Este es el documento final de la ley que, con la excusa de devolver la autonomía a las universidades, lo que hace, en términos reales, es modificar la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, la entidad que debe supervisar con total independencia el comportamiento de las universidades públicas y privadas, protegiendo los intereses de los estudiantes y exigiendo niveles mínimos de calidad educativa y de infraestructura académica.
El Consejo Directivo de la SUNEDU, desde ahora, estará integrado por dos representantes de universidades públicas, un representante de universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), un representante del Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), un representante del Ministerio de Educación y un representante del Colegio Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú.
La importancia de este Consejo Directivo de SUNEDU, en el que ahora participan representantes de las mismas universidades que deben ser fiscalizadas, es que elige al superintendente de la institución.
Los representantes de las universidades que serán parte de este consejo serán elegidos en una convocatoria nacional por los rectores de las universidades públicas y privadas más antiguas, con órganos de gobierno constituidos.
La ley también establece que los miembros del Consejo Directivo son electos por un plazo de 3 años sin posibilidad de reelección.
Igualmente, aclara que ningún miembro del Consejo debe ser accionista en universidades o empresas vinculadas, así como cónyuges y familiares hasta el tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad.
Una vez entrada en vigencia esta ley, hay un plazo de 30 días calendarios para establecer quiénes serán los miembros del nuevo consejo directivo de SUNEDU.
Y ese es el asunto que convierte a esta “papa caliente” hecha ley en el centro de una carrera contra el tiempo para las muchas bancadas interesadas en su promulgación.
El presidente Pedro Castillo, una vez salida esta ley del seno del congreso, tiene 15 días hábiles para observarla o promulgarla.
Si la observa y la retorna al congreso, podría o no estar en la agenda del parlamento de manera inmediata. El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, quien ha pedaleado con todas sus fuerzas para que esta ley sea debatida y aprobada, tiene tres caminos: insistir con la fórmula de la ley emitida, aceptar las observaciones y allanarse o formular un híbrido, con lo que se necesita debatir un nuevo dictamen, que volvería a la votación.
Las continuas postergaciones en agenda y la ausencia de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, en la conducción de tan candente debate y votación de esta ley, hace asumir que podría tener una visión discordante a su bancada o que la temperatura alta no le va bien. Terminar su mandato presidencial con la aprobación final de una ley rechazada por la opinión pública tan furibundamente, no es la mejor foto final.
No olvidemos que el día que se acaba esta legislatura, a mediados de julio, es el día en que se desactivan todas las comisiones del congreso, en espera de nuevas presidencias. El cronómetro ajusta.
Los interesados tendrían entre tres y cinco semanas para meter la discusión de la ley en agenda. Y se viene la de representación de mayo.
Los días que vienen serán de carreras y tal vez de atropellos.
Documento final de la ley aquí:
