió una posición pública al Mincetur, favorable a la norma. Su Oficina de Comunicaciones remitió un informe que considera los siguientes puntos:
- El sector Turismo fue el más afectado por la pandemia del Covid 19, con grave pérdida de empleo formal, cierre de empresas y crecimiento de informalidad.
- En el período pre-pandemia, el sector representaba el 3,9% del PBI y generaba 1’457,000 puestos de trabajo. Al 2022, según sus proyecciones, aportaría 2.5% del PBI y generaría 900,652 puestos de trabajo.
- Según Promperú, 3 de cada 5 empresas turísticas redujeron los sueldos de sus trabajadores.
- Ha habido una contracción de la demanda turística, que se recupera con menos rapidez que otros países.
- La mitad de restaurantes y cafeterías cerraron entre enero de 2020 y enero de 2021, según Canatur.
- Colombia exoneró el IVA por dos años, y entre 2020-2021, países europeos lo bajaron hasta el 5%, y en 2022 doce Estados lo mantienen aún en 7%.
- Con la aprobación de la norma, se aceleraría la recuperación de empleos turísticos.
- Se incentivará el consumo de los servicios turísticos por efecto de la reducción de precios finales al contribuyente.
- La utilidad neta de las empresas se incrementará, permitiendo su capitalización y la mejora de la calidad de sus servicios.
Cabe mencionar que la medida en Colombia ocurrió en plena crisis sanitaria. La ley, en el caso peruano, aparece no en la pandemia sino un año después de la apertura de los negocios. Y, como hemos visto en el cuadro de la Sunat sobre las ventas totales del sector Turismo y Hotelería, no solo se han recuperado, sino que están en mejor nivel que antes de la pandemia.
“Lee la norma, dice clarito que es solo para pequeño y micro empresas, no dice ni medianas ni grandes”, dijo Silva Martinot a Epicentro Tv.
“El Ejecutivo debe darle el visto bueno, pero el MEF está duro, no quiere hacer este trabajo, esperemos, no nos queda otra. Si realmente el gobierno abre los ojos, si es que le importa un poquito la gastronomía y los negocios de tantas empresas, debería (promulgar la norma)”, destaca, a su turno, Blanca Chávez, del gremio empresarial Ahora.
El gobierno de Pedro Castillo, con todas las investigaciones por corrupción a cuesta y en medio de problemas de gestión y denuncias por inacción e ineficiencia, debe decidir hoy qué decisión tomar. Tiene las cifras a la mano y están muy claras.
