Congreso entorpece lucha contra organizaciones criminales
El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que busca redefinir el delito de organización criminal y cambiar el procedimiento en los allanamientos judiciales a las bandas criminales. Con esta norma, los fiscales y policías tendrán que avisarles a los sospechosos cuando vayan a allanar sus inmuebles y esperar a que lleguen los abogados para poder iniciar las diligencias. La propuesta proviene del congresista Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón.
Nuevamente el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que ha generado una ola de críticas debido al impacto negativo que podría tener en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Se trata del dictamen del proyecto de ley Nº 5981 que propone modificar el Código Penal y la Ley Contra el Crimen Organizado, entre otras, para cambiar la tipificación del delito, así como el procedimiento que realizan las autoridades durante las investigaciones.
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El dictamen fue aprobado en primera votación este jueves, con 52 votos a favor, 13 en contra y 32 abstenciones. La propuesta había sido votada el miércoles pero quedó sin resolver porque el número de abstenciones fue mayor al de los votos a favor y en contra.
El presidente de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista de Perú Libre Américo Gonza, argumentó que, debido a que se reunió con todas las bancadas que tenían dudas sobre la iniciativa, el dictamen estaba listo para ser votado nuevamente sin debate previo.
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La parlamentaria Ruth Luque negó haberse reunido con el congresista y aseguró que el dictamen no había sido modificado frente a las observaciones que se realizaron. Luque señaló que la principal crítica a la norma es el cambio que se está realizando a la definición de organización criminal en el Código Penal.
“La principal observación es que se está modificando la definición de organización criminal. No está siendo consciente el equipo técnico porque con esta definición están poniendo en riesgo varias investigaciones (...) no han hablado ni con el Ministerio Público ni con el Poder Judicial”, dijo.
De igual manera, la congresista Susel Paredes se mostró en contra del dictamen y destacó que una de las modificaciones más controversiales que se plantean es la relacionada con los allanamientos que realiza la fiscalía.
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“¿Entonces, cuando entraron a la casa de Dina Boluarte? Ahí decían: no vamos a abrir hasta que llegue el abogado y no llegó, y abrieron la puerta. Si lo que se trata es de entrar sin que se preparen. Vamos a ver a Los Injertos y van a esperar a que vengan su abogado. No puede ser (...) el allanamiento tiene que ser sorpresivo para encontrar lo que hay en ese momento”, criticó.
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Sin mayor debate, los parlamentarios pasaron a votar quedando los resultados así:
“Es una norma pro delincuencia”
El dictamen aprobado en primera votación recae en el proyecto de ley presentado por el congresista Waldemar Cerrón Rojas, hermano del prófugo condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.
¿Qué propone el dictamen? Primero, modifica el artículo 317 del Código Penal que tipifica el delito de organización criminal.
La nueva definición señala que la estructura de la organización criminal debe ser compleja, desarrollada y con capacidad operativa. Para el exviceministro en Seguridad Pública y criminólogo Nicolás Zevallos, este cambio puede atar de pies y manos al sistema de justicia que investiga a las organizaciones criminales ya que el crimen organizado, dice, “asume formas muy flexibles y adaptativas”.
La modificación también precisa que serán investigadas y sancionadas como organizaciones criminales aquellas que cometan delitos graves con penas mayores a los 6 años de cárcel. De esta manera, se estaría dejando de lado a quienes cometen delitos de corrupción como tráfico de influencias, colusión, negociación incompatible, etc.
El abogado penalista Rafael Chanjan recordó en su cuenta de X que la Convención internacional de Palermo sobre delincuencia organizada “solo exige que organizaciones criminales cometan delitos que tengan una pena de al menos 4 años de cárcel, pero en el Perú ahora se exige, de manera arbitraria, que supere los 6 años”.
El mismo cambio se realiza en la Ley Contra el Crimen Organizado. Pero son las modificaciones hechas a la Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, las que han generado más polémica aún.
El dictamen modifica el artículo 2 de esa norma, referido a las medidas limitativas de derechos. Además de imponer excepciones a los pedidos de levantamientos bancarios de los investigados, se ha cambiado el proceso de allanamiento de inmuebles. Si esta norma se aprobara en segunda votación, los allanamientos tendrán que ser solicitados previamente y deberán contar con la presencia obligatoria del abogado del investigado. Es decir, no habrá más allanamientos sorpresivos y la fiscalía y la policía deberán esperar a que primero lleguen los abogados de los integrantes de las supuestas organizaciones criminales.
El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, ha criticado la aprobación del dictamen asegurando que es una “norma pro delincuencia”. Asegura que los congresistas están legislando de manera sesgada pensando solo en las organizaciones criminales que cometen delitos contra la corrupción y no están considerando el impacto negativo que tendrá sobre organizaciones criminales relacionadas a delitos como la trata de personas o extorsiones.
“Notros vamos a detener a organizaciones criminales de tratantes. ¿Usted cree que cometemos un abuso cuando vamos a detener a un delincuente que está explotando sexualmente a las víctimas, a las cuales no solo las maltratan, las torturan y las matan? ¿Quién defiende a esa sociedad? Esta es una norma pro delincuencia y después se llenan la boca diciendo que defienden a la sociedad”, dijo.
El fiscal Chávez Cotrina indicó que espera que los parlamentarios reflexionen en una segunda votación y no aprueben el dictamen. Sin embargo, pareciera que eso será mucho pedir.
