La Defensoría del Pueblo ante la prueba de su propia trayectoria
Una institución que fue referente regional en derechos humanos enfrenta hoy una revisión internacional de su acreditación.
Las instituciones creadas para proteger los derechos humanos dentro del propio Estado cumplen una función esencial en las democracias contemporáneas: supervisar al poder público y actuar como puente entre la ciudadanía y las autoridades. Cuando estas instituciones funcionan con independencia, contribuyen a fortalecer el Estado de derecho; cuando su orientación genera cuestionamientos, se abre un debate público sobre su papel y su futuro.
El modelo internacional de estas entidades está definido por los Principios de París, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Estos principios establecen los estándares que deben cumplir las instituciones nacionales de derechos humanos: independencia frente al poder político, mandato amplio de protección, pluralismo en su composición, recursos adecuados y capacidad efectiva para supervisar a las autoridades públicas.
Desde entonces, más de un centenar de países han creado instituciones de este tipo. Para asegurar que mantengan esos estándares existe un sistema internacional de acreditación supervisado por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). A través de su Subcomité de Acreditación, esta red evalúa periódicamente el funcionamiento de estas entidades y determina si continúan cumpliendo con los Principios de París.
La acreditación más alta es el estatus "A", que certifica que una institución mantiene independencia real y una actuación consistente con los estándares internacionales. Este reconocimiento permite participar plenamente en los espacios internacionales de derechos humanos y refleja la confianza de la comunidad internacional en su trabajo.
En América Latina, las defensorías del pueblo surgieron principalmente durante los procesos de transición democrática de las décadas de 1980 y 1990. En muchos países se convirtieron en actores relevantes para fortalecer el Estado de derecho, supervisar a las autoridades públicas y promover la incorporación de los estándares internacionales en las políticas nacionales.
Una trayectoria institucional consolidada
En el Perú, la Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución de 1993 e inició sus funciones en 1996. Desde sus primeros años, bajo la conducción de Jorge Santistevan de Noriega, la institución se consolidó como un organismo independiente dedicado a supervisar la actuación del Estado y a promover la defensa de los derechos fundamentales.
A lo largo de casi tres décadas, la Defensoría intervino en algunos de los debates más complejos de la vida institucional peruana. En el ámbito de la justicia transicional sostuvo tempranamente que los crímenes de lesa humanidad no podían ser objeto de amnistía ni prescripción. Esta posición quedó plasmada en el Informe Defensorial N.º 57 (2001), en un contexto en el que el país buscaba esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.
En materia de libertad de expresión, el Informe Defensorial N.º 48 (2000) estableció que los ataques contra periodistas deben investigarse con especial diligencia debido a su impacto en las bases de la democracia. Bajo esa comprensión, la institución acompañó durante años el caso del periodista Hugo Bustíos, asesinado en 1988, un proceso emblemático para la justicia peruana.
Otra herramienta jurídica utilizada por la institución ha sido la figura del amicus curiae, mediante la cual terceros especializados presentan argumentos técnicos ante los tribunales. En la práctica de la Defensoría del Pueblo, esta figura se empleó históricamente para fortalecer estándares de protección de derechos humanos y ampliar la interpretación de las garantías constitucionales, contribuyendo a que los tribunales incorporaran criterios del derecho internacional de los derechos humanos.
En el ámbito de igualdad y no discriminación, la Defensoría del Pueblo mantuvo una línea sostenida de trabajo en la promoción de la igualdad de género y en el seguimiento de la respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres. Este esfuerzo se reflejó en diversos informes defensoriales y documentos de análisis orientados a visibilizar brechas estructurales y evaluar las políticas públicas dirigidas a enfrentarlas. En el plano internacional, en 2022 la institución presentó un informe alternativo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En esa misma línea, la Defensoría acompañó procesos emblemáticos vinculados con graves violaciones a los derechos de las mujeres. Entre ellos se encuentra el caso Manta y Vilca, relativo a violencia sexual contra mujeres campesinas durante el conflicto armado interno, así como las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas ocurridas en la década de 1990. Sobre este último tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció recientemente la responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos, señalando que el programa de planificación familiar bajo el cual ocurrieron estos hechos operó como una política estatal que afectó de manera desproporcionada a mujeres rurales, indígenas y en situación de pobreza, y ordenando al Estado adoptar medidas de reparación para miles de víctimas.
El rol durante la crisis reciente
Uno de los momentos más exigentes para la institución se produjo durante la crisis política y social que siguió a los acontecimientos de diciembre de 2022. En ese contexto, la Defensoría desplegó un amplio trabajo de monitoreo territorial y documentación de hechos.
Como resultado de ese seguimiento registró 66 fallecimientos en el contexto de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023. Estas observaciones fueron sistematizadas en el Informe Defensorial N.º 190 (2023), que incluyó recomendaciones dirigidas al Estado para prevenir nuevas situaciones de violencia y fortalecer los mecanismos de protección de derechos.
Este tipo de intervenciones consolidó la imagen de la Defensoría como una institución capaz de actuar en contextos de alta tensión política manteniendo independencia frente a los distintos poderes del Estado.
Esa trayectoria institucional fue reconocida durante años en el sistema internacional de instituciones nacionales de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo del Perú mantuvo la acreditación de estatus "A" ante GANHRI, que certifica el cumplimiento de los Principios de París. La última renovación de esa acreditación se produjo en marzo de 2023.
Una institución bajo observación internacional
Sin embargo, el sistema internacional de acreditación contempla evaluaciones periódicas destinadas a verificar que las instituciones nacionales continúen cumpliendo con los estándares que justificaron su reconocimiento.
En el caso peruano, diversos acontecimientos ocurridos desde fines de mayo de 2023 han generado debate público sobre la orientación institucional de la Defensoría del Pueblo y sobre su alineamiento con la línea histórica que caracterizó su actuación durante décadas.
El contexto institucional del país también ha sido objeto de seguimiento por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado conocimiento de la situación y ha previsto realizar actividades de observación, incluyendo la anunciada visita al Perú hacia finales de este año.
En el ámbito global, la Defensoría del Pueblo del Perú enfrenta actualmente un proceso de revisión de su acreditación internacional ante GANHRI. Estas evaluaciones buscan asegurar que las instituciones mantengan independencia, coherencia institucional y compromiso efectivo con la protección de los derechos fundamentales.
Las defensorías del pueblo fueron concebidas para actuar como contrapesos democráticos dentro del Estado y para asegurar que los derechos humanos permanezcan en el centro de la acción pública. Cuando una institución con una trayectoria consolidada enfrenta cuestionamientos sobre su orientación o desempeño, el debate público y el escrutinio internacional se convierten en mecanismos orientados a preservar los principios que dieron origen a su mandato.
En el caso peruano, el proceso de revisión de la acreditación internacional de la Defensoría del Pueblo abre una etapa de análisis sobre su desempeño reciente, pero también sobre el valor de una institución que, durante décadas, contribuyó de manera decisiva a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento del Estado de derecho.
(*) Ex Defensora del Pueblo en funciones