El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder en coordinación con la Policía ha llevado a cabo un megaoperativo con 14 detenciones y 49 allanamientos, en desarrollo de la investigación contra la presunta organización criminal denominada “Los Operadores de la Reconstrucción”. Esta presunta organización criminal estaría liderada por el ex presidente Pedro Castillo y de ella harían parte el ex director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Robert López López,  el congresista Guillermo Bermejo de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, uno de sus asesores, una persona vinculada a su oficina, además del dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez y el alcalde de La Unión, Piura, Fernando Ipanaqué, entre otros.

Los 14 detenidos pasarán 10 días en prisión preliminar. El pedido de la Fiscalía fue autorizado por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.

Esta es la lista de supuestos integrantes de la organización “Los Operadores de la Reconstrucción”

Este es el organigrama que ha elaborado el Ministerio Público de la presunta organización criminal

Los allanamientos con orden de descerraje se llevaron a cabo en locales de Lima, Piura, San Martín, Ancash y Huánuco.

La investigación apunta a confirmar que los implicados habrían cobrado cupos para la realización de obras de la Reconstrucción con Cambios en Piura. El Ministerio Público señala la posible comisión de delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión agravada, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

El hecho principal que atribuye el Ministerio Público a los investigados es una concertación para apropiarse de dinero del Estado en 4 de las 9 obras licitadas por la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios en la Municipalidad Distrital de La Unión, Piura.

El Ministerio Público sostiene que Robert López López “habría ingresado a la organización criminal a partir de su designación como director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, lo que habría sido negociado con Alejandro Sánchez Sánchez (buró político de la OC) y gestionado por Salatiel Marrufo Alcántara, concretándose a través de una resolución suprema suscrita por José Pedro Castillo Terrones y el ex premier Aníbal Torres Vásquez. Una vez en el cargo, el investigado promovió la contratación de Mario Felipe Jair Espinoza Torres en calidad de asesor III de la dirección general de la ARCC para que en representación de éste se ocupe de los acuerdos colusorios para obtener dinero ilícito a cambio de destinar presupuesto de la ARCC a favor de las municipalidades que se adhieran al programa criminal como fue el caso de la municipalidad de La Unión en Piura”.

En concreto, el Ministerio Público sostiene que López López aseguraba presupuesto para obras a cambio de cupos. La resolución judicial señala que entre 2017 y 2022 hubo operaciones de alerta por lavado de activos de Robert López López por U $709.960.

El Castillo de López

La designación de López López como director de la ARCC está relatada en el documento de la Fiscalía a través de la declaración del colaborador eficaz Salatiel Marrufo, ex jefe de asesores del entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado. Marrufo cuenta que Pedro Castillo le pidió a Alvarado vía Whatsapp que nombrara a Robert López López presidente de Sedapal, pero no cumplía los requisitos para el cargo. Entonces, intervino el dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, quien acudió al Ministerio de Vivienda y le pidió a Marrufo que saliera a la calle en donde estaba, dentro de su auto, con el propio López, quien se declaró muy molesto por la negativa a nombrarlo en Sedapal. Ante la insistencia, López fue nombrado gerente general de la EPS de Cañete en diciembre de 2021. El presidente Pedro Castillo consideraba que el cargo le quedaba corto a López y pidió trasladarlo a un puesto de mayor relevancia y que manejara más presupuesto en Lima.  Así fue como lo nombraron en Saneamiento Urbano en enero de 2022; poco después el ministro Alvarado recibió la queja de un empresario que sostenía que López le estaba pidiendo una coima, por lo que en marzo lo sacó del cargo. Salió de ahí pero no quedó desempleado, cayó para arriba, porque rápidamente lo nombraron Director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, una oficina que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. Era otra recomendación exitosa del dueño de la casa de Sarratea.

La designación de Rober López López fue sorpresa. De hecho, la entonces directora de la ARCC, Amalia Moreno, le dijo a Epicentro.TV que se enteró de su remoción a través de la publicación en el diario oficial El Peruano.

Remoción sorpresa en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Fiel a su estilo, el gobierno ha decidido remover del cargo a la Directora de laAutoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno, sin siquierainformarle la decisión y, de nuevo, fiel a su estilo, ha nombrado en ese cargo aun amigo de la casa. La mañana de

La resolución judicial contiene un hecho revelador: el reiterado pedido que habría hecho el entonces primer ministro Aníbal Torres para que los funcionarios consiguieran fondos para “hacer una bolsa de dinero para los problemas legales del ex presidente Pedro Castillo Terrones, siendo que dichas reuniones se producían después de cada consejo de ministros”.

La resolución judicial donde se relata el pedido de Aníbal Torres para recaudar fondos para la defensa legal de Pedro Castillo

El entorno de Bermejo

Dos de los detenidos en la operación de la madrugada de este jueves tienen vínculo con el congresista Guillermo Bermejo. Uno de ellos, Francisco Jaime Jara Aguirre es asesor técnico de su despacho, y Yul Osterlin Valdivia no tiene contrato con el Congreso pero el Ministerio Público lo señala como “asesor en la sombra” y sostiene que presenta varios ingresos a la oficina del congresista.

En el caso de Francisco Jaime Jara, la Fiscalía le atribuye la intermediación para que el congresista Bermejo promoviera el presupuesto de la ARCC para las obras en La Unión, Piura.

La Fiscalía le atribuye a Francisco Jara intermediar con Guillermo Bermejo por presupuesto para obras en La Unión, Piura

Según la investigación, “la misión de Francisco Jaime Jara en la organización criminal habría sido la de recibir en el Congreso de la República a los demás investigados de la organización criminal… y con ellos coordinar los porcentajes de dinero ilícito que le correspondía a cada uno”

Al detenido Yul Osterlin Valdivia el Ministerio Público lo señala como asesor del congresista Bermejo, sin embargo, no tiene contrato con el Congreso por lo que señalan que es una especie de “asesor en la sombra”. La resolución judicial señala que “el investigado gozaría de las prerrogativas para actuar en nombre del referido congresista, pues conforme se visualiza de los registros de visitas de ingresos y salidas al despacho de Guillermo Bermejo Rojas, el investigado habría ingresado de manera permanente al despacho congresal,  siendo uno de los hombres de confianza del señalado congresista”.

Según el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, cuando fue elegido congresista, Guillermo Bermejo contrató a personal de absoluta confianza “algunos de manera formal y a otros de manera informal, como es el caso del investigado Yul Valdivia, quien representa al congresista en las coordinaciones clandestinas que se realizaban con los integrantes de la organización criminal”.

Audio revelador

La resolución judicial transcribe un audio en el que participan el asesor III del director de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios, Mario Felipe Jair Espinoza, el alcalde de La Unión, Piura, Fernando Ipanaque Mendoza y el supuesto asesor en la sombra de Guillermo Bermejo, Yul Osterlin Valdivia Beteta.

El audio registra una conversación en la que el asesor y el alcalde hablan de supuestas condiciones pactadas y que habrían cambiado. El alcalde pone en altavoz la llamada y le dice al asesor del director de la ARCC que está con “el asistente de Bermejo” y más adelante aclara que se trata de “Yul”.

La otra conversación presentada por el Ministerio Público se desarrolla entre el hermano de Yul Valdivia, de nombre Alan, y un alcalde que le agradece a Alan por haber llevado a su distrito al congresista Bermejo y le dice “yo también quiero compensar, quiero conversar contigo para poder trabajar acá pues en todo el valle también distrito de Churubamba”.

La investigación de la Fiscalía se concentra en irregularidades en cuatro obras en el distrito de La Unión, en Piura: tres de ellas son Instituciones Educativas y la cuarta es el mantenimiento de una vía. El documento judicial señala que esta última sería una obra fantasma: “se ejecutaron obras fantasmas que existieron en papeles con desembolsos económicos pero que nunca se ejecutaron en el distrito como sería el caso de la obra “Ejecución de la ficha técnica denominada mantenimiento de las calles del C.P. Nuevo Tamarindo y Arroyo Mío”.

Concretamente, al alcalde Fernando Ipanaque el Ministerio Público le atribuye haber promovido “la conformación de comités de selección integrados por miembros de la presunta organización criminal, quienes debían flexibilizar los controles para direccionar las bases  del proceso de selección, el otorgamiento de la buena pro, la suscripción de los contratos y la ejecución contractual” y señala que pactó con las empresas responsables de las obras.

Como se ha visto, en esta investigación está mencionado el congresista Guillermo Bermejo pero su caso no será visto por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, pues él tiene fuero parlamentario y solo puede ser investigado por la Fiscal de la Nación.

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