En la boca del Tigre
En el río Tigre hay un conflicto social en curso. En la comunidad nativa de Libertad, varias comunidades agrupadas en la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABAT) mantienen bloqueado el paso del río desde el 18 de agosto. El 15 de septiembre llegó a la zona una comisión liderada por funcionarios de PCM para alcanzar una solución, pero la reunión abortó porque los dirigentes consideraron que entre los visitantes no había autoridades con capacidad de decisión. Más recientemente, el 27 de septiembre, circularon videos de dirigentes de la comunidad de 28 de julio exigiendo el desbloqueo del río. Al momento de terminar estas líneas, no había noticias de una solución al conflicto.
El pasado 20 y 21 de septiembre visité Libertad con un grupo de investigadores preocupados por el avance de la minería ilegal y su impacto en los pueblos indígenas. Durante el viaje sostuvimos reuniones con dirigentes y participamos en una asamblea con el pueblo para discutir la situación. También realizamos entrevistas con líderes indígenas, representantes de federaciones, autoridades religiosas, funcionarios públicos, representantes de fuerzas de seguridad, investigadores y miembros de organizaciones de la sociedad civil. En este corto artículo desarrollo algunas impresiones que me dejó esta visita, con cargo a que en un informe posterior realice un análisis más completo, en mayor profundidad y con mejor documentación. Comparto ahora estas primeras ideas porque la situación en el Tigre es muy tensa y es importante llamar la atención de lo que sucede aquí, con la esperanza de que visibilizar el problema contribuya a que se tomen acciones para evitar un desenlace violento, algo que podría ser inminente.
Contaminación minera en una zona de contaminación petrolera
Las noticias que circulan sobre el bloqueo del río lo presentan como una respuesta de las comunidades nativas frente al avance de la minería ilegal en la cuenca. Si bien esto es cierto, este no es el único reclamo y la situación es mucho más compleja. Un primer elemento de contexto es que en esta zona ha habido ya aproximadamente 50 años de extracción petrolera. El bajo Tigre, donde se ubica Libertad, está aguas abajo de los lotes históricos del río Corrientes y el alto Tigre (Lote 8 y el 192, antes 1AB). Esta zona no está clasificada como un área de influencia directa de las empresas petroleras (por lo que no accede a las mismas dinámicas de compensación y remediación), pero sí accede a otros mecanismos como los desarrollados en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero del departamento de Loreto.
Este Plan se aprobó en 2020 por exigencia de las organizaciones indígenas que, además de remediación ambiental, demandaban inversiones para la mejora de servicios básicos, conectividad vial y proyectos productivos para las cuencas impactadas. En concreto, el Plan destina S/ 200 millones anuales a partir del 2023 para cinco provincias del ámbito petrolero de Loreto y sus 25 distritos, hasta el 2049. Es decir, un promedio de 8 millones anuales por distrito, que en el caso del distrito de Tigre llegan a su municipio ubicado en Intuto, varias horas río arriba. En Libertad perciben que los beneficios no llegan de forma adecuada y que, más aún, hay un historial largo de incumplimientos, mesas técnicas que no llegan a nada y promesas de proyectos que no se concretan, en particular los referidos a agua y saneamiento.
En este contexto aparece una nueva amenaza: la minería ilegal. Esta también ocurre río arriba, replicando el patrón de que las comunidades aguas abajo reciban la contaminación, pero sin acceder a los "beneficios" de empleo o pagos directos a las comunidades que provee la minería. Los testimonios coinciden en que la presencia de dragas se ha multiplicado en los últimos años, con informes de aproximadamente 19 dragas operando en comunidades como Paiche Playa, Bolognesi o Nuevo Canaán.
La población ha soportado décadas de contaminación petrolera y ahora tienen la amenaza de la contaminación por mercurio proveniente de la minería. Aunque no hay estudios actualizados que den cuenta de los niveles reales de contaminación, las comunidades del bajo Tigre perciben que estarían pasando por una especie de muerte lenta por la alta contaminación generada por las industrias extractivas en la cuenca. En ese sentido, tiene mucha lógica que la demanda principal sea por el acceso saludable al agua. La expansión reciente de la minería vuelve el panorama insoportable y, en la mirada de la población local movilizada, justifica una medida tan drástica como el cierre del río.
Un desafío de seguridad y soberanía nacional
Todos los testimonios recogidos en la zona y en las entrevistas con actores involucrados coinciden en que la minería en el Tigre está controlada por colombianos que pertenecen a grupos armados. Los expertos consultados indican que se trata de disidencias de los Comandos de la Frontera, disidencias de las FARC con presencia en otros ríos de Loreto como Putumayo y Nanay.
Como sabemos, la minería en ríos es ilegal, más aún cuando en este caso ni siquiera cuenta con procesos de formalización en curso. En ese sentido, es sorprendente que no haya una respuesta decidida del Estado para realizar acciones de interdicción y control sobre una actividad ilegal que, además, está controlada por grupos armados extranjeros. La perplejidad es mayor si consideramos los entredichos fronterizos recientes entre Perú y Colombia y la insistencia narrativa del régimen político peruano sobre la no injerencia extranjera en asuntos que socaven la soberanía nacional. Es, además, increíble que las Fuerzas Armadas peruanas, que en años recientes han aumentado notablemente su presupuesto y su secretismo en la adquisición de armamento, no reaccionen con firmeza ante una clara amenaza a la soberanía peruana como es la presencia de grupos armados colombianos en los ríos de Loreto.
Estos grupos realizan extracción de oro que no paga impuestos en el Perú, atormentan a las comunidades locales y generan problemas de salud pública, todo ello sin ningún tipo de consecuencia práctica. Más aún, las fuerzas de seguridad son conscientes de que estos grupos armados tienen antecedentes de extorsión a empresas petroleras en Colombia, algo que podría replicarse en Perú. Este tema constituye un grave desafío de seguridad que no está siendo abordado adecuadamente por las autoridades.
Hay, no obstante, limitaciones estructurales. La dificultad de patrullar una red hidrográfica extensa y dispersa como la de Loreto no es menor. A esto se suma la falta de embarcaciones y personal, y la imposibilidad de actuar en acciones de control territorial si no hay un estado de emergencia declarado. Los costos operativos son altos: mientras un operativo en el Nanay podría costar 300 mil soles para destruir 20 dragas; un solo operativo en el río Tigre podría costar el doble. A esto se suman las descoordinaciones logísticas y los peligros de filtración de información en los operativos.
Un elemento que quedó plenamente demostrado en esta visita fue que el río Tigre es actualmente una ruta de abastecimiento para la minería en el Nanay. En el Nanay hay dos puestos de control: uno policial en Allpahuayo Mishana (el puesto de Yarana) y otro en Santa María del Nanay, donde está la comisaría y también un puesto de la Marina. Al haber mayor control en el Nanay, buena parte de los insumos para esta actividad están entrando por el río Tigre, específicamente, a la altura de las comunidades de San Andrés y Santa Elena, desde donde inician trochas por donde pasan el combustible, los motores y diferentes insumos requeridos por la minería ilegal en el Nanay. Esta dinámica de paso clandestino de insumos desde el Nanay hacia el Tigre se incrementó en los últimos meses, luego de que hubiera acciones de interdicción en junio en el Nanay.
Demandas de las comunidades del Bajo Tigre
El cierre del río Tigre en Libertad tiene como pedido visible la lucha contra la minería ilegal, pero este no es el único pedido. Como mencioné, luego de décadas de contaminación petrolera e incumplimientos del Estado, el pedido principal es que se concreten proyectos de agua y saneamiento en las comunidades. Esto no es algo nuevo; es algo que el Estado ya ha ofrecido a través de acuerdos firmados en el marco de las negociaciones vinculadas con los problemas del petróleo y del Plan de Cierre de Brechas.
Otro pedido concreto es que se establezcan puestos de control en el río, como los que existen en el Nanay, pero que no sean operados únicamente por la Policía y la Marina, sino que incluyan participación comunitaria.
El resto de los pedidos se relaciona con cuestiones más generales de desarrollo: electrificación, mejora de la educación, mejora de la salud, proyectos productivos alternativos que den valor agregado a la producción local, entre otros. Las condiciones de pobreza de la zona son bastante visibles y explican, en parte, por qué la población opta por participar en labores de minería o por brindar servicios a los mineros, ya sea como motoristas, buzos o transportistas de los insumos que requiere la actividad.
Otro pedido en Libertad es la creación de un distrito con capital en esa comunidad, debido a que se percibe que el presupuesto que pasa por el municipio de Intuto no distribuye adecuadamente proyectos ni servicios en toda la cuenca, especialmente considerando las grandes distancias y la complejidad logística. En este sentido, la demanda de fondo es la de siempre: que el Estado cumpla con su trabajo, con sus responsabilidades y honre sus promesas y acuerdos firmados.
Actividades ilegales y división entre los pueblos indígenas
Las comunidades de la parte alta de la cuenca están divididas de las de la parte baja respecto a la minería. En la parte alta, donde las comunidades están representadas por la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT), se desarrollan con mayor fuerza las actividades mineras. En la parte baja, donde ejerce representación la FECONABAT, no hay tanta minería, pero sí está el paso hacia el Nanay. Ambas federaciones son parte de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), base regional de AIDESEP, y deberían fortalecer su trabajo conjunto.
A nivel nacional los dirigentes indígenas enfrentan un problema generalizado: la penetración de actividades ilegales (coca, madera, minería) en las comunidades nativas. Estas actividades ofrecen acceso a dinero en efectivo, ya sea a través de pagos por dejarlos operar en el territorio, mediante la contratación de mano de obra o simplemente dinamizando la economía. Esto genera que, cuando llegan representantes de ONGs o los propios dirigentes de federaciones indígenas, la respuesta de las comunidades sea: "¿qué me das a cambio para que yo no haga minería?" Y si la respuesta es simplemente un discurso o una apelación a principios morales, no tiene la misma efectividad que el dinero contante y sonante que provee la minería o el resto de las actividades ilegales.
En este contexto, el cierre del río en la comunidad de Libertad configura una bomba de tiempo. La movilización es costosa para todas las partes: genera tensiones, división entre comunidades y al interior de estas, resistencia de quienes no participan en la medida de fuerza, potenciales represalias por parte de los mineros ilegales y también una posible salida represiva desde el Estado. En un contexto de precariedad prolongada y frustraciones acumuladas durante décadas, el riesgo de una salida violenta es alto. Los dirigentes, por su parte, afirman que no cederán, con discursos que apuntan a la radicalización: "Si tenemos que derramar sangre, lo haremos". Los dirigentes podrían tener una estrategia más mediática para presionar la acción del Estado, antes que apelar al secretismo que genera divisiones y podría desencadenar hechos de violencia. Sin embargo, es cierto que varios dirigentes están atemorizados por las potenciales represalias por parte de los mineros.
Medidas para evitar un desenlace violento
¿Qué hacer para evitar un desenlace violento? La solución a los problemas en el bajo Tigre no es sencilla y puede ser abordada en varios niveles. En lo inmediato, una comisión estatal con actores con poder de decisión debe llegar a la zona y alcanzar acuerdos concretos con las comunidades que protestan, de manera que el río se desbloquee sin violencia. Esto implica cumplir con acuerdos ya establecidos, pero garantizando su implementación.
Antes de que la expansión de la minería crezca exponencialmente como ocurrió en el Nanay, debe haber también acciones de interdicción a cargo de la Marina y la Policía Nacional, pero en el marco de una estrategia de presencia estatal sostenida. En el corto plazo es recomendable instalar puestos de control en el Tigre: en Libertad, San Andrés y Santa Elena, con participación de las comunidades, para evitar tanto el tráfico de insumos hacia la minería en el Nanay como la proliferación de dragas en el alto Tigre, pero, sobre todo, la vulneración a la seguridad y soberanía nacional que supone el control territorial ejercido por actores extranjeros armados.
En el mediano plazo, deben desarrollarse estudios de calidad del agua para evaluar los niveles de mercurio y establecer si existe ya una contaminación preocupante o, al menos, contar con una línea de base que permita monitorear el problema en el futuro. Esto debe incluir análisis de mercurio en peces y en el cabello de las personas.
Dicho esto, la solución sostenible para la cuenca del Tigre pasa por la implementación efectiva de los acuerdos ya firmados, en el marco de una estrategia integral de desarrollo territorial. Para ello se necesita un cambio en la actuación de las instituciones estatales en todos los niveles, que suelen enfocarse en obras de infraestructura percibidas por la población como oportunidades de corrupción, pero sin mayores resultados. El Estado está en la obligación de garantizar servicios básicos de educación y salud.
En otro plano, es fundamental que las propias federaciones indígenas, con apoyo y acompañamiento activo del Estado y la cooperación internacional, atiendan el impacto masivo de la minería ilegal (y otras economías ilegales) sobre los pueblos indígenas, antes de llegar a un punto de no retorno.
La historia de contaminación, incumplimientos y precariedad crónica es en sí misma una historia de violencia. La expansión de la minería ilegal en una cuenca que ha soportado décadas de extracción petrolera, sin mayores resultados de mejora en el bienestar de la población, es motivo de alarma. Pero el punto más urgente actualmente es garantizar el desbloqueo del río, sin violencia y sin profundizar la frustración de una población que se siente abandonada.