LUCHA Y MEMORIA: Los crímenes no prescriben
La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público contra la Ley N.° 32107, conocida como Ley de Prescripción de Delitos de Lesa Humanidad, evidencia una vez más el trato inhumano y cruel hacia los familiares de las víctimas del período de violencia entre 1980 y 2000, quienes llevan décadas buscando justicia.
Leyes de la vergüenza: Una sombra que persiste
No es la primera vez que, como familiares, enfrentamos lo mismo. En junio de 1995, el gobierno del condenado Alberto Fujimori aprobó las Leyes de Amnistía No 26479 y No 26492 que liberaban de toda responsabilidad a los miembros de las fuerzas del orden implicados en crímenes de Lesa Humanidad y prohibían cualquier investigación sobre esos casos. Se promulgaron esas leyes invocando a la paz y la reconciliación. ¿Se puede construir una reconciliación nacional basada en la injusticia e impunidad?
De manera que no hemos tenido descanso ni tregua y esa sombra continúa con las aprobaciones recientes de:
- La Ley No 32107, ley que prescribe delitos de Lesa Humanidad. Se habla con tanta facilidad de prescripción que me lleva a pensar en si creen que con esa misma facilidad también prescriben el dolor, las ausencias, las soledades, los desiertos andados, los caminos empedrados y el llanto que seca la vida. Todas esas son estaciones que se viven cuando se está en búsqueda de justicia. Ni el Tribunal Constitucional ni el Congreso, ni los presidentes de turno, esos con poder prestado, tienen la potestad de prescribir la memoria de las víctimas ni la dignidad de sus deudos.
- La Ley No 32301, la Ley APCI que busca controlar y censurar a las ONG´s. La campaña de demolición que han emprendido contra las ONG’s para justificar semejante ley esconde algo siniestro: dejar en la orfandad legal a familiares que buscan justicia, mientras que la defensa de militares procesados sigue siendo asumida en gran medida por el Estado.
Es bien sabido que el rol de las ONG´s ha sido determinante para tener asistencia, acompañamiento y defensa legal frente a la vulneración de nuestros derechos desde el Estado. Si la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) no hubiese asumido el Caso Bustíos tengan la seguridad de que no sería posible la justicia lograda el 12 de abril de 2023 con la sentencia de 12 años contra Daniel Urresti, ex ministro del Interior del Perú durante el gobierno de Ollanta Humala. Sentencia, además, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 14 de agosto de 2024 tras la apelación de la defensa de Urresti. Es claro que ninguna familia resiste a los altos costos que tiene una defensa legal y más aún en un país como el nuestro que dilata los casos por décadas. Asimismo, el acompañamiento y acciones de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) han sido determinantes para que el caso de mi padre logre justicia. El caso de Hugo Bustíos fue el primero en alcanzar justicia plena por el crimen de un periodista en el país.
- La Ley No 32419, la Ley que concede amnistía a miembros de las fuerzas del orden y paramilitares, fue promulgada en agosto de 2025 por Dina Boluarte. Si bien su promulgación por la entonces presidenta no fue sorpresa, lo increíble fue toda la ceremonia de alto nivel que se hizo en Palacio de Gobierno. Fue un tributo a la muerte y un total desprecio a la vida, a la memoria y a los derechos de miles de peruanas y peruanos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desapariciones y violaciones sexuales. Por si fuera poco cómo olvidar el saludo de Dina Boluarte tomándole las manos al jefe del Grupo Colina, Juan Rivera Lazo, condenado a 25 años de cárcel por la matanza de Barrios Altos. Y ni qué decir de los honores con que despidió al condenado Alberto Fujimori tras su fallecimiento el 11 de septiembre de 2024.
De Defensor del Pueblo a "Amicus" de la impunidad
La coronación a toda esta andanada de leyes de la impunidad y homenajes, es la solicitud del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Condor, de presentarse como Amicus Curiae ante el Tribunal Constitucional. ¿Con qué finalidad?. Buscar anular la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato de mi padre, el periodista Hugo Bustíos Saavedra. Aún falta el pronunciamiento del TC frente a esta ignominia.
La Lucha de Margarita: Un legado que no caduca
De seguir viva mi madre, Margarita Patiño Reysánchez, su quebrantada salud ya no hubiese soportado tanto retroceso e impunidad. Durante 27 años, mi madre fue la cara visible de una lucha incansable por hallar justicia por el asesinato de mi padre. Margarita quedó viuda a los 36 años con cuatro hijos, todos en edad escolar. Y como hija mayor me convertí en el principal soporte de mi madre ayudando en todo lo que humanamente podía hacer desde los 14 años de edad.
Nunca olvidaré aquel 24 de noviembre de 1988 cuando en horas de la mañana desayunamos con mi padre e incluso me regañó por no sentarme a tiempo en la mesa. Y en horas de la noche lo estábamos velando en ese frío ataúd que guardaba su cuerpo hecho jirones. No les bastó una ráfaga de balas sino que le lanzaron un explosivo. ¿Cómo se asimila eso?. Ese dolor podía enloquecer a cualquiera, como enloqueció a muchas familias que vieron cómo su cuadro familiar se volvía retazos y a nadie le importaba un carajo. No tenían ningún derecho de hacernos eso.
En ese contexto, la fortaleza, dignidad y amor de mi madre se revistieron para mi de admiración absoluta. Pudo vencer a los impíos, a los insensatos, a los cínicos, a la traición. En un sistema como el nuestro, ser mujer, madre y viuda era condenarte a la invalidez, a que no eras capaz de nada, a callar y no reclamar. ¡Pero se equivocaron!. Margarita parece que se ha ido, pero no se fue, su legado sigue y no renunciaremos a nuestro derecho de exigir justicia. A más ilegalidad y afán de impunidad, responderemos con más acción, más memoria y con la dignidad innegociable de Margarita.
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