El espejismo del retiro de la Corte IDH
Mientras el pacto oficialista busca blindar con leyes de impunidad y promover el retiro de la Corte IDH, el tribunal interamericano llama a jueces de Perú a abstenerse de aplicar amnistía a policías y militares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha vuelto a recordarle al Estado peruano que la justicia no se negocia y menos cuando se trata de crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas y policiales. El tribunal ratificó la orden de inaplicar cualquier norma que busque amnistiar a militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos. Un golpe directo al corazón de la estrategia del pacto oficialista que, bajo el pretexto de la defensa de la soberanía, pretende cubrir con un manto de impunidad las violaciones de DDHH.
🔴Corte Interamericana de Derechos Humanos emite resolución en la que ratifica su orden de no aplicación de la ley que concede amnistía a los violadores de los derechos humanos cuyos crímenes hayan ocurrido entre 1980 y 2000. Recuerda que los jueces deben abstenerse de conceder… pic.twitter.com/QliqHSn4cd
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 5, 2025
La resolución de la Corte IDH es la confirmación de que la Ley de Amnistía, recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en desacato al organismo internacional que había dispuesto que suspendiera el trámite de la ley, es incompatible con los estándares internacionales y su aplicación no sólo sería ilegal, sino que abriría la puerta a responsabilidades internacionales por desacato.
La resolución es vinculante. Eso significa que cualquier juez o tribunal nacional que pretenda aplicar la Ley de Amnistía estaría incumpliendo el control de convencionalidad, que obliga al Estado en su conjunto a garantizar que los fallos de la Corte se respeten. En términos prácticos, esta ratificación congela la aplicación de la norma hasta nuevo pronunciamiento y refuerza la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, crímenes que la propia Corte ha calificado como de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.
🚨#Último | Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) denunció ante la @JNJPeru al juez Richard Concepción Carhuancho para que sea destituido, acusándolo de no aplicar leyes aprobadas por el Congreso, como la de amnistía. Lo llamó “juez prevaricador” y dijo que “se burla del sistema… pic.twitter.com/1vspoVKoAx
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) August 26, 2025
También advierte al Estado peruano que no puede utilizar la soberanía como escudo frente a obligaciones ya asumidas en el marco del Pacto de San José, que el Perú suscribió en 1977 y ratificó en 1978 convirtiéndose en Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta decisión de la Corte IDH llega en un momento en que el gobierno de Dina Boluarte impulsa un proyecto para retirar al Perú de la competencia de este tribunal supranacional, con el falso argumento de que el Sistema Interamericano de DDHH amenaza nuestra soberanía y defiende a terroristas, calcando lo que hizo el gobierno de Hugo Chávez en 2012, cuando denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y retiró a Venezuela de la competencia de la Corte IDH un año después. Sin embargo, el espejismo se desvanece a la luz de la jurisprudencia sobre el caso venezolano.
En 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó "dejar sin efecto la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos presentada el 10 de septiembre de 2012 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) [...] y reafirmar el pleno derecho y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención desde el 10 de septiembre de 2013 en adelante".
Ese mismo año, el presidente "encargado" reconocido por la OEA, Juan Guaidó, presentó el instrumento de ratificación de la Convención Americana ante la Oficina del Secretario General de la OEA señalando que El Estado venezolano "reconoce de manera incondicional como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia y el poder jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha Convención, como si nunca hubiese tenido lugar su pretendida denuncia presentada, ello es ab initio y con efectos retroactivos al 10 de septiembre de 2013, fecha en la cual habría entrado en vigor dicha denuncia".
Hace una semana, la Corte dictó una sentencia histórica: ratificó su competencia sobre Venezuela dejando en claro que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue plenamente vigente en el país desde 1977 y que mantiene competencia para conocer los casos de violaciones cometidas por el Estado venezolano incluidas las ocurridas después del retiro ordenado por Hugo Chávez en 2013. En otras palabras, es como si Venezuela nunca se hubiera retirado de la competencia de la Corte IDH.
A fines de 2022 e inicios de 2023, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre quien la presidenta Dina Boluarte tiene mando y comando, asesinaron a 49 personas durante la represión a las violentas protestas que se desataron tras el autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. En ese momento, el Pacto de San José estaba plenamente vigente y, por lo tanto, un eventual retiro de la Corte IDH no impedirá que el caso llegue a esta instancia supranacional si la justicia peruana no sanciona a los autores materiales y mediatos.
El efecto para el caso peruano es indefectible: Boluarte y su Congreso pueden denunciar el Pacto de San José, pero no les alcanzaría el tiempo para materializar el retiro del Estado peruano de la Corte IDH. El trámite quedará en manos del próximo gobierno y el próximo Congreso, quienes podrían revertirlo. Pero incluso si logran concretar nuestra salida, más temprano que tarde llegará el momento de la reconstrucción de nuestra democracia y el Estado peruano le pedirá a la Corte dejar sin efecto ese retiro, y el tribunal, siguiendo el precedente de Venezuela, sentenciará que todas las violaciones de DDHH perpetradas incluso luego del retiro del Perú, serán procesadas como si el Estado peruano nunca hubiera abandonado el sistema.
* David Gómez-Fernandini G.
Periodista peruano con 20 años de experiencia. Ex reportero de los programas de investigación periodística Prensa Libre y Cuarto Poder de América TV. Maestrando en Ciencia Política.