Ellos son el equipo de avanzada de una comunidad shipiba que se ha organizado alrededor de sus líderes indígenas para evitar el empuje de la tala ilegal de sus bosques. Han llegado en búsqueda de los que han deforestado sus árboles y están destruyendo sus medios de vida…

Ya es tarde, han huido a tiempo dejando naturaleza muerta y arrasada. David Ruiz, el jefe principal y el apu de la comunidad, ordena que dos grupos apuren en cerrarles el paso… Pero no los encontrarán.

David Ruiz Urquía / Presidente Federación de Comunidades Indígenas distrito Padre Márquez:

"Se han escapado, así que tenemos dos brigadas que han caminado por la periferia, uno por este lado, otro por este lado".

La espesura de esta parte de la Amazonía es propicia para escapar y encontrar refugio rápido. Es la segunda vez que esta patrulla de la comunidad indígena del pueblo shipibo-conibo de Pahoyán realiza un operativo sin autoridades estatales. La primera vez llegaron con un fiscal especializado en delitos ambientales. Pero están cansados de esperar una respuesta.  

David Ruiz Urquía / Presidente Federación de Comunidades Indígenas distrito Padre Márquez:

"Nosotros hacemos un llamado al Estado peruano que a partir de ahora la comunidad se está organizando con sus modos de vida, con su cultura, con sus flechas y arcos, vamos a hacer ya la próxima interdicción comunitaria en nuestro territorio".

El bosque amazónico de la comunidad indígena de Pahoyán permaneció intacto hasta hace poco. Pero la destrucción ya empezó en la parte sur de su territorio, en la frontera entre Loreto y Ucayali. Su gente advierte que si el Estado no asoma para hacer respetar la ley y proteger la zona forestal, habrá consecuencias que lamentar. Los pueblos indígenas no están dispuestos a tolerar a las mafias de madera ilegal, de tráfico de tierras y de narcotráfico. Tampoco –señalan– a la actividad agroindustrial, que ven como creciente y gran amenaza de sus territorios ancestrales.

La comunidad nativa de Pahoyán está ubicada en el sur de Loreto, al pie del río Ucayali, afluente sureño del Amazonas.

Llegar por la ruta de Loreto puede tardar días. La más corta es por Pucallpa, río abajo, en un viaje de cuatro horas y media.

Pero es por tierra por donde el avance de la deforestación se aprecia mejor. Fuimos por esa ruta con David Ruiz Urquía, apu (líder principal) y presidente de la Federación de Comunidades Indígenas del distrito de Padre Márquez – Fedcipam, y con una representante de una ONG local. Desde Pucallpa, la capital ucayalina, son tres horas por carretera, y tres más por una extensa trocha que se interrumpe en el río Aguaytía y se retoma al cruzarlo.

La extensa trocha conduce una hora después a una tranquera, agentes de seguridad y un cartel que anuncia que ahora estamos en territorio privado. Territorio de la empresa del Grupo Ocho Sur y sus enormes plantaciones de palma aceitera. Allí empieza una espectacular partición del paisaje en dos: a un lado, todavía el bosque, y al otro, las enormes plantaciones de palma aceitera de la empresa, lotizadas en extensos rectángulos divididos por varios caminos lineales. Antes, aquí hubo bosques tropicales y ancestrales.

Dos horas después está la primera parada obligatoria, Tiruntán, en el distrito de Padre Márquez, Loreto. Un pueblo de no más de cuatro cuadras de ancho y de largo, en donde la alegría de estos niños aún ignora las vicisitudes de aquella realidad.

Aquí vive Roberto Muñoz, un agricultor que perdió sus tierras aún no sabe cómo. No lo tiene claro. Solamente culpa a un exalcalde de su distrito y a una presunta mafia organizada.  

-¿Qué está pasando con las tierras de ustedes, las tierras de las comunidades? ¿Por qué las están perdiendo?

Roberto Muñoz Ramírez / Agricultor:

"Porque hay una mafia organizada que se ha dedicado completamente, ya no tenemos tierras ahorita. Últimamente son 1400 hectáreas que han titulado con otros nombres, porque ellos ya conocen, conocen la mafia allá en Iquitos y ha salido ese título".

El viaje a Pahoyán se inicia a primera hora del día siguiente, aguas abajo por el río Ucayali. Cada cinco minutos se cruzan, río arriba, en dirección a Pucallpa, grandes cargamentos de troncos de árboles apilados.

Tres horas después, el apu David Ruiz busca señal telefónica para anunciar en lengua shipiba su llegada a Pahoyán. Sabe que lo esperan, como la máxima autoridad comunal que es, por eso se coloca una camisa con bordados de su cultura.

Una marcha por la principal y única avenida de Pahoyán anuncia con gritos y carteles la decisión que ha tomado el pueblo.

Ahora, se dirigen, nuevamente por la ruta del Ucayali, a la zona amenazada. El primer tramo del recorrido empieza en el pequeño puerto de Magdalena, donde un viejo camión transportará por tres horas a la nutrida comitiva de shipibos.

Dos horas más pie, en donde la selva es más espesa y no hay señal de teléfono ni presencia del Estado, y se llega a la zona que ha sido devastada por invasores. La escena desconcierta al apu Ruiz y a su gente.

Ahora, como pueden apreciar, hay tala. Esta es la situación que ha motivado una denuncia de la Comunidad Indígena de Pahoyán.

Desde el aire y con drone se aprecia la magnitud de lo talado. Unas seis o siete hectáreas menos de selva amazónica. Bosque extinto, naturaleza muerta en medio de la vida.

Es la cuarta vez que esta brigada de shipibos de Pahoyán interviene sin éxito en la zona amenazada. La primera vez, en agosto, llegaron con dos fiscales especializados en materia ambiental de Ucayali, Randol Ventura Tadeo y Silvio Santiago Modesto, quien iniciaron investigaciones.

Desde entonces no saben nada del caso. Volvieron una segunda y tercera vez a fines de ese mismo mes, sin autoridades, pero no tuvieron mejor suerte. Encontraron bosque deforestado y quemado, y animales calcinados… A los dirigentes de Pahoyán les ha llegado información de una posible incursión del narcotráfico en busca de tierras para sus sembríos de hoja de coca.

-Podrían ustedes entrar en un período de confrontación más fuerte, ¿verdad?

Rafael Cairuna Tutusima / Dirigente de comunidad de Pahoyán:

"Exactamente, porque nosotros ya estamos en una acción comunal, nosotros en algún momento vamos a encontrarnos con esos señores, pero nosotros, como pueblo indígena, somos pueblo pacífico y primero vamos a ir a conversar con los señores invasores, quién les ha traído, quién les ha vendido, vamos a pedir sus documentos y nosotros también vamos a mostrar que ellos están dentro de nuestro territorio. A o B ellos no hacen caso, ya el pueblo decidirá, llevaremos a los señores a la asamblea y la asamblea decidirá qué hacemos con los señores".

César Panduro Urquía / Dirigente de la comunidad de Pahoyán:

"Este es un terreno que nos donó nuestros ancestros, nuestros abuelos, para sustentar los alimentos necesarios de cada familia. En ese sentido, la población de Paoyán estamos preocupados por estas amenazas que vienen, por las chacras no solamente de este punto que vemos, sino en diferentes puntos hay diferentes chacras netamente para narcotráfico".

David Ruiz Urquía / Presidente Federación de Comunidades Indígenas distrito Padre Márquez:

"Por este lado han avanzado, en este sector".

-O sea, las chacras, los espacios talados, están aquí.

"Es por acá. Hay un promedio de diez chacras afectadas, de acuerdo al último reporte que tenemos".

Con información más precisa en manos, de nuevo en su comunidad, el apu hace un mejor diagnóstico de la situación.

Bite David Ruiz Urquía / Presidente Federación de Comunidades Indígenas distrito Padre Márquez:

"Entonces, acá hay diez chacras, más una, son once, y más otra al costado, doce, y con eso serían trece chacras. Cada chacra tiene un promedio de seis hectáreas cada una. Si nosotros multiplicamos las seis hectáreas por los trece, estamos hablando de un promedio de 78 hectáreas que están siendo afectadas".  

Setenta y ocho hectáreas equivalen a casi 110 canchas de fútbol profesional. Eso deforestaron en apenas unas semanas. Ruiz reitera que pueden haber penetrado los cultivos ilícitos del narcotráfico.

-¿Esos trece espacios talados que ya han detectado son parte del modus operandi que usted denuncia?

David Ruiz Urquía / Presidente Federación de Comunidades Indígenas distrito Padre Márquez:

"Claro, efectivamente, a eso están entrando".

-¿Saben quién lo hace?

"Hay una presión industrial fuerte, pero, por ahora, es sembrío de la hoja de coca".

-Todavía no tienen claro quién está adelante o atrás.

"No tenemos claridad, pero sí tenemos claro que esto lo hacen para sembrío de hoja de coca".

Iván Brehaut / Director de Programa de ONG Pro Purús:

"Están moviéndose desde el límite de la frontera de Loreto y Ucayali, trasladándose cada vez con mayor fuerza hacia la zona de Loreto, moviéndose por el distrito de Padre Abad, yendo hacia la cuenca del Pisqui".

Iván Brehaut recorre la Amazonía explorando las amenazas contra los pueblos indígenas y sus bosques. El equipo de su ONG, Pro Purús, monitorea casi a diario el avance de la deforestación.

Pro Purús y la Comunidad de Paoyán identifican estas amenazas como provenientes del crimen organizado. Pero, también, y en otro ámbito, les preocupa la actividad de dos proyectos formales: el de la compañía Ocho Sur y el de una colonia religiosa menonita.

Iván Brehaut / Representante de ONG Pro Purús:

"La información que tenemos apunta a que las plantaciones de palma aceitera que están al norte de Contamana, en la zona de Pampa Hermosa, se conecten con los centros de producción y procesamiento que están en Ucayali".

El dirigente David Ruiz señala que le preocupa que la empresa Ocho Sur, la de las enormes plantaciones de palma, siga avanzando en dirección norte y llegue hasta los fueros de Pahoyán.

David Ruiz Urquía / Presidente Federación de Comunidades Indígenas distrito Padre Márquez

"Lo que ocurre con esto es, principalmente, con Ocho Sur, que hace el trabajo de monocultivo de la palma aceitera. Esa es la forma en que han venido operando en Ucayali, han operado en Inabaya, y quieren empalmar desde Ucayali hasta Inabaya, ese es el objetivo. Inabaya está cerca de Orellana, de Orellana hay una carretera que lleva a San Martín. Eso están queriendo empalmar".

La empresa Ocho Sur ha negado el avance de su proyecto agroexportador hacia los límites de Pahoyán. Consultada por Epicentro Tv, remitió un escrito a través de la consultora en comunicaciones, ADN, indicando que “no hay planes de la empresa para expandir o incrementar nuestra frontera agrícola. Por tanto, nunca hemos sido ni somos una amenaza para cualquier vecino”. Ocho Sur asegura tener una excelente relación con las comunidades vecinas y tilda de “rumores” los temores señalados por David Ruiz, llamando “pseudolíderes que no representan a nadie” a quienes los expresan.

Pero la preocupación de Ruiz tiene un motivo: la cuestionada compra que hizo la empresa Plantaciones Pucallpa de más de 7 mil hectáreas de tierras que ocupaba ancestralmente la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya, en Ucayali. Uno de los principales accionistas de Plantaciones Pucallpa fue Denis Melka, el empresario checo estadounidense que está involucrado en investigaciones por depredar más de 13 mil hectáreas de bosque amazónico para su proyecto de agroexportación.

Hasta el 2016 estas enormes plantaciones de palma pertenecieron a las compañías “Plantaciones Pucallpa” y “Plantaciones Ucayali”, de Melka. Ese año, el rentable negocio fue vendido al grupo Ocho Sur. Pero hasta el 2019 Denis Mellka fue parte del Directorio de una de las offshore que financia este negocio agroexportador, “Peruvian Palm Holdings”.

Las compañías de Melka fueron acusadas de apoderarse de territorios en complicidad con autoridades regionales, y denunciadas penalmente por usurpación y otros presuntos delitos que ahora investiga el Ministerio Público. “Plantaciones Pucallpa” también fue demandada constitucionalmente para revertir la venta de las tierras ancestrales, un caso que ahora debe resolver el Tribunal Constitucional. Así lo resume el abogado de la comunidad indígena de Santa Clara.

Álvaro Másquez Salvador / Especial Legal del Instituto de Defensa Legal:

"Es por ello, frente al despojo de los territorios de la comunidad y su destrucción, que se decide interponer una demanda de amparo, una demanda constitucional, con la principal finalidad de lograr que esas tierras sean devueltas a la comunidad, es decir, la reversión del territorio tradicional que ha sido otorgado fraudulentamente por el Gobierno Regional de Ucayali a favor de estos colonos, que terminaron cediendo sus predios a favor de Plantaciones de Pucallpa. Desde ese momento, desde el año 2016, se interpone una demanda que todavía está en curso".

Ocho Sur sostiene que, como comprador de buena fe, participa en el proceso constitucional en condición de afectado o agraviado.

Álvaro Másquez Salvador / Especial Legal del Instituto de Defensa Legal:

"La empresa Ocho Sur hoy forma parte de los demandados en el caso de Santa Clara de Uchunya. ¿Por qué te lo digo? El Tribunal Constitucional hace algunas semanas los ha calificado como litis consorte pasivo necesario. En los procesos constitucionales solo existen dos partes en el proceso: los demandantes y los demandados. Los demandantes son la comunidad y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, y los demandados son las autoridades del Estado y, sobre todo, la empresa Plantaciones de Pucallpa. El Tribunal Constitucional suma a Ocho Sur en este segundo equipo, el equipo de los demandados".

Lo que hizo Mellka con esta parte de la selva no pasa desapercibido. La ONG Propurus sobrevoló en avioneta los antiguos dominios de la empresa y constató las anchuras del negocio de palma aceitera que él inició… Esas son las dimensiones del negocio, en donde antes hubo bosque.

Los de Pahoyán ven otra supuesta amenaza en la colonia menonita que en los últimos meses compró tierras en una zona cerca a sus bosques.

Protestantes ultraconservadores con orígenes en Alemania y Holanda, los menonitas existen hace casi cinco siglos. Viven aislados del mundo y aún hablan alemán antiguo o “bajo alemán”. Recientemente instalaron sus colonias en la espesura amazónica para vivir de la agricultura.

David Ruiz Urquía / Presidente Federación de Comunidades Indígenas distrito Padre Márquez:  

"Los menonitas están en este sector de aquí (…) por el valle de Bimboya, por el Alto Tiruntán, están los menonitas".

La primera colonia menonita empezó a abrir camino para sus granjas rectangulares el 14 de julio del 2021, varios kilómetros al sur de Pahoyán. Las imágenes satelitales muestran una segunda línea de granjas diez días después, 24 de julio. Y el 18 de agosto, la tercera línea de chacras.

Entre octubre y noviembre pasados, apareció una nueva colonia, que en pocos días logró abrir camino a sus simétricas chacras. Carla Limas, de la ONG Pro Purús, mide la cercanía del límite norte de esta colonia con el límite sur de la comunidad Pahoyán: 1.6 kilómetros los separa.

Carla Limas / Especialista en sistemas de Información Geográfica de Pro Purús.:

"Esta área va a tender a crecer más por las proyecciones que tiene. El camino que acá están generando es para que se conecten esto con esto, más este camino que se ha abierto, que parece que va a presentar conectividad con el camino que viene de Paoyán, que es éste. Entonces, si el camino que está saliendo desde Paoyán llega y se conecta hasta acá, esta parcela que tiene proyección a seguir creciendo hacia el norte, todo esto va a ser zona de afectación".

Los menonitas compraron unas 500 hectáreas de tierras que ya están tituladas e inscritas, sostiene su abogado, Raúl Lunasco, quien desmiente futuras proyecciones y superposiciones hacia el norte.

Raúl Lunasco / Abogado de Colonia Menonita de Alto Tiruntán:

"Sobre este caso en particular, nosotros hemos tenido acá una reunión con el presidente de la federación, hemos llegado a un entendimiento, ellos tenían conocimiento de que los menonitas han entrado a ese terreno. Han ido a una constatación con la policía, con el ingeniero y han verificado que están a kilómetros de distancia de la posición de mis patrocinados".

-La pregunta es, ¿van a seguir avanzando?

"No, hasta ahí es el límite, no se avanza más. Y acá mis patrocinados son totalmente respetuosos. Solamente la palabra".

Los indígenas también acusan de taladores a los menonitas. Su abogado lo niega.

-Los mapas muestran zonas en las que ya no existe bosque.

Raúl Lunasco / Abogado de Colonia Menonita de Alto Tiruntán:

"Hay algunas paisajísticas que son bajos, de matorrales, pero no necesariamente árboles grandes, no hay árboles grandes tumbados. Algunos árboles que están ahí, están aún circulados en las casas donde han construido".

-¿Está usted seguro?

"Por supuesto, te llevo y te vas a convencer que, efectivamente es así".

-¿Se ha calculado cuántas hectáreas de bosques ya no existen?

Carla Limas / Especialista en sistemas de Información Geográfica de Pro Purús:

"El cálculo aproximado, en total, entre las tres líneas de parcelas que ellos han abierto, más esta nueva afectación en Ucayali, la más cercana a la comunidad nativa, llega a una suma de aproximadamente 540 hectáreas de bosque perdido".

-¿Han calculado cuántos metros cúbicos de madera han extraído, hasta el momento?

Raúl Lunasco / Abogado de Colonia Menonita de Alto Tiruntán:

"Hasta ahora no se ha extraído nada ni se ha tumbado nada de madera, solamente se ha retirado para autoconsumo, para construir las casas correspondientes y los corrales de algunos animales. Eso es facultado, eso no está penado, eso es autoconsumo".

Las imágenes captadas por el drone evidencian un impacto mayor que el que señalado por el abogado de los menonitas.

La pregunta es: ¿y a dónde fue a parar la madera extraída? Alguien tiene que haberla retirado del lugar. La pregunta es quién.

Iván Brehaut / Representante de ONG Pro Purús:

"Esa es una excelente pregunta porque, según lo que, por ejemplo, Carla, de nuestro equipo, ha podido revisar, y lo que se conoce en general, cuando ocurre este tipo de invasiones solamente se ven quemas en pocos casos. Lo que todo el mundo puede suponer, y es lo más lógico, es que la madera que se extrae, que se tumba, es inmediatamente retirada por madereros ilegales que la camuflan dentro de los mecanismos de blanqueo de madera".

La cámara filmadora incomoda a los menonitas, pero acceden a hablar con la investigadora Victoria Carlos, de la ONG Pro Purús. No les ha dicho que somos un equipo periodístico. Pero una parte del diálogo que fue grabado sin su autorización es relevante y de interés público.

Audio:

-¿Todos esos papeles que ustedes tienen están en Registros Públicos? ¿Las tierras que ustedes tienen?

-Ujúm.

-¿Me dices que un tal Duarte o Dante?

-Un tal Duarte, sí.

-¿Fue el que les vendió?

-Ujúm. Que era un alcalde de Tiruntán.

-Era alcalde de Tiruntán… ¿En qué año era?  

-2019.

-Ah, él les vendió directamente. ¿Y ustedes le pagaron a él?

-Sí. Bueno, una parte a él y una parte directo a la gente, a los propietarios.

Seguramente a alguna fiscalía de Ucayali le interesará conocer este caso y profundizar en detalles.

Los dominios de la comunidad de Pahoyán están acreditados por el título de propiedad otorgado por el gobierno regional de Loreto en 1976. En el 2018, la Dirección Regional de Agricultura de Loreto le otorgó un área adicional en propiedad, sumando más de 27 mil hectáreas. Todas tituladas.

Pero no están dispuestos a vender ni una parcela, ni una hectárea, ni un metro. Si pierden terreno, será por acción de usurpaciones e ilegalidades, según advierten.

En el 2020, año de pandemia, la deforestación marcó cifras récord: más de 203 mil hectáreas eliminadas de bosques.  De acuerdo a Proética, las ilegalidades suelen soportarse unas en otras, es decir, donde hay tráfico de madera, confluyen la corrupción, el tráfico de tierras, el tráfico de especies, de personas y de cultivos ilícitos. Las mafias se aprovechan de las condiciones logísticas que generan, como las carreteras ilegales y los aeródromos clandestinos.

Otras víctimas del avance de las ilegalidades en la Amazonía son las y los defensores ambientales. En la práctica, David Ruiz y sus compañeros de Pahoyán lo son; sus vidas están en riesgo por defender sus territorios y, pese a ello, no cuentan con garantías y no se encuentran inscritos en el registro de defensores ambientales del Estado peruano.

David Ruiz Urquía / Presidente Federación de Comunidades Indígenas distrito Padre Márquez:

"Desde aquí, como el Estado no está actuando, la comunidad, de manera autónoma, tal como lo dice la Ley de Comunidades Nativas y el Convenio 169 de la OIT, vamos a autoorganizarnos y vamos a hacer una interdicción comunitaria en este sector".

El Convenio 169 de la OIT evocado por Ruiz está reconocido por el Estado peruano y tiene rango constitucional por ser un tratado internacional de derechos humanos. Pese a las amenazas a su territorio y al escaso apoyo de las autoridades, estos líderes shipibo-conibos, bilingües, que se resisten a perder su cultura y tradiciones, han tomado la decisión de defender sus boques, cueste lo que cueste.

Hasta hace poco la selva de Pahoyán estaba libre de destrucción. Varios de los más fuertes y aguerridos defensores de la Amazonía están allí, y si el Estado no llega a tiempo, las consecuencias serán nefastas para la naturaleza y para sus hombres, sus mujeres y su cultura viva, que aún habita y protege los bosques tropicales del mundo.