El salvavidas de Lucero Coca: Procurador regional y consorcio delatan a César Acuña
En exclusiva, para Epicentro Tv, habla el procurador del Gobierno Regional de La Libertad, quien, pese a ser íntimo de César Acuña en Alianza para el Progreso (APP), reconoce que la gestión de su líder le facilitó el camino a la empresaria sin experiencia Lucero Coca Condori para que gane una medida cautelar y se quede con una obra de S/121 millones. Todo pese a que este contrato fue anulado en Trujillo por hallarse acreditaciones de trabajo falsos. El consorcio de Coca, poniéndole candado al asunto, le advierte a Acuña que denunciará a sus funcionarios si vuelve a tratar de desvincularse de ella.
César Acuña se sintió victorioso el último lunes, 29 de setiembre. Una semana antes, según reveló Epicentro Tv, un centro de arbitraje le otorgó al consorcio de Lucero Coca, la empresaria favorita del gobernador de La Libertad, una medida cautelar para seguir construyendo el Corredor Vial Norte, pese a que su contrato fue anulado.
Acuña, en su intento por desvincularse del escándalo de corrupción de las Coca Obras, contradijo a Coca. "La obra pasa a ser administrada por el Gobierno Regional. Ahorita no tiene que ver nada la empresa. Buscaremos a (otra) empresa que continúe la obra", declaró, en una conferencia de prensa.
Pero los ingenieros del Consorcio Vías Huanchaco, representados por Coca, no han dejado de administrar la obra ni quieren irse. De hecho, se han instalado en las tres plantas de un edificio de la urbanización La Estancia, en el balneario turístico de Huanchaco, en Trujillo. Por aquí pasa la carretera de 9 kilómetros que están construyendo.
Quien tiene que hablar también es el procurador del Gobierno Regional y cercano al virtual candidato presidencial de APP, Pedro Armas. Abordado en la calle, reconoció que la gestión de Acuña le dio facilidades a Coca para asegurarse la permanencia en la obra del Corredor Vial Norte, tanto en el contrato como en declaraciones públicas que le sirvieron de sobreaviso a la empresa para actuar a tiempo.
Ventajas para Coca
Un día después de romper el contrato de Coca, el 9 de setiembre, el procurador del Gobierno Regional de La Libertad, Pedro Armas, pidió al Centro de Administración de Arbitrajes y Resolución de Disputas CAARD S.A., con sede en Lima, "que declare válida y eficaz la nulidad del contrato" de Coca.
Armas es íntimo de Acuña. Pese a ser el responsable de defender los intereses del Gobierno Regional y no de su jefe, está afiliado a APP y candidateó dos veces para alcalde distrital de Casa Grande, en La Libertad, por el partido de la "plata como cancha".
Coca, al igual que Armas, tramitó un arbitraje, a fin de que un abogado privado, el árbitro, decida si el Gobierno Regional de Acuña tuvo razón al anular el contrato por documentos falsos o no.
Pero Coca lo hizo a su manera. Se dirigió al Centro de Conciliación y Arbitraje Galilea, con sede en Chiclayo, sin pedir un arbitraje normal, sino uno "de emergencia", exprés. Y se lo concedieron. Galilea, en su reglamento interno, permite que esta figura legal se aplique "cuando una de las partes se encuentre en situación de urgencia".
Coca lo quiso así. Armas no. Lucero Coca buscó que no se paralice su obra de S/121 millones, y así lo consiguió.
Solicitud Arbitral Acuña_watermark by Epicentro TV
La solicitud arbitral que la gestión de César Acuña no ha hecho público hasta ahora. No piden ninguna medida cautelar, a diferencia de Coca.
Pero la propia gestión de Acuña no pasa inadvertida. Cuestionado por sus actos, el propio procurador admite que Lucero Coca pudo escoger el centro de arbitraje que quiso y bajo la modalidad especial de "emergencia" porque en ninguna cláusula de su contrato se especifica a qué centro de arbitraje debe acudir si hay problemas con el Estado.
"¡Me dejan la cláusula abierta!", se queja Armas, entrevistado por este medio. "Ni siquiera ponen un centro de arbitraje, como el de la Cámara de Comercio, lo dejan abierto", se lamenta, tras tardar en reconocer los errores.
Sin embargo, el procurador apepista alega que él planteó primero el proceso de arbitraje normal, lo que al final va a prevalecer y resolver a su favor.
El Consorcio Vías Huanchaco, en respuesta, lo desmiente: en concreto, muestran papeles en los que Acuña pidió su arbitraje a las 20:50 de la noche, mientras que Coca se fue a tocar las puertas de Galilea con su pedido exprés a las 10:43 de la mañana. Más de diez horas de diferencia.
Y el que se adelanta gana. Y Coca ganó. "En el arbitraje es muy sencillo de interpretar. Quien presentó primero su solicitud de arbitraje es el que prevalece. Por eso, esto es consecuencia de un acto corrupto o negligente", indicó la abogada Mónica Sánchez, expresidenta del centro de arbitraje del Colegio de Ingenieros.
Guerra avisada no mata gente
Armas se queja de algo más: Acuña y su gerente general, Martín Namay, hicieron algo indebido: avisarle a Lucero Coca lo que iban a hacer.
Una semana antes de la anulación, el 3 de setiembre, Acuña y Namay aparecieron en medios de prensa revelando que habían encontrado documentos falsos y que podían anular el contrato de Coca.
"Si hay falsedad de documentos, en aras de la transparencia, tenemos que tomar decisiones y anular el contrato. Este es un mensaje: transparencia y honestidad", dijo Acuña en esa ocasión.
Namay incluso señaló que iban a tener "hoy o mañana los informes técnicos y legales y posiblemente se pueda dar la nulidad del contrato". Eso ocurrió un miércoles. El lunes 8, a las 9 de la noche, consumaron lo que advirtieron, y a la mañana siguiente Coca actuó.
"Consideramos que cuando alguien quiere hacer las cosas, obviamente tiene que ser reservado. No debió tocarse esos temas porque eso es poner en sobre aviso a la otra parte", reconoció el procurador Armas a Epicentro Tv.
El pedido de Coca llegó a manos del árbitro de emergencia Jhon Malca Saavedra, quien el último 19 de junio fue designado como director de Fiscalizaciones y Sanciones del Ministerio de Transportes de Comunicaciones por su propio titular, César Sandoval Pozo, otro íntimo de César Acuña.
Con la medida cautelar exprés, Coca también fue favorecida por el juez civil-comercial de Lima Juan Pablo Rengifo Santander, quien ordenó a Acuña cumplir con la decisión del árbitro de emergencia.
Recién el 17 de setiembre, después de haber pedido un arbitraje normal, el procurador Pedro Armas fue al centro CAARD S.A. a exigir también una medida cautelar por medio de un "arbitraje de emergencia". Se lo concedieron, pero no sirvió de nada. Quien tenía las de ganar era Coca.
"Esta disputa (entre Coca y el Gobierno Regional) es una farsa. Por principio de temporalidad, el que interpone primero (la solicitud de arbitraje) es el que prevalece. Lucero Coca busca continuar la obra, no dejar escapar los S/121 millones, mantenerse con los adelantos, por eso le han dejado la mesa servida a ella", señala la abogada Mónica Sánchez.
Coca despacha a funcionarios
El ingeniero Mario Castro Huamán es el residente de la obra del Corredor Vial Norte, que busca conectar a Trujillo, el balneario de Huanchaco y el aeropuerto internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos con una nueva autopista. Tiene apenas tres meses trabajando para el consorcio de Lucero Coca.
Castro dice desconocer cómo la joven de 23 años ganó una obra de S/121 millones, pese a no tener experiencia en construcción. "Yo no conozco su empresa. A mí me contrató el gerente del proyecto (Carlos Carrasco). Nosotros somos técnicos. Venimos a ejecutar un contrato, somos empleados", responde a Epicentro Tv.
Lo que tiene muy claro el ingeniero Castro son sus derechos.
El 17 de setiembre Castro se enteró que el Gobierno Regional iba a cumplir "una constatación física de la obra por la declaratoria de nulidad del contrato". Lo supo frustrar, según narra.
"Vino el Gobierno Regional con un notario público. Iniciaron un recorrido. Yo me acerqué y le dije al notario ‘señor, nosotros tenemos un documento, usted no está enterado, tome conocimiento de que lo que hacen es irregular’", recuerda Castro, enseñándoles la medida cautelar concedida por Galilea. "Me contestaron que solo venían a constatar el avance. No dijo que venían a ejecutar la nulidad", recuerda, cuestionando el cambio de postura.
Para zanjar el asunto, Coca le envió dos días después una carta al gerente general de Acuña, Martín Namay, y otros funcionarios con un claro mensaje: "Cualquier acto de resistencia, desacato u omisión será denunciado de inmediato por el consorcio ante todas las instancias competentes, agotando todos los mecanismos legales para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos irregulares".
La culpa no es mía
El mismo día en que Acuña se sintió victorioso, el lunes 29 de setiembre, Epicentro Tv abordó a Rogger Ruiz Díaz, gerente general adjunto de la gestión regional.
Ruiz dijo que ni él ni el procurador Armas sabían de que el Poder Judicial había validado lo obtenido por Coca en Galilea, tras preguntarle por la resolución del 13.° Juzgado Civil Comercial de Lima, que conmina a Acuña a obedecer al árbitro exprés.
Pero su sorpresa no parece compartirla su copartidario y jefe.
El viernes 12 de setiembre, César Acuña anticipó lo que hará, si las cosas le salen mal: "Nos vamos a imaginar: Si la empresa presenta una medida cautelar, yo pido al Poder Judicial, por el bien de los trujillanos, que respete la legalidad, y la legalidad es que está bien anulado (el contrato), y no se vayan a prestar a actos de corrupción, porque ustedes saben que hay corrupción en la Fiscalía, en el Poder Judicial... ¡ahí quiero verlos! No me imagino que un juez dé medida cautelar, no estaría bien que se presten a estas cosas".
Esta declaración la dio a las 11 de la mañana de ese viernes, cuando Coca aún no había comunicado al Gobierno Regional su victoria en Galilea. Según el sello de recepción, lo hizo sobre las 15 horas. Acuña se volvió a anticipar.