El Consejo de Ministros anunció un Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia de las vías nacionales del país por un mes. La Policía podrá registrar en audio y video a los ciudadanos de provincias que viajen a Lima.
El gobierno de Dina Boluarte aprobó este miércoles la declaración del estado de emergencia del Corredor Vial Sur y el Corredor Vial Interoceánica Sur por treinta días a propuesta del Ministerio del Interior.
Anunció la aprobación de un Decreto Supremo que prorroga por 30 días el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y en el Corredor Vial Interoceánica Sur. “Garantizaremos la libre circulación por Fiestas Patrias de toda la ciudadanía”, señaló.
— Consejo de Ministros (@pcmperu) July 12, 2023
“Garantizaremos la libre circulación por Fiestas Patrias de toda la ciudadanía”, señaló el primer ministro Alberto Otárola.
Este anuncio se da a una semana de la realización de la denominada marcha la “Tercera toma de Lima”, convocada para el miércoles 19 de julio.
“Un fracaso en la política social”
Por su lado, el Congreso de la República se encuentra a la espera de las opiniones técnicas de diversas instituciones sobre la iniciativa del Ejecutivo que pretende aumentar las penas de los delitos que “se hayan cometido durante la vigencia de la declaratoria de un estado de emergencia”. Aunque, valgan verdades, en más de una oportunidad el Pleno ha aprobado leyes contra la opinión técnica de todos los organismos especializados.
El proyecto de ley N° 4271/2022-PE, presentado por la presidenta Dina Boluarte el 17 de febrero de este año, también busca modificar la etapa de investigación preliminar e iniciar el juicio de manera “express”.
“En el contexto de un estado de emergencia, el juez dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento fiscal, realiza la audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato”, se lee en el documento.
En diálogo con Epicentro TV, la abogada penalista Romy Chang explicó que cualquier modificación al Código Penal debería responder a un plan nacional de política criminal; sin embargo, la iniciativa del Gobierno de Dina Boluarte estaría reflejando “un fracaso de la política social”.
“[Esta propuesta] nos hace sentir como que lo regular, o sea, la política criminal del Estado, estaría girando en torno a la declaratoria de estado de emergencia. Es decir, como que el estado de emergencia va a ser tan común que es necesario colocarlo como agravante. Eso no me parece muy positivo, porque refleja, dicho de manera poco amigable, un fracaso desde el punto de vista de la política social. La imposibilidad de manejar a la población o de evitar la alarma, el revuelo social y que la población pueda vivir en paz y armonía”, puntualizó Chang.
“Un anuncio poco inteligente”
La Policía Nacional tiene previsto registrar en audio y video a los ciudadanos que lleguen a Lima para participar en las nuevas protestas contra el Gobierno, según el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la PNP, el general Óscar Arriola.
“Hacemos este anuncio porque constitucional y legalmente tenemos esas atribuciones y facultades de registrar… Primero es la seguridad de los ciudadanos que quieren protestar pacíficamente. Tienen que colaborar con las fuerzas del orden para identificar quiénes no están dentro de estas voluntades pacíficas de expresarse”, dijo el general PNP Arriola.
El jefe de la Dirnic indicó que también revisarán a los manifestantes que acudan con mochilas a las protestas, con el objetivo de “detectar explosivos y así evitar desmanes”.
La implementación de esta estrategia policial se llevaría a cabo en coordinación con el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.
La abogada penalista Romy Chang calificó este pronunciamiento como “poco inteligente”. Consideró que la estrategia policial, aunque tendría la intención de darle tranquilidad a la población que no apoya la movilización, podría generar “una mayor desazón y frustración” a quienes sí protestarán, provocando una reacción violenta.
“Así lo calificaría: como un anuncio poco inteligente, porque no contribuye en nada con [solucionar] el problema. Además, ya existe la Ley de Identificación Policial, que le permite a la Policía detener a cualquier persona para identificarse (...) sin necesidad de motivar o incentivar indebidamente a la población. ¿Cómo harían para controlar [la marcha] si las personas pueden unirse en cualquier punto? No es una acción viable”, apuntó Chang.
Chang ha resaltado positivamente que la Fiscalía y las fuerzas del orden busquen trabajar articuladamente para evitar la comisión de delitos; sin embargo, aseveró que publicar nuevas disposiciones o leyes “podrían complicar la situación”.
