El Congreso ya no sabe qué hacer para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia: el Poder Judicial les ordenó suspender el proceso, pues una sentencia del TC le permite intervenir ante actos congresales que vulneren derechos fundamentales.
En este caso, el derecho al debido proceso de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes fueron sometidos a un procedimiento exprés para destruirlos sin la causa grave que exige la constitución.
El Congreso apeló esta decisión del Poder Judicial argumentando que nadie puede interferir en los actos del Congreso, amparándose en la misma sentencia del TC que dice que el Poder Judicial sí puede intervenir en defensa de derechos fundamentales.
Al mismo tiempo, la congresista Patricia Chirinos denunció a los jueces que ordenaron la suspensión del proceso contra la junta. Y con una celeridad inusitada, un fiscal nombrado por Patricia Benavides – quien es investigada por la Junta - les abrió investigación.
En paralelo, el Congreso le ha pedido al Tribunal Constitucional – a cuyos miembros nombró a su medida – que declare la nulidad de la resolución judicial que suspendió el proceso contra la Junta.
El proceso contra la Junta Nacional de Justicia está suspendido momentáneamente, pero el Congreso y sus aliados están haciendo todo lo posible para remover a sus miembros y lograr el control del sistema de justicia y los organismos electorales.
