La ONPE archivó los procesos administrativos sancionadores a los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre y Avanza País por el supuesto mal uso de fondos del financiamiento público directo. Asimismo, al menos Fuerza Popular y Perú Libre presentaron irregularidades en el rendimiento de cuentas del último semestre del 2023.
Ayer 15 de enero se venció el plazo para que los partidos políticos rindan, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en qué gastaron los más de S/. 7 millones otorgados como financiamiento público directo, durante el segundo semestre del 2023. Son 10 las organizaciones políticas las que han debido presentar un informe completo y documentado del uso de los fondos otorgados el año pasado. Estos partidos son Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado.
En el rendimiento de cuentas del primer semestre del 2023, los informes presentados por 9 de los partidos que recibieron financiamiento (Acción Popular no solicitó) han presentado algunas irregularidades en el uso de sus fondos, según un análisis realizado por la ONG Vigilancia Ciudadana.
Entre el mal uso del financiamiento público directo destaca el caso del partido Perú Libre, organización liderada por el hoy prófugo Vladimir Cerrón. Según el informe técnico de la ONPE Nº 0003-2023-GSFP/ONPE, en el detalle de la declaración de los gastos de funcionamiento ordinario se evidenció que Cerrón había recibido como sueldos, entre enero y junio del 2023, más de S/.67 mil que no habían sido bancarizados. En sus descargos, Perú Libre informó que el dinero se le tuvo que pagar en efectivo porque, debido a que está sentenciado, sus cuentas bancarias han sido embargadas.
Asimismo, la ONPE detectó que Perú Libre pagó remuneraciones mensuales por un total de S/33 mil al abogado José Enrique Llumpo Agapito por servicios de asesoría legal entre enero y mayo del 2023. Sin embargo, dice el informe, “no cuenta con el requerimiento del servicio, cotizaciones, y el currículo vitae no se encuentra documentado”. Además, se incrementaron los honorarios del asesor legal en un 80% del contrato original. Llumpo Agapito interpuso un recurso de habeas corpus para anular la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por colusión contra Cerrón por el caso Aeródromo Wanka.
En el caso de Fuerza Popular, la ONG Vigilancia Ciudadana identificó que el partido político liderado por Keiko Fujimori, contrató a personas que están siendo investigadas judicialmente. El primer caso es el de Carmela Paucará Paxi, quien entre enero y junio del año pasado recibió más de S/35 mil como Coordinadora Nacional de las actividades del partido. Paucará tiene un proceso por supuesto financiamiento a la campaña electoral de Fuerza Popular en el 2011 por el presunto delito de lavado de activos en el caso Cócteles.
Asimismo, Adriana Bertilda Tarazona Martínez recibió cerca de S/24 mil como asistente de recursos humanos de Fuerza Popular. Tarazona está incluida en la investigación por lavado de activos por el manejo de fondos del partido durante las elecciones generales del 2011.
Procesos archivados
Debido al mal uso del financiamiento público directo, la ONPE inició procesos administrativos sancionadores al menos a cuatro partidos políticos. Sin embargo, las resoluciones jefaturales emitidas en julio y diciembre del año pasado concluyeron archivar todos los procesos.
El primero de ellos es el proceso administrativo sancionador iniciado a Fuerza Popular en octubre del 2022 mediante la Resolución Gerencial N° 000468-2022-GSFP/ONPE, por la presunta comisión de la infracción de utilizar el financiamiento público directo para fines distintos a los dispuestos por la ley.
Según el documento del 13 de julio del 2023, la investigación surgió luego que la Sub Gerencia de Verificación y Control de la ONPE realizó una visita inopinada en abril del 2022 y detectó que Fuerza Popular no había desafectado los fondos del financiamiento público de la medida cautelar de embargo en forma de retención que le había dictado el Poder Judicial por el caso Cócteles.
El informe del 2022 advierte que el partido de Keiko Fujimori no desafectó los fondos “pese a las reiteradas comunicaciones dirigidas por ONPE, configurándose los elementos de la infracción”.
Sin embargo, en el informe final se concluye que “no existen elementos de juicio suficientes” para acreditar “de manera fehaciente e indubitable que la OP haya utilizado los fondos del FPD para fines diferentes a los establecidos en la ley”.
Según la ONPE, se debe interpretar el verbo utilizar de manera distinta en este caso ya que fue un tercero, es decir, el Poder Judicial, quien dispuso el embargo de los fondos y destinó los fondos a un fin no permitido por la ley. Por ello, dispone el archivamiento del proceso.
En la misma fecha, la ONPE emitió la resolución jefatural N° 000322-2023-JN/ONPE, que analiza el proceso administrativo sancionador iniciado al partido Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
La investigación se inició luego que las acciones de verificación y control realizadas sobre los gastos del financiamiento público directo, entre enero al 30 de junio del 2022, se detectó que la organización política habría utilizado el financiamiento público directo de manera irregular.
La infracción detectada por la ONPE es que el partido político estableció fechas prolongadas para la devolución de los fondos utilizados en el contrato del teniente alcalde Renzo Andrés Reggiardo Barreto. Renovación Popular le pagó S/230 mil a Reggiardo por el concepto de “coaching” durante la campaña para la alcaldía de Lima. Sin embargo, el partido no declaró las transferencias a la cuenta de Reggiardo. Ante ello, el teniente alcalde aseguró que la capacitación no se concretó y prometió devolver el dinero en dos armadas: a fines del 2022 y en junio del 2023.
“El hecho de disponer de la devolución de la suma de S/. 230 mil en dos armadas y en un plazo posterior al año de su entrega, implica que estos fondos no sean empleados debidamente acorde al artículo 29° de la LOP, por lo que en estricto se estarían utilizando éstos fondos de una forma distinta a la referida norma, esto es, como un instrumento financiero y no para cumplir con realizar los gastos de capacitación, inicialmente propuestos”, señaló entonces la ONPE.
Sin embargo, decidió archivar el caso porque el hecho de haberse acordado la devolución del dinero “no implica per se que lo haya utilizado para fines diferentes a los señalados en la ley”.
De igual manera, en diciembre la ONPE archivó dos procedimientos administrativos más: el iniciado a Perú Libre y a Avanza País. En el primer caso la ONPE detectó siste gastos realizados con financiamiento público directo que serían irregulares. Sin embargo, luego se constató que cuatro de ellos sí formaban parte de los gastos del funcionamiento ordinario y que los montos dinerarios correspondientes a los tres gastos restantes fueron restituidos por la organización política.
En el caso de Avanza País, la ONPE inició investigación porque el partido presentó un gasto con fondos públicos por el servicio de desarrollo e implementación de un software para el registro de afiliados y validación con base de datos ANI. En ese momento, este concepto no era considerado como gasto de funcionamiento ordinario. Sin embargo, esto fue modificado en mayo del 2023 por lo que se aplicó el principio de retroactividad benigna.
En diciembre del 2021, la ONPE aprobó el nuevo reglamento para supervisar fondos partidarios. Con la nueva norma se dejó de lado definitivamente el artículo del reglamento anterior que establecía que los partidos que no rindieran cuentas de sus gastos no recibirán más fondos del Estado. Esta modificación generó críticas por parte de especialistas debido a que se debilitaba la supervisión a los partidos políticos que son financiados con dinero de todos los peruanos.
Mientras tanto, la ONPE ya aprobó más de S/. 7 millones para financiar a 10 partidos políticos en el periodo de enero a junio de este año. Así figuran los montos que recibirán cada uno de los partidos políticos.
