El fiscal adjunto supremo provisional Luis Germaná está citando testigos para que declaren en el “Caso 87-2023”, por el caso Qali Warma. La investigada es la actual presidenta de la República, por hechos ocurridos cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Una fiscalía suprema investiga a la presidenta Dina Boluarte por presunta negociación incompatible en agravio del Estado, por contrataciones en el programa “Qali Warma” que obtuvo uno de los personajes allegados a ella, Víctor Torres Merino, durante la gestión de la hoy jefa de Estado como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Su condición de investigada está acreditada en una citación cursada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, que dirige el fiscal adjunto supremo Luis Germaná, a una testigo del caso, la profesora Maritza Sánchez Perales.
“... Se ha dispuesto programar su declaración testimonial en la presente investigación, diligencia a realizarse el día martes 30 de enero de 2024, a las 09:00 horas, a fin de que declare sobre los hechos materia de la presente investigación; la misma que se llevará a cabo en forma presencial en las oficinas del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación (...) en los seguidos contra Dina Boluarte Zegarra y otra, por la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible en agravio del Estado”, indica el documento.
Epicentro Tv confirmó la condición de “investigada” de la presidenta Dina Boluarte. A través de la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía de la Nación, el despacho del fiscal supremo Luis Germaná señaló que, “efectivamente, existe una investigación vinculada a Qali Warma en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social por presunta negociación incompatible”.
El presunto beneficiario de cuatro contrataciones en el programa Qali Warma es el docente Víctor Hugo Torres Merino, conocido hombre de confianza de Nicanor Boluarte y de la propia presidenta de la República.
Él mismo ha sido protagonista de audios en los que ha quedado evidenciada su cercanía con los dos hermanos Boluarte. En noviembre pasado, Epicentro Tv reveló tres audios en los que Nicanor Boluarte y Torres se mostraban muy interesados en la permanencia de la profesora Maritza Sánchez al frente de la Dirección Regional de Educación de Lima –pese a la inevitable censura al ministro de Educación de entonces, Carlos Gallardo– para impulsar, desde allí, la ejecución de infraestructura educativa y hacer posible la contratación de personal allegado.
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El 29 de diciembre pasado, al cierre del 2023, la presidenta Dina Boluarte dijo que uno de los logros de su gobierno era que no tenía abierta ninguna causa por corrupción.
“Estamos culminando el año 2023 y podemos decir: este gobierno, con dignidad y con la moral en alto, no hay una sola carpeta que el Ministerio Público haya abierto a este gobierno por temas de corrupción”, dijo ese día la mandataria.
Pero ello dejó de ser así. La figura penal de “negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo” es considerado por el propio portal del Estado peruano como uno de los delitos contra la administración pública, es decir, es considerado un delito de corrupción.
