La ahora exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, interpuso antes de dejar el puesto, denuncia constitucional contra el contralor por la presunta comisión del delito de contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por el nombramiento indebido de varios funcionarios.
El origen de esta demanda es la denuncia que hizo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría quién denunció al contralor por el delito de nombramiento ilegal por haber designado a Jakelin del Pilar Mellado Alania y a Roy Cristian Vera Chung, gerentes regionales de control de la Contraloría en Moquegua e Ica respectivamente, a pesar de no cumplir con los requisitos.
El Contralor, en su defensa, ha argumentado que se trató de designaciones de personal de confianza y apeló a su discrecionalidad para hacerlo. La fiscal Zoraida Ávalos consideró que este argumento no era válido y por eso presentó una acusación constitucional en su contra ante el Congreso.
El Contralor tiene la prerrogativa del antejuicio por ser un aforado, ahora será la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso y luego el pleno quienes decidan si le levantan la inmunidad al contralor para que la Fiscalía de la Nación continúe investigándolo o por el contrario se le blinde.
Zoraida Avalos presentó la denuncia constitucional el pasado 29 de marzo cuando era fiscal de la Nación. Ahora el caso ha quedado en manos Pablo Sánchez, su sucesor al frente de la Fiscalía de la Nación. Parece que todas las instituciones se tambalean por una u otra cosa.
La respuesta de la Contraloría
Desde la Contraloría General, señalaron que la denuncia constitucional suscrita por la ex fiscal de la Nación a pocas horas de dejar el cargo, y después de tenerla en su despacho durante más de tres años, carece de todo sustento jurídico.
La denuncia de la fiscal recoge un pedido presentado por un ciudadano que fue oportunamente desestimada por el Congreso de la República, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la desestimó por improcedente.
Obvia la fiscal que, de haberse dado alguna omisión, se trataría de situaciones del ámbito administrativo, más no penal como apresurada, sin rigor jurídico, y a última hora ha señalado.
Sin perjuicio de lo señalado, nos indicaron que el Contralor General está llano a participar de las diligencias pertinentes para explicar los hechos mal informados por la fiscal.
