El último viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dio en la yema del gusto a la investigada exfiscal de la Nación Patricia Benavides: aprobó un informe que propone acusar por infracción constitucional a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia e inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por 10 años.
Recordemos que la Junta interpretó que el requisito de tener hasta 75 años es solo para ingresar a este órgano, pero el informe aprobado interpreta que es también para permanecer en la Junta y que todo magistrado que cumpla 75 años en funciones debe ser automáticamente cesado, lo que no ocurrió con Inés Tello cuando cumplió esa edad.
Recordemos que Villanueva ha declarado que les ofrecía a los congresistas – en nombre de Benavides – que removieran a los miembros de la JNJ porque la están investigando por haber removido fiscales para favorecer, por ejemplo, a su hermana acusada de liberar narcotraficantes a cambio de dinero.
Después de una serie de intentos frustrados, el Congreso da un nuevo paso para concretar el objetivo de Benavides: descabezar al órgano que la investiga con la finalidad de regresar a la Junta de Fiscales Supremos y recuperar el poder que ostentaba hasta la ejecución del operativo Valkiria.
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David Gómez-Fernandini G.
