El proyecto de la modernización de la Refinería de Talara le ha costado mucho al Peru y le seguirá costando.

La Contraloría General de la República emitió un contundente informe sobre las millonarias pérdidas que tiene el país por los retrasos en la contratación de las unidades auxiliares y trabajos complementarios del proyecto de modernización de la refinería.

La Contraloría concluyó que los retrasos en el proceso de contratación y los desfases en el cronograma han generado hasta el 31 de diciembre de 2020 pagos adicionales por US 269.142.873 y S/ 25.921.519. Y la caja registradora sigue girando. Los retrasos fueron generados por decisiones adoptadas en el Directorio y en los niveles gerenciales y técnicos para modificar las condiciones de contratación a pesar de que el régimen de PetroPerú no lo permitía.

Por estos hechos, la Contraloría encontró posible responsabilidad en 44 personas: 3 presidentes de directorio, 13 miembros del directorio, y gerentes, subgerentes y jefes que participaron en la cadena de malas decisiones.

Los presidentes del directorio de PetroPerú incluidos en este informe de auditoria son Héctor Fernando Reyes Cruz quien ejerció la presidencia desde enero del 2013 hasta julio del 2014; Germán Adolfo Velásquez Salazar, presidente desde marzo del 2015 hasta agosto del 2016, y Luis Eduardo García Rossel, desde diciembre del 2016 hasta marzo del 2018.

El informe de auditoría recomienda poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para que inicie las acciones pertinentes contra los funcionarios, servidores y ex servidores mencionados en la auditoría.  

El informe de la Contraloría también encuentra un hecho de extrema gravedad: la empresa Sinohydro Corporation Limited, integrante del consorcio adjudicado Cobra-SCL, presentó una declaración jurada en la que declaraba no estar sancionada ni insolvente y se detectó que no se ajustaba a la realidad, por lo que PetroPerú debió hacer efectiva la póliza de seriedad de U$ 10 millones conforme está establecido en las condiciones de contratación y no lo hizo.

El informe atribuye responsabilidades por estos hechos y alerta que aun es posible hacer efectiva la póliza. La Contraloría recomienda que antes de liquidar el contrato con el Consorcio se haga efectiva la póliza. Son 10 millones de dólares, poco frente a lo que se ha pagado por los retrasos, pero peor es nada.

El informe completo, aquí.

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