Grupo Dyer: generosidad con la Policía que rinde frutos
El Grupo Dyer, dueño de Camposol, la empresa líder en la agroexportación nacional, prestó alojamiento a los policías que reprimieron las protestas en La Libertad contra el gobierno de Dina Boluarte durante 2022 y 2023, en medio de las quejas del principal gremio agroexportador del norte por las millonarias pérdidas ocasionadas por el bloqueo de carreteras. Dos años después, el vínculo agroexportadoras-PNP se ha afianzado: los empresarios planean construir un complejo policial dentro de uno de sus negocios bajo el argumento de que brindan apoyo al Estado. Expertos han notado indicios de conflicto de intereses.
En los últimos veinte años, la provincia de Virú, en la región La Libertad, ha sido escenario de constantes protestas de trabajadores de empresas agroexportadoras que reclaman el respeto a sus derechos laborales.
En diciembre de 2020, Virú, zona líder en la agroexportación, principalmente de arándanos y paltas, fue escenario de la protesta más violenta por reivindicaciones de trabajadores de las agroexportadoras;tres manifestantes fueron abatidos por balas disparadas por efectivos de la Policía Nacional. Dos años después, la muerte volvió a dicha localidad durante las protestas contra la recién posesionada presidenta Dina Boluarte.
En esa última jornada, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, los trabajadores agrarios de Virú Carlos Huamán Cabrera y Nixon Sánchez Huaynacari murieron por el impacto de proyectiles de armas de fuego, hecho por el que el Ministerio Público investiga hoy a 17 policías de La Libertad por el presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves en el contexto de graves violaciones de derechos humanos.
Durante el desarrollo de estas manifestaciones y el bloqueo de la carretera Panamericana Norte, las empresas agroexportadoras protestaron por las millonarias pérdidas diarias en dólares que les generaban.
En este contexto político y social se ha forjado un vínculo entre las empresas agroexportadoras y la Policía en La Libertad que es defendido por voceros de ambas partes, pero cuestionado por expertos que advierten un posible intercambio de favores.
Se trata de donativos empresariales que van desde la remodelación de una comisaría, la entrega de equipos, el uso de las instalaciones de un importante proyecto inmobiliario del Grupo Dyer, hasta la construcción de un complejo policial en medio de un proyecto inmobiliario cuyo valor agregado en la oferta de venta es, por supuesto, la seguridad garantizada.
La pista empezó con el uso de un drone y el alojamiento del que hicieron uso los policías. No todos estos actos y donaciones que constituyen el vínculo entre empresarios agroexportadores y Policía Nacional son públicos. Los hemos documentado a través de información obtenida vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, testimonios y actas fiscales recopiladas para este reportaje.
Conjunto habitacional y camionetas
Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, durante el estallido social contra el recién estrenado gobierno de Dina Boluarte, la empresa Camposol, del Grupo Dyer, prestó parte de las instalaciones del conjunto habitacional Marverde, su proyecto inmobiliario, para alojar a los policías que reprimieron las protestas.
"Había como tres o cuatro camiones portatropas estacionados aquí, con el logo de la Policía. A veces, se les escuchaba gritar que tenían que irse, y salían disparados en varios carros", contó para este informe uno de los residentes de Marverde, del Grupo Dyer, cuya cabeza es Samuel Dyer Coriat, hijo del empresario agroexportador y pesquero Samuel Dyer Ampudia.
Ocho vecinos más, que solicitaron la reserva de sus nombres, aseguran haber sido testigos de la presencia de los uniformados. "Los policías dormían ahí; luego, se sentaban por el parque a comer, iban a comprar papa rellena, a consumir y a tomar su cerveza", dice uno de ellos.
Marverde es una urbanización de 6,500 viviendas construidas bajo la modalidad de Techo Propio, ubicada en el kilómetro 97 de la Panamericana Norte, en Chao, muy cerca del ingreso a la planta de Camposol.
En su lado izquierdo hay dos edificios de tres pisos que, según las respectivas partidas registrales, cuentan con 262 dormitorios, seis áreas de entretenimiento, dos hall de ingreso, dos salidas de emergencia y dos azoteas con lavandería y área de comedor.
Uno de los policías investigados por las muertes de los dos manifestantes narró que se hospedaron en las instalaciones de Camposol.
Fue el teniente PNP Alex Rojas Tiparra, jefe del Grupo Terna, quien el 6 de noviembre de 2023, ante la fiscal Mirela Coronel Moreno -del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, Eficavip-, atribuyó las coordinaciones para su hospedaje al entonces comisario de Virú y jefe operativo de la zona, el mayor PNP Juan Pablo Konja Carreño.
"Por gestiones del mayor Konja, la empresa Camposol nos dio unas habitaciones dentro de su empresa, en donde podíamos descansar por facciones de 8 horas", dijo el teniente Rojas, según el acta fiscal de su declaración.
Precisamente, la Comisaría Sectorial de Virú fue remodelada por la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), el gremio principal de los agroexportadores que reúne al 85% de las empresas que exportan palta, uva, espárragos, mangos y arándanos de La Libertad.
El mayor Konja Carreño, que estuvo presente en las ceremonias de anuncio y entrega de la obra, se negó a conceder una entrevista para este reportaje.
En la misma investigación fiscal por las muertes de los manifestantes, los alféreces PNP Jefferson Gonzáles Mesones y Pablo Valderrama Reyes relataron situaciones similares ante la Eficavip.
"Luego de terminar nuestras labores de prevención, a las 10 de la mañana, nos dirigimos por una ruta alterna al campamento que teníamos en Camposol, para acicalarnos y alimentarnos", declaró Valderrama.
Este alférez también contó que Camposol puso a disposición de la Policía 23 camionetas para movilizar a las tropas.
"Nos desplazamos a bordo de dos comancares [vehículos portatropas] del Ejército y 23 camionetas particulares de Camposol, llegando a la Comisaría [Rural de Chao] a las 4 y media de la tarde", dijo al explicar la ruta que tomaron los efectivos el 20 de enero del 2023, día en que murió el agricultor Nixon Sánchez.
En tanto, la declaración fiscal del suboficial PNP de Tercera, Ricardo Polo Usca, evidencia que sus superiores también se alojaron allí: "A un teniente lo recuerdo una vez que fui a pedirle un servicio para ir a comprar. Él estaba junto con el capitán [Francisco Larios Quiroz] en el dormitorio del capitán, en Marverde" (sic).
Tanto el alférez Valderrama como el capitán Larios integran la lista de los 17 policías investigados por las muertes de Nixon Sánchez y Carlos Huamán.
Mirela Coronel Morelo, la fiscal provincial del Eficavip que recogió las declaraciones de los policías y su alojamiento, dijo en entrevista con Epicentro Tv que "se tiene la referencia de que era un apoyo de Camposol que daban porque el personal policial estaba solo en la Comisaría Rural de Chao; esta es muy pequeña para una considerable cantidad de efectivos".
Además, añadió: "Son meses que han estado en constantes operativos, día y noche, y no tenían en dónde asearse, alimentarse y descansar".
Desde inicios de octubre hemos solicitado entrevista a la Comandancia General de la Policía Nacional, a cargo del general Víctor Zanabria Angulo, pero aduciendo sobrecarga laboral no aceptaron el pedido.
Un complejo policial en Marverde
Pero pareciera que la relación de la Policía de La Libertad con Marverde no se va a limitar a la coyuntura entre diciembre 2022 y marzo 2023.
El 20 de febrero del 2023, cuando las protestas continuaban en Chao, el general PNP Augusto Ríos Tiravanti, entonces jefe de la III Dirtepol La Libertad -hoy, jefe de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú- anunció en RPP Noticias que su gestión estaba "trabajando con los señores de las agroexportadoras" para recibir la donación de un terreno de cinco hectáreas en el cual se construirá "un gran complejo policial, con la capacidad de atender disturbios e investigar delitos vinculados".
El actual general jefe de la Región Policial La Libertad, José Zavala Chumbiauca, confirmó, entrevistado para este reportaje, que el gremio agroexportador ADAS les ha ofrecido el espacio. ¿El objetivo? Instalar allí la sede de la División Policial de Virú, que estará a cargo de todas las comisarías y unidades especiales de la zona.
Zavala Chumbiauca sostuvo que, aunque no ocurrió durante su gestión, no ve conflicto de intereses en que los agentes ocupen habitaciones en Marverde, y consideró legítimo que las agroexportadoras les brinden apoyo porque, en el Plan de Operaciones "Conflicto Social - La Libertad", a estas empresas "se les considera fuerzas amigas, junto a los Bomberos y todas las instituciones, todo el mundo; y dentro de esa figura, se puede coordinar el apoyo de ellos".
Tras revisar dicho plan, advertimos que ninguna de las instituciones "amigas" es siquiera una entidad privada. Pero el general Zavala insistió.
Accede al plan aquí
Plan de Operaciones PNP 2023 by Epicentro TV
"No creo que haya un riesgo contra la imparcialidad de la función pública. Nosotros podemos recibir el apoyo de la empresa privada, pero el trabajo siempre es el mismo. Queremos liberar las carreteras, que no las bloqueen, ya que eso perjudica a todos", argumentó.
El vocero del gremio empresarial ADAS, Yuri Armas, ha precisado que el espacio ofrecido tenía, en un principio, 5 hectáreas, pero luego se redujo a 2,2 hectáreas. Este se encuentra al costado de los edificios que sirvieron como hospedaje a los policías durante las protestas contra el gobierno, es decir, Marverde, el proyecto inmobiliario del Grupo Dyer.
Este anuncio no es casual. En sus afiches y página web, Marverde se promociona como una urbanización de viviendas que incluye un complejo policial.
La donación del terreno se viene negociando entre el gremio empresarial ADAS y el Ministerio del Interior, según reveló el propio general PNP Zavala Chumbiauca.
Mientras tanto, la construcción del edificio está incluido en la cartera de proyectos de inversión bajo modalidad de Obras por Impuestos en la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de La Libertad, con una inversión estimada de S/18 millones.
Según una diapositiva alcanzada por el Gobierno Regional a la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de dicha entidad, presidida por la consejera Cristina Méndez, todo se encuentra "en idea". Méndez indicó que la negociación entre ADAS y el gobierno central aún no concluye y, por lo tanto, no puede presentarse al pleno del Consejo para su priorización.
La consejera regional de Virú, Edy Camacho Barreto, no vio problemas en la propuesta del gremio agroexportador. "Yo no considero que vaya a haber parcialización. Ellos (ADAS) no dirigen a los policías; éstos (los policías) tienen sus mandos, quienes les dan las órdenes respectivas", dijo a Epicentro Tv, consultada por el tema.
Opiniones legales
Vía Ley de Transparencia solicitamos a la Región Policial La Libertad documentación sobre el préstamo de una instalación de Marverde para alojar a efectivos. La respuesta fue: "El área de abastecimiento UE005-Trujillo informa que no se cuenta con documentación sobre la prestación o cesión de uso de bienes inmuebles con Marverde, Camposol o ADAS".
Las implicancias legales de lo que Epicentro Tv ha relatado hasta aquí son inquietantes, de acuerdo con expertos consultados para este reportaje.
El profesor en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Rafael Chanjan Documet, habló de la posibilidad de "corrupción".
"Si la empresa se involucra en el acto funcional del policía, otorgándole beneficios, pese a ser una parte interesada, podría haber indicios de cohecho pasivo impropio en la función policial (...) Además, si estos beneficios privados se entregaron sin pasar por un trámite administrativo adecuado, ahí creo que hay indicios y sospechas de delito", señaló.
Yuri Armas, vocero de ADAS, rechazó esta opinión.
En diálogo con el dirigente empresarial, confirmó que el Grupo Dyer alojó a los policías durante el conflicto social, explicando que el interés del sector privado fue liberar las carreteras, pero dijo que eso no puede ser interpretado como delito de corrupción.
"Si a mí la Policía me pide que preste mi carro porque tienen que ir a coger a un delincuente, le doy mi carro. Me parece bien el hospedaje, o, ¿qué hacemos?, ¿que estén tirados [los policías] en la calle?", señaló.
Sobre la posible figura de "cohecho", el dirigente empresarial respondió: "El cohecho es cuando sacas un beneficio o hay la intención. ¿Cuál puede haber sido el beneficio directo de Marverde o de Camposol al dar el hospedaje? ¿Que liberen las carreteras y puedan pasar sus trabajadores o sus productos?".
Por su parte, Walter Campos Palacios, fundador del sindicato de Camposol, señaló que en las manifestaciones de los trabajadores, la Policía ha actuado para favorecer la represión. "Siempre la Policía ha sido apoyada o auspiciada por la empresa para perseguir y atemorizar a los manifestantes", sostuvo.
Mar Pérez Aguilera, abogada penalista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que defiende a algunas víctimas de la represión policial durante el paro agrario de 2020 y las protestas contra el gobierno, vinculó la represión con los favores recibidos de las empresas. "Sus acciones no son desinteresadas, por el contrario, con estos favores generan redes clientelares o vínculos que derivan en una preocupación sobre la imparcialidad de las autoridades", indicó.
"Si la Policía se vincula con una de las partes del conflicto se genera mucha preocupación porque debilita su imparcialidad y la confianza de la población", añadió.
Desde inicios de setiembre el autor de este reportaje solicitó entrevistas con los voceros del Grupo Dyer y de sus subsidiarias Camposol y Marverde, pero no hubo ninguna confirmación. El Grupo Dyer, a través de su gerente corporativa de Sostenibilidad y Comunicaciones, Francesca Carnesella, dijo que no brinda opiniones, sino que lo hacen sus empresas a título propio. Un vocero de Camposol respondió que no participarán en este informe.
Antecedente 1: el drone
El complejo policial y el complejo habitacional no son las únicas figuras que encontramos en esta historia. Hemos podido documentar dos hechos previos.
El primero ocurrió durante el estallido social de diciembre de 2022 y marzo de 2023. Las vías de Virú estaban bloqueadas. Entonces, el general Ríos Tiravanti informó a la prensa que había drones sobrevolando la zona para monitorear el conflicto y que uno de ellos servía para identificar a los líderes de la movilización en Chao, convertido en epicentro de los enfrentamientos y del bloqueo de la carretera Panamericana Norte.
"Vamos a abrir carpetas fiscales por los delitos que correspondan, con las filmaciones que estamos realizando. Ya un drone está operando en la zona, un drone con identificación facial", precisó al medio Sol TV el 16 de enero.
El único drone fabricado para misiones de rescate e identificación de personas en manos de la Policía era uno de modelo Mavic 2 Enterprise Advanced, según Transparencia.
Pero aquel drone no fue comprado por el Estado; fue donado por una empresa agroexportadora. Documentos a los que tuvimos acceso indican que el artefacto fue un regalo de la empresa Arato Perú S.A., perteneciente a la corporación estadounidense Mission South Central América, que preside el actual consejo directivo de ADAS.
Acta de Entrega Bien Mueble by Epicentro TV
Primero, el 7 de abril de 2022, Arato Perú transfirió el drone al Gobierno Regional de La Libertad, bajo la gestión de Manuel Llempén Coronel, que, a su vez, anunció la entrega del equipo al entonces jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, general PNP Jorge Angulo. Sin embargo, su destino no se registró sino después de ocho meses, el 28 de diciembre del 2024, ya en medio de las protestas.
Aquel día, mediante el acuerdo regional n.° 192-2022, el Consejo Regional de La Libertad autorizó la transferencia a título gratuito de propiedad del Gobierno Regional a favor de la III Macro Región Policial La Libertad.
En las gestiones del donativo intervino Yuri Armas Peña, el gerente de Desarrollo Comunitario de Arato Perú y vocero del consejo directivo de ADAS
ADAS está presidida por Arato Perú y la vicepresidencia la ocupa la gigante Camposol S.A., del Grupo Dyer Coriat, un conglomerado que reúne siete empresas de distintos rubros económicos, siendo las más importantes Camposol y la inmobiliaria Marverde.
Antecedente 2: comisaría y colchones
ADAS fue creada en 1998, pero en julio de 2021 sus directores añadieron en su partida registral un nuevo objetivo a sus estatutos: "la asistencia social y de beneficencia". Este perfil benefactor surgió seis meses después del paro agrario que encabezó el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Camposol (Sitecasa) de La Libertad.
Desde entonces, ADAS realizó donativos a la policía local.
En setiembre de 2022, anunció la remodelación de la Comisaría de Virú, desde la fachada hasta los dormitorios, con trabajos que incluyeron la renovación del mobiliario, la construcción de una sala de reuniones y un área de descanso para los efectivos.
En octubre de ese mismo año, la asociación informó a través de una nota de prensa la donación de 50 colchones para las comisarías de Virú y Chao, y en junio de 2023 la entrega de 10 camionetas, por un plazo de 90 días, para reforzar el patrullaje.
Pero su compromiso filantrópico también es amplio y variado. A través de pedidos de información mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a diversas entidades públicas de La Libertad, supimos que el gremio y sus empresas asociadas han entregado donativos valorizados en S/3,5 millones, entre junio de 2021 y octubre de 2023.
Los beneficiados han sido la Macro Región Policial La Libertad, con S/17,933, el Seguro Social Essalud, con USD 600,575.20, y la Municipalidad Distrital de Chao, con S/1 '287,086.09, que recibió 14 motos lineales, equipos de protección personal, radios portátiles y hasta el financiamiento de una obra vial y dos terrenos para instalar una caseta de Serenazgo y construir un estadio de fútbol.
¿Hay alguna muestra palpable de que por estas acciones los agroexportadores hayan conseguido ventajas a su favor? En la siguiente parte de este reportaje, veremos los casos del hospital de Essalud y un controvertido contrato para la donación de motos lineales a Seguridad Ciudadana que, a juicio de algunos especialistas, advertiría cómo el poder privado podría capturar al Estado.
*Esta investigación fue elaborada con el respaldo del FOREC - Foro de Reporteras y Reporteros en Conexión, en alianza con IDEA Internacional. El acompañamiento editorial estuvo a cargo de Elizabeth Salazar y la coordinación general de Jonathan Castro.
Los contenidos de este reportaje son responsabilidad de los periodistas y entrevistados y no necesariamente reflejan el punto de vista o posición de IDEA Internacional.