Epicentro Tv consiguió un ejemplar de “Constitución Política del Perú para escolares” y lo analizó junto al politólogo José Alejandro Godoy y el constitucionalista Omar Cairo. Ambos sostienen que la publicación ofrece una realidad tergiversada del autogolpe de Estado de 1992. Además, Cairo señala que los responsables habrían incurrido en el delito de apología al enaltecer a un condenado.

El pasado 11 de julio, en la Sala José Quiñones del Congreso de la República, una cúpula fujimorista liderada por Martha Moyano presentó la última novedad del Fondo Editorial del Parlamento: “Constitución Política del Perú para escolares”, un libro ilustrado que pasa revista por cada acápite de la carta magna. El evento contó con la presencia de estudiantes de diversos colegios de la capital. Poco después el volumen se puso a la venta en la Feria Internacional del Libro de Lima. Pero su contenido había pasado inadvertido hasta este martes, cuando la congresista Ruth Luque denunció en sus redes sociales que la obra intenta tergiversar la verdad histórica de lo que sucedió el 5 de abril de 1992 cuando el expresidente Alberto Fujimori cerró el Congreso con el inolvidable “disolver, disolver”. Claramente, el libro diseñado para escolares pretende decir que aquel Golpe de Estado no fue un golpe.

Epicentro Tv accedió a un ejemplar de “Constitución Política del Perú para escolares” y lo sometió al análisis del politólogo José Alejandro Godoy, autor de “El último dictador: vida y gobierno de Alberto Fujimori” y el constitucionalista Omar Cairo.

El gran narrador del texto escolar es un cerebro volador llamado Memoriax que asegura que “almacena la historia del Perú tal cual ocurrió”. En ese viaje, en clave de cómic, Memoriax se adentra en los años noventa y subraya la delicada situación económica en la que se encontraba el país: el desempleo, la escasez de alimentos, la deuda externa, la pobreza y el terrorismo. En la página 19, el cerebro conversa con unos niños y les pregunta si están interesados en la Constitución del 93. Uno de ellos le dice: “para mí es importante tener la información correcta de los hechos”. Otro añade: “si conocemos nuestra Constitución será difícil que nos confundamos entre tanta información que circula en las redes”.

La controversia surge en la página 22 donde aparece un retrato de Alberto Fujimori que alude a su Mensaje a la Nación de abril de 1992. Dice en el texto que “el presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979 a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país”. Además, remarca que “esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional”. Ambas frases son el eje central de esta discusión.

Para José Alejandro Godoy el problema de la publicación radica en sus omisiones y en que no llama a las cosas por su nombre. Un asunto no menor en un hecho de relevancia capital en la historia del Perú en los últimos 30 años. “Lo más grave de la publicación es que no llama golpe a un Golpe de Estado. Digamos, venimos de un intento de interrupción constitucional del señor [Pedro] Castillo hace unos ocho meses aproximadamente, que fue la justificada razón por la que el Congreso lo vacó. Entonces, vamos a ser consecuentes; no se puede sacar a un presidente por intentar un golpe y al mismo tiempo hacer una publicación a título institucional, como Congreso, avalando otro golpe de Estado o simplemente omitiendo el dato”.

En la página 23 de “Constitución Política del Perú para escolares” del Fondo Editorial del Congreso se exhiben unas cifras con el propósito de legitimar la Carta Magna del 93. El detalle es que esas cifras están equivocadas o en todo caso son inexactas, según Godoy. El libro señala que fueron 80 congresistas de diversos partidos políticos, entre ellos, Cambio 90, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Democrático de Izquierda, y el Frente Independiente Moralizador, quienes participaron en la elaboración del texto que reemplazaría la Constitución del 79. Godoy explica que, si bien el número es exacto, no se precisa que 44 de los 80 eran fujimoristas. Otro dato relevante es que no hubo unanimidad en la aprobación de la nueva carta magna: no participaron ni Acción Popular ni el Partido Aprista Peruano porque, según Godoy, “consideraban que eso implicaba avalar el golpe de abril de 1992”. A ellos se suman datos erróneos: en el libro se dice que el 55,3% del pueblo peruano votó a favor de la Constitución del 93, pero la verdad es que fue 52,3% de los votos válidos que corresponden al 47,6% de los votos emitidos y apenas al 33,5% de la población electoral, pues hubo un ausentismo que bordeó el 30%.

“Lo que hace esta publicación es tratar de justificar una medida autoritaria y creo que eso es lo más peligroso de todo. Creo que esa parte del texto no solamente resulta más inexacta, sino también es la más peligrosa, sobre todo considerando cuál es el público. El público son escolares a los cuales se les está formando para tener una plena convivencia democrática”, expresa Godoy.

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Si bien el libro no tiene un autor, quienes aparecen en la hoja de créditos como los principales responsables de la publicación son políticos adherentes al fujimorismo: la parlamentaria Martha Moyano como presidenta del Consejo del Fondo Editorial del Congreso, y las excongresistas Milagros Takayama y Milagros Salazar, como jefa y editora general del Fondo Editorial, respectivamente.

La foto oficial de la presentación del libro “Constitución Política del Perú para escolares” es ilustrativa: junto a los escolares aparece la plana mayor de Fuerza Popular, además de las citadas, figuran el congresista Hernando Guerra García y el exparlamentario Miguel Torres, hijo del expresidente del Congreso en los años noventa Carlos Torres y Torres Lara, quien también era un partidario de Alberto Fujimori y que aparece retratado en la página 23.

Hasta el periodo legislativo 2021-2022 el Fondo Editorial siempre había estado a cargo de la Tercera Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Parlamento. En la siguiente legislatura, tras un acuerdo de la mesa dirigida por Lady Camones, la administración de dicha oficina pasó a manos de la Primera Vicepresidencia, ocupada en ese entonces por la fujimorista Martha Moyano. El acuerdo se mantiene intacto para este nuevo periodo 2023-2024 y la Primera Vicepresidencia también continúa bajo la dirección de Fuerza Popular con el legislador Hernando Guerra García.

El constitucionalista Omar Cairo resume la gravedad de esta publicación en que su existencia podría incurrir en el delito de apología. “El problema es que el artículo 316 del Código Penal dice que se comete el delito de apología cuando se exalta, justifica o enaltece un delito o a una persona condenada por sentencia firme como autor de un delito. Y ese documento está exaltando a una persona [Alberto Fujimori] condenada por sentencia firme como autor de un delito y que está en prisión. Esto es gravísimo porque, además, es un documento para niños”.

En retrospectiva, Cairo destaca que la aparición del libro es delicada porque lo que hizo Fujimori fue “violar” la Carta Magna del 79. “La Constitución no le permitía cerrar las dos cámaras, le permitía disolver sólo una de ellas, la Cámara de Diputados. Y, siempre y cuando hubieran perdido tres gabinetes por decisión parlamentaria y eso no pasó ni siquiera una vez”.

Cairo sostiene también que se deben realizar dos acciones inmediatamente: la primera, es que la obra del Fondo Editorial debería ser retirada del mercado, y la segunda, es que el Ministerio Público debería iniciar una investigación para establecer las posibles responsabilidades de un presunto delito de apología. Si algo debe remarcar es que este libro es un producto de una institución del Estado y, por tanto, no debería trastocar un acontecimiento central en nuestro pasado reciente.

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