Camila era solo una niña cuando empezó a vivir un infierno. Cuando tenía solo 9 años, su propio padre abusó sexualmente de ella por primera vez. Camila no podía comprender por qué la persona que se supone debía protegerla, la lastimaba una y otra vez; incluso amenazando con quitarle la vida a ella, a su hermano y a su madre, una mujer quechua hablante con una discapacidad severa, si le contaba a alguien sobre los abusos a los que la sometía constantemente. Una violencia brutal que le ha dejado profundas heridas psicológicas para el resto de su vida.
“Quiere matarte a ti y a tu familia, te culpa, te dice que lo que está sucediendo es un juego, lo disfraza como un secreto entre ambos. Tuvo grandes secuelas a nivel emocional, a nivel de ansiedad, grandes niveles de estrés y estrés postraumático”, afirmó Noelia Rodríguez, psicóloga y asesora en el área de litigio estratégico de Promsex.
En 2017, cuando tenía 13 años, Camila quedó embarazada resultado de los abusos continuados de su propio padre. Aterrorizada, por fin pudo contar que él la violaba desde hacía 4 años. En el centro de salud de su comunidad, Camila rompió en llanto y le dijo al personal que no quería estar embarazada, ni mucho menos tener un hijo de su padre. Pero su petición fue en vano.
El artículo 119 del Código Penal establece que el aborto está permitido solo “cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente”. Según la Organización Mundial de la Salud “las madres adolescentes tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas”. La guía clínica de interrupción del embarazo establece que la alternativa del aborto terapéutico “debe ser puesta en conocimiento de la gestante afectada para que, de manera voluntaria e informada, pueda decidir si desea optar o no por la referida alternativa.” Pero a Camila nadie le informó que tenía esa opción.
Ximena Orozco, abogada y asesora de litigio estratégico en Promsex, sostuvo que “Camila y su madre estaban en el derecho de conocer, de que se les comunique, de que les den la información para ellas poder ver cuál sería la mejor opción, teniendo en cuenta además que el médico la evalúa y hay un riesgo por ser menor de edad”.
A pesar de que durante los controles prenatales, pedía de forma desesperada no continuar con el embarazo, Camila fue forzada a continuar con una gestación que no deseaba y que ponía en grave riesgo su salud y su vida. Entonces, el 13 de diciembre de 2017, la niña y su madre solicitaron formalmente la interrupción legal de su embarazo, tanto al hospital como a la fiscal encargada de la investigación penal por violación; pero nunca obtuvieron respuesta.
Seis días después, el 19 de diciembre, Camila llegó al hospital con amenaza de aborto y se le diagnosticó “ruptura espontánea de membranas ovulares con eliminación de abundante líquido amniótico y sangrado transvaginal”. Había sufrido un aborto espontáneo.
Pese a que había sufrido una pérdida, un equipo de salud del centro médico se presentó días después en su domicilio - acompañado de personal policial - para exigirle que retomara los controles prenatales. Camila empezó a ser perseguida y responsabilizada por su comunidad no solo por el aborto espontáneo que acababa de sufrir, sino también por el abuso sexual del que fue víctima constante, lo que la obligó a abandonar primero la escuela y, más tarde, su pueblo.
Incomprensiblemente, el 29 de diciembre, la misma fiscal que investigaba los abusos sexuales perpetrados por el padre de Camila, decidió abrirle investigación a la niña por el delito de autoaborto. “Como la fiscal, la niña le había declarado que ella no quería ese embarazo, determinó que esa era la prueba de que ella se había hecho un autoaborto”, explicó la directora de Promsex, Susana Chávez.
La psicóloga Noelia Rodrígueza agregó que Camila “no entendía que algo que había pasado involuntariamente, ella no había hecho nada para que ello sucediese, fuese objeto de una persecución, incluso la pudiesen denunciar, incluso se planteó en algún momento la posibilidad de ¿yo puedo entrar a la cárcel por esto?”.
Camila ya había tenido que relatar y revivir los abusos sexuales de los que había sido víctima y su padre, tras reconocer los hechos, fue condenado a cadena perpetua. Acusada de autoaborto sin ninguna prueba en su contra, Camila fue sometida a nuevas pericias y humillaciones, incluyendo reconstrucciones de los hechos y la exhumación y necropsia de los restos fetales.
El 10 de julio de 2018, Camila fue condenada por el delito de autoaborto y etiquetada como “adolescente infractora”. Primero fue víctima de su propio padre y luego de un Estado indolente y persecutor que la sometió a innumerables vejámenes hasta declararla culpable de un delito que no había cometido.
La madre de Camila, acompañada por Promsex, acudió a todas las instancias judiciales y administrativas dentro del ordenamiento jurídico peruano, en busca de justicia. Agotada la vía interna, en 2020 presentó una queja ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU por la vulneración de sus derechos.
“Su derecho a la información, no se le respetó su derecho a tomar su propia decisión, que la Constitución reconoce, el pedido de la interrupción del embarazo provino de la propia niña, pero también de su tutor legal. Sin embargo, esos dos elementos no fueron considerados, se le expuso en riesgo grave al forzarla a continuar un embarazo y además se le torturó” afirmó Susana Chávez de Promsex.
Pero el infierno de Camila no es un caso aislado, sino que nos enrostra una dolorosa realidad: el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables revela que, de los 11,630 casos de violación sexual atendidos en los Centros Mujer durante el 2022, el 69.6% de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, cada día en el Perú dan a luz 4 niñas de entre 10 y 14 años, todas víctimas de violación. Solo durante los primeros 4 meses de este año, 302 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, según el Registro del Certificado de nacido vivo del Ministerio de Salud.
“Y estos son solamente los datos registrados, los que llegan a denunciarse. Tenemos otra cara de la moneda que es el no registro, cuántas situaciones de violación sexual o niños que nacen de niñas madres. Es algo que no solo el Estado, la misma sociedad tiene que tomar en cuenta”, agregó Ximena Orosco.
El 13 de junio de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que el estado peruano violó los derechos a la salud y a la vida de Camila al no proporcionarle información ni acceso a un aborto legal y seguro. El comité consideró que Camila fue objeto de discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social. El dictamen obliga al estado peruano a brindarle atención médica y psicológica, y a resarcir económicamente todo el daño sufrido desde que empezó su calvario. Pero, además, le exige al estado despenalizar explícitamente el aborto en todos los casos de embarazo infantil, debido al grave riesgo para la vida y la salud de las niñas.
En el Perú, pese a que el aborto terapéutico es legal desde hace un siglo y existe una guía médica para su aplicación desde hace una década, las niñas y adolescentes embarazadas se enfrentan a un sistema que no solo les niega sistemáticamente ese derecho, sino que además las criminaliza y las persigue judicialmente por el delito de auto aborto.
“Solo en los últimos años hemos tenido más de 50 casos de denuncias y criminalización por aborto terapéutico, lo cual es bien particular del país. Es legal, pero pese a ello se persigue y se criminaliza a las personas con capacidad de gestar que quieren acceder al servicio”, manifestó Reina Euzcátegui, oficial de programa senior de Planned Parenthood Global.
Latinoamérica es la región con la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, después del África Subsahariana. El movimiento latinoamericano “Son niñas, no madres” surgió en el 2017 con el objetivo de llamar la atención sobre esta epidemia de violencia sexual contra las niñas, y luchar por el derecho de todas a disfrutar su infancia y vivir libres de violencias, incluyendo la maternidad forzada. En 2019, el movimiento, junto a varias organizaciones, presentó los casos de 4 niñas sobrevivientes de violencia sexual, forzadas a la maternidad, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y en 2020 se sumó el caso de Camila ante el Comité de Derechos del Niño.
“Camila no es sino la punta de la lanza porque tras ella vienen los dictámenes de otros 4 casos que son de Ecuador, Guatemala y Nicaragua, que ojalá muy pronto tengan dictamen para seguir cuestionandonos y construir juntos soluciones sostenibles para que las niñas sigan siendo niñas, no madres”, detalló Euzcátegui.
Pero no todos los casos de violación sexual y embarazo forzado de niñas y adolescentes llegan a instancias supranacionales; sin embargo, el estado peruano ya ha sido hallado responsable, en dos oportunidades, por haber dejado en el desamparo a niñas y adolescentes a las que se les negó el acceso al aborto tras ser víctimas de violación sexual. Ahora, gracias al dictamen de la ONU, que obliga al Perú a despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, esa dramática realidad podrá empezar a cambiar.
“Yo creo que es una medida que no está disociada del actual marco jurídico que ya reconoce que el aborto tiene que darse cuando el riesgo de la salud de la mujer está presente, cuando hay un daño grave y permanente y está absolutamente demostrado que un embarazo infantil es una causal de daño grave, permanente, y que además va a transformar la vida”, concluyó Susana Chávez.
Nadie podrá retroceder el tiempo e impedir que Camila sea víctima, primero de un padre que abusó de ella en repetidas oportunidades y la dejó embarazada; y luego de un Estado que le negó el acceso al aborto terapéutico al que tenía derecho y, además, la procesó y condenó, luego de sufrir una pérdida espontánea, por un delito que no habpia cometido. Pero el dictamen del Comité de Derechos del Niño de la ONU le exige al Estado peruano ofrecer un camino de reparación a Camila para que pueda recuperar su proyecto de vida, e implementar las políticas necesarias para impedir que, en el futuro, terribles injusticias como las que padeció Camila se repitan en otras niñas peruanas.
