Exclusivo. Epicentro.TV tuvo acceso al explosivo documento que contiene las conclusiones y recomendaciones que presenta la Comisión del Congreso que investigó el derrame de crudo en Ventanilla ocurrido el 15 de enero pasado. Tuberías que datan de 1975 sin mantenimiento, ausencia de válvulas para controlar el flujo del combustible, embarcación para atender emergencias ausente, supervisor de amarre del barco ausente, diferencia entre el crudo reportado a Sunat y el que realmente estaban cargando y carga a velocidad excesiva, peligrosa y no autorizada. Esas son solo algunas de las irregularidades que provocaron la tragedia ecológica. #manchadeirrresponsables.

Son 381 páginas de un informe aprobado por unanimidad que pone al descubierto una cadena de graves irregularidades que constituyen graves delitos contra la salud y el medio ambiente, atribuidos principalmente a la empresa Repsol y subsidiariamente al capitán del buque tanque y a las instituciones del Estado responsables de la vigilancia del mar y de la operación de hidrocarburos.

El informe concluye que la tubería por la que se hace el descargue de crudo, técnicamente conocida como PLEM, data de 1975 y no ha tenido modernización ni mantenimiento. Los investigadores evidenciaron que el PLEM tenía costuras y refuerzos y un hecho de suma gravedad es que a lo largo de 4 kilómetros y medio no había válvulas de desconexión automática como ordena la norma.

No solo se trata de que la tubería es vieja y que no ha sido cambiada ni adaptada a la norma establecida por el Decreto Supremo 081 del 2007, sino que además no hay evidencia de que le hayan hecho mantenimiento. El informe señala textualmente que es probable que el PLEM presentara corrosión.

El documento presenta dos fotografías del año 2013 que evidencian la rotura de tubo que ocasionó el derrame en ese momento y la forma como hicieron un parche para repararlo.

La investigación establece como una de las más graves irregularidades el hecho de que cargaron el crudo a una velocidad excesiva no autorizada. Para ser claros, el crudo se cargó con una presión de 10 que estaba por encima del nivel de seguridad, que era 7.

Adicionalmente no existe un sistema de control de presión, caudal y velocidades de bombeo desde el buque hacia el terminal terrestre.

En varios momentos de la investigación, la comisión del Congreso constató inconsistencias en la información que entregaron las empresas involucradas. Una de ellas pone al descubierto que la empresa inició la descarga un día antes de lo declarado. La carga tiene como fecha de llegada el 14 de enero y como fecha de descarga el 15, pero la descarga empezó el mismo día que llegó. Más complicado aún resulta el descubrimiento de una inconsistencia entre las cantidades reales de crudo descargado y las declaradas por Repsol ante Sunat. La empresa responsable del buque que trajo el combustible reportó la descarga de 987 mil 671 barriles, pero ante Sunat La Pampilla había declarado 985 mil 696 barriles, es decir 1,975 barriles menos. pero la inconsistencia parece ser mayor.

El capitán del buque Mare Doricum declaró que eran 1 millón 023 mil 761 barriles pero después él mismo se corrigió ante la Comisión del Congreso y dijo que eran 986 mil 351 barriles, es decir un número superior al declarado ante Sunat pero inferior a lo que declaró originalmente la empresa italiana. Las autoridades portuarias también reportaron un número distinto: el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, José Patiño, declaró 1 millón de barriles, es decir 14 mil 304 barriles más que lo declarado ante Sunat. El vicealmirante César Colunge, de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, reportó que eran 1 millón 129 mil 306 barriles, es decir 143 mil 610 barriles más que los reportados a Sunat. Lo más interesante de esta contradicción es que cuando inició la investigación del Congreso, la Refinería La Pampilla cambio su propio reporte y pasó de los 985 mil 696 barriles reportados a Sunat a informar que realmente habían comprado 950 mil barriles “con un rango de 855 mil a 1 millón 045 mil barriles”, según contrato. Es decir, un rango en el que caben todos, incluso sus propias contradicciones.

Cuando ocurre una tragedia como esta hay un protocolo de atención inmediata que, según la investigación, también falla de proa a popa. El remolcador  “Caballo de trabajo” debía estar durante el proceso de carga y atender de inmediato, pero no estaba allí sino apoyando al buque tanque Trompeteros que estaba en actividad de carga en otra terminal y por esa razón solo pudo colocar las barreras de contención una hora y 25 minutos después de iniciada la emergencia.

El buque Caballo de Trabajo no era el único ausente: la normativa de seguridad exige que siempre haya un supervisor de amarre permanencia y desamarre de nave pero al momento de la rotura de los cabos no había práctico a bordo. En la práctica, nuestro mar estaba a su suerte, entre otras razones, porque el buque quedó originalmente amarrado de forma incorrecta, pues la investigación constató la falta de cabos de amarre en dos boyas.

La lógica, y la norma, señalan que una vez que ocurre un derrame se debe suspender el bombeo, pero eso no ocurrió. El informe señala que tras la rotura de los cabos, se hizo el reemplazo del cabo y la descarga al mismo tiempo, lo que agravó la situación.

Reacción tardía y reportes falsos

Los investigadores establecieron que los implicados en el derrame dieron información falsa sobre la magnitud de lo ocurrido, lo que impidió una reacción inmediata. Según el documento, no informaron sobre las deficiencias en el sistema de alerta temprana y en la ejecución del plan de contingencia. De hecho, dijeron todo lo contrario: que el evento del derrame había sido controlado.

El informe de la comisión del Congreso señala que tras el derrame, la primera responsabilidad es de la Refinería La Pampilla S.A.A. y del representante del buque tanque Mare Doricum, capitán Giacomo Pisani, quienes debieron controlar el  derrame y no lo hicieron. La Refinería La Pampilla no cumplió sus funciones como operador en lo que respecta a los sistemas de gestión de protección y seguridad portuaria para atender riesgos y amenazas. No hubo capacidad de respuesta inmediata frente al derrame y la demora en colocar las almohadas a la línea submarina para que no siguiera saliendo el crudo hizo que el derrame tuviera una mayor magnitud. Y como si se tratara de una empresa precaria, pobre e informal, los  buzos no realizaron oportunamente la inspección al PLEM para confirmar su rotura debido a que no tenían escafandra. Además, las barreras de contención no estaban desplegadas durante la operación, contraviniendo la norma. En conclusión, la respuesta para controlar el derrame fue tardía e ineficiente.

El informe concluye que este derrame de crudo ha sido “el peor desastre ecológico en las costas peruanas” y que se considera un crimen ecológico por todos los impactos “y un atentado contra la humanidad al haber afectado no solamente la biodiversidad del Perú sino también la biodiversidad de todo el mundo”.

Todos los implicados en el caso atribuyeron parte de la responsabilidad a un supuesto oleaje anómalo producto de la erupción del Volcán en Tonga, Oceanía. Sin embargo, el informe de la comisión del Congreso constata que no se produjo tal oleaje anómalo y que por el contrario las olas en la zona de descargue no superaron el metro de altura y, según la norma, este procedimiento puede realizarse incluso con olas de hasta 2 metros de altura.


Las responsabilidades

El informe señala que las empresas Refinería La Pampilla, Repsol, Petrobras Global Trading (el vendedor del crudo) y la empresa italiana Fratelli D’amico Armatori SPA (dueña del Mare Doricum) y las empresas prestadoras de servicios marítimos en el Terminal Portuario que intervinieron en la operación  son responsables directa o indirectamente por lo ocurrido. A sus directivos se les atribuyen responsabilidades por los delitos de contaminación del medio ambiente y falsedad.

Además, el documento destaca que las instituciones públicas pertinentes mostraron una total carencia de capacidad de respuesta frente a la emergencia y una limitada, lenta y débil capacidad sancionadora. El informe concluye que todos los afectados deben ser debidamente empadronados y, posteriormente,  indemnizados por los responsables, quienes deben remediar el daño ambiental causado.