Familiares de 18 asesinados durante protestas en Puno aseguran que las investigaciones se han estancado. Abogado informó que recién hace una semana se ha identificado a los 5 investigados, 1 militar y 4 policías, en la vía penal.
Demetrio Aroquipa aún habla en presente cuando le preguntan por su hija Jhamileth. Ha pasado un año desde su muerte, pero el sufrimiento por su pérdida está intacto, más aún cuando él y su familia sienten a la justicia tan lejana. “Solo cuando nosotros dejemos de existir cesarán nuestros reclamos para pedir justicia”, dice Demetrio.
Hace exactamente un año, el 9 de enero de 2023, Jhamileth, de 17 años, recibió un disparo en el estómago cuando salió al mercado junto a su familia. Ella había llegado en diciembre a Puno desde Bolivia donde estaba estudiando Psicología. “Ella llegó de vacaciones, en febrero tenía que retomar sus clases. Como había poco tiempo para pasar con la familia decidimos estar juntos para todo, para salir a la calle, al parque a jugar. Ella es una niña, no es una adulta, una hija que quiere pasar tiempo con su familia”, recuerda Demetrio a Epicentro Tv.
Desde muy temprano, ese mismo día, tal como ha reconstruido Human Rights Watch (HRW), miles de manifestantes salieron a las calles de Juliaca, en Puno, manifestando su rechazo a la crisis política que se había desatado en el país desde el 7 de diciembre, día en que el expresidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado. La policía lo detuvo y el Congreso lo destituyó. La entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia y anunció que se quedaría hasta el 2026. Desde ese momento, las protestas y manifestaciones en contra del gobierno de Boluarte se desencadenaron en varias regiones del país.
Pese a que en Juliaca las protestas se iniciaron el 4 de enero, la situación se intensificó cinco días después con el bloqueo del aeropuerto. El 9 de enero las marchas en las calles iniciaron de manera pacífica, sin embargo, con el paso de las horas la violencia escaló causando la muerte de 18 personas. Al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac llegaron más de 450 oficiales, quienes se quedaron apostados ahí junto a cerca de 50 militares.
Según reporta HRW, durante las cuatro horas siguientes, algunos manifestantes intentaron entrar en el aeropuerto “lanzaron piedras con huaracas y dispararon artefactos caseros que combinan explosivos con fuegos artificiales (avellanas) contra la policía. La policía respondió abriendo fuego en dirección a los manifestantes y transeúntes”. Es ahí que empezó lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado en su último informe como masacre.
“Durante una reunión sostenida con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal indicó que todas las personas fallecidas por estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, y/o abdomen de las víctimas”, concluye el informe.
En su recopilación de los hechos, Human Rights Watch confirmó que “15 de las 18 víctimas civiles murieron por heridas causadas por disparos”. En al menos 8 de los casos, las fuerzas de seguridad dispararon directamente a los órganos vitales de las víctimas, como la cabeza y los pulmones. En el caso de Jhamileth fue el estómago. Según la necropsia, el proyectil encontrado en su cuerpo es de cartucho de pistola 9mm. El alcance del proyectil es de 50 metros, lo que significa que el agente que le disparó a la joven de 17 años estaba relativamente cerca.
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🎯 #Réplica | No participaban en protesta y su hija falleció por impacto de bala en Juliaca.
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) January 18, 2023
Demetrio Aroquipa, padre de menor fallecida en Puno: "Mi hija cayó al suelo. La llevamos al hospital y sucede que había un impacto de bala".
Programa completo▶️https://t.co/dnCcOVg6yj pic.twitter.com/shMHm0DZlF
“Yo estuve en la necropsia y le encontraron la bala de 9 milímetros. Nosotros no somos protestantes, mi hija es una niña, no es justo”, agrega Demetrio.
“Solo hemos perdido tiempo”
“Soy el hermano de Marco Antonio Samillán, el biólogo médico internista que fue asesinado cobardemente por la espalda cuando estaba salvando vidas en las inmediaciones del aeropuerto. Luego de las 36 recomendaciones de derechos humanos del informe, lamentamos informar que el proceso de justicia se ve muy lejos de las víctimas, debido a que muchos de mis hermanos son de pueblos muy lejanos a las ciudades, de Sandia, de Carabaya, donde ni siquiera hay acceso. (…) Nosotros vemos la justicia cada vez más lejos porque nos han ido poniendo cada vez más trabas”, contó conmovido.
Con estas palabras, Raúl Samillán Sanga, hermano de uno de los fallecidos durante las protestas en Juliaca, el pasado 9 de enero, se presentó en noviembre del año pasado ante la CIDH. Los familiares de las víctimas y algunos heridos llegaron ante la CIDH para participar de la audiencia de seguimiento a los avances frente a las 36 recomendaciones que dejó el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, presentado en mayo pasado. La CIDH concluyó que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023, contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, lo que provocó la muerte de 49 personas.
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La conclusión entonces de los familiares de las víctimas era que estaban muy lejos de alcanzar la justicia debido a las trabas burocráticas del sistema de justicia. Un año después de las muertes, la sensación es la misma para los deudos.
César Quispe Calsin, abogado de familiares de las víctimas registradas durante las protestas en Juliaca, asegura que el continuo cambio de fiscales y de sedes de la fiscalía que ven el caso ha estancado las investigaciones.
“En tema de tiempos, se ha perdido por lo menos más de medio año porque se han cambiado a 5 fiscales. Empezó con la Fiscalía de Crimen Organizado, luego pasó a una fiscalía penal común. En marzo, se logró instalar la Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca. Cuando se transfirió a esa fiscalía eran 7 tomos de investigación y cuando revisamos nos dimos cuenta de que las anteriores fiscalías no habían hecho diligencias tan importantes como las pruebas de absorción atómica, por ejemplo”, cuenta a Epicentro Tv.
Quispe Calsin señala que, pese a que con el caso en Juliaca se pudo lograr que la investigación tuviera 27 tomos, con información recopilada por los familiares y los propios heridos, luego la creación del Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) volvió a retrasar todo.
“La fiscal Patricia Benavides creó el equipo especial y llevó la investigación a Lima. Aún con el caso dentro del equipo especial, se volvió a cambiar a un quinto fiscal. Entonces, podemos concluir que, este primer año ha continuado la vulneración de derechos para los deudos y los heridos porque se han dilatado las investigaciones, se ha perdido tiempo porque han tratado de buscar impunidad y hemos tenido que navegar contracorriente”, precisa.
Sin embargo, no todo ha sido negativo. Según el abogado de las víctimas de Juliaca, los deudos se han podido organizar y formar una asociación con la cual se han obtenido pruebas documentales, evidencia, videos, fotografías, e incluso la ropa de ciudadanos heridos, que se incluirán en la investigación.
Hasta hace una semana, señala Quispe, se ha logrado incorporar los nombres y apellidos de los 5 investigados (1 miembro del ejército y 4 de la policía) por las 18 muertes ocurridas el 9 de enero del 2023 en Juliaca.
Hoy en Juliaca, las familias han realizado diversas actividades para conmemorar a sus familiares. Demetrio izó una bandera negra en nombre de Jhamileth y hoy se dedicará a contar su historia, para que no la olviden.
En el programa Hablemos Perú de Epicentro.TV, el defensor del Pueblo de Juliaca, Nivardo Enríquez, sostuvo que cada vez que los fiscales necesitan interrogar a los familiares o a los heridos en los hechos de enero de 2023 se desplazan desde Lima hasta Juliaca para realizar las diligencias.
El 27 de noviembre pasado, en medio de las escandalosas revelaciones de la Operación Valquiria sobre las presuntas negociaciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a través de sus asesores con congresistas investigados para canjear apoyo a cambio de impunidad, la fiscal denunció constitucionalmente a la presidenta Boluarte, al primer ministro Alberto Otárola y a tres ex ministros del interior por la muerte de 5 manifestantes en Ayacucho, Cusco, Lima y Puno. El único caso de Puno por el que se presentó esta denuncia constitucional es el de la muerte de Sonia Aguilar Quispe, una rondera que recibió dos impactos de bala en las protestas de Macusani, provincia de Carabaya. Por los otros 17 fallecidos en esa jornada no han sido denunciados los responsables políticos de la conducción de la operación policial y militar.
