Por: Daniel Yovera
Informe: Un informe de Epicentro en alianza con Ojo Público
Imágenes en Virú: Wilder Acosta (ojo público)

¿Recuerdan a Luis Valdez, el presidente interino del Congreso tras la asunción de Manuel Merino como presidente del Perú y saliente congresista de APP? Él, al igual que sus compañeros de legislatura, pronto perderá la inmunidad parlamentaria, pero esto, en su caso, sería más delicado, pues algo que ocurrió en estas soleadas playas de Viru, al norte del país, lo podría comprometer penalmente.

Y es que Valdez, además de congresista, fue presidente regional de La libertad, y como tal, firmó la venta de esta gigantesca porción playa norteña y de tierra eriaza a un grupo privado interesado en desarrollar un millonario proyecto inmobiliario, comercial y turístico llamado “Virú Mar”. El terreno era propiedad del Estado, del Proyecto Especial Chavimochic. Y fue vendido a un precio parecido al de un remate. Una comisión del gobierno regional investigó este caso, llamado “Virú Mar”, y le ha imputado ilícitos penales a Valdez que podrían complicarlo.

En una investigación en alianza con OJO PÚBLICO, EPICENTRO TV pudo conocer que en el extenso terreno adquirido por el consorcio privado Virú Mar hubo humedales y restos arqueológicos. El contrato suscrito por Valdez indica que vendió la tierra en S/. 1.6 millones. A razón de 40 céntimos el metro cuadrado, como lo escucha.

El consorcio Virú Mar lo integran empresas instaladas en Trujillo y Lima que maneja el empresario trujillano Manuel Huamanchumo Array, habitué en foros empresariales en La Libertad, como el de la foto, del año 2014. Cerca cuyo se observa al entonces alcalde provincial de Trujillo, César Acuña, al hijo de éste, y a magnates como Roque Benavides, Samuel Dyer, entre otros.

Pero, curiosamente, no es Huamachumo quien aparece representando al consorcio cuando se presentó la iniciativa privada, a fines del 2007. Lo hizo un joven de apenas 27 años entonces, llamado Ricardo Bobadilla Grados, quien hasta hoy sigue trabajando para las compañías del empresario.

La actuación de Ricardo Bobadilla y de Luis Valdez está detallada en el informe de la comisión investigadora, que integraron tres consejeros regionales de La Libertad. Valdez, el presidente regional que adjudicó la iniciativa privada y vendió el terreno, es el principal imputado.

Cuando habla de normas no vigentes, la presidenta de la comisión investigadora se refiere a que la iniciativa privada del consorcio Virú Mar fue declarada de interés con una norma que el consejo regional nunca debió aplicar, y eso configura, para la comisión, un vicio de origen.

La historia de Virú Mar tiene casi 14 años. El consorcio presentó la iniciativa privada en noviembre del 2007, durante la presidencia de José Murgia. En mayo del 2008 el gobierno central aprobó una nueva norma para los procesos de inversión privada: el Decreto Legislativo 1012, que disponía que las iniciativas privadas que hasta entonces no tenían declaratoria de interés por el Estado –como era el caso de Virú Mar– debían someterse a la nueva normativa. Pero no ocurrió así.

Según la comisión investigadora, el 9 de diciembre del 2008 el consejo regional aprobó la iniciativa privada al margen del nuevo marco legal. Pero Murgia no la promulgó y la devolvió para que sea ajustada al nuevo decreto. Además, la Superintendencia de Bienes del Estado había indicado que las tierras eran del Estado. Para transferirlas se requería un pronunciamiento de la autoridad competente: la propia SBN. Ante la negativa de Murgia, Virú Mar fue al Poder Judicial, y diez años después, ya con Valdez a cargo, logró un fallo que ordenó al consejo regional declarar de interés la iniciativa privada.

Luis Valdez dijo a EPICENTRO TV que no tuvo otro camino que acatar el fallo judicial.

La comisión investigadora concluyó que el proyecto nunca fue aprobado bajo la norma que le era aplicable: el Decreto Legislativo 1012.

También se refiere a los pronunciamientos de la Superintendencia de Bienes del Estado sobre el terreno.

Pese a la realidad imperante, la consejera Higa insiste en determinar responsabilidades que concluyan en sanciones penales.

Ha pasado medio año desde la aprobación del informe de la comisión investigadora y el gobernador regional, Manuel Llempén, del partido de César Acuña, aún no dispone que el procurador regional tome las acciones legales que el consejo ordenó tomar. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo.