Por César Azabache Caracciolo
El lunes 1° de julio ha comenzado el juicio por el llamado caso Cocteles contra la señora Keiko Fujimori y su entorno.
No encuentro simple resumir los cargos. Desde cierto punto de vista el caso trata sobre las condiciones en que la organización de la señora Fujimori recibió un millón de dólares de Odebrecht, en dos armadas, con ocasión a la campaña electoral de 2011. Desde otro punto de vista el caso parece referirse a la construcción de una compleja maquinaria destinada a encubrir el origen de los fondos que la organización de la señora Fujimori colectó con ocasión a esta campaña y la del 2016.
En sus últimas declaraciones públicas la fiscalía ha sostenido que el caso se refiere a ambas cosas a la vez. Pero si aún se tratara de los fondos de Odebrecht el monto de los fondos en debate sería equivalente a un millón. Sin embargo he visto notas que afirman que el caso trata sobre la percepción de US$ 17 millones. Esta cifra supone que el caso deja de estar construido sobre los aportes de Odebrecht y pasa a referirse a la maquinaria montada por el entorno de la señora Fujimori. De hecho la prueba sobre la existencia de la maquinaria se ve concluyente. Pero si el caso va a tratar sobre esa maquinaria falta una pieza en el rompecabezas: La fiscalía tendría que poder probar o al menos mostrar con solvencia que esos US$ 17 millones eran ilegales en su origen. La fiscalía lo ha sugerido, pero no ha podido hacerlo seriamente en ningún caso distinto a Odebrecht. No lo ha hecho en el caso de Juan Rassmuss, que ya ha muerto, ni en el caso Romero, los dos aportantes más importantes de esta historia. Lo ha afirmado con solvencia solo en el caso de Odebrecht (un millón de 17) pero contra esa empresa o sus representantes no ha formulado ninguna imputación por haber lavado activos.
Hemos insistido en notar que en noviembre de 2019 el profesor Yván Montoya propuso una ruta alterna que la fiscalía jamás optó por seguir claramente: Si la idea, al menos ahora, es discutir si la señora Fujimori amasó una fortuna clandestina y la lavó o la hizo lavar en su propio beneficio (esa historia se parece por cierto más a la del caso Ramírez que a este), entonces el problema no tiene que ver solo con la forma en que encubrió esos US$ 17 millones (cuyo origen se vuelve irrelevante) sino con la forma en que la fortuna amasada fue inyectada en el mercado. Esta opción ha estado siempre a disposición de la fiscalía, pero supone cargos por fraude en impuestos (las fortunas clandestinas representan ingresos ocultados como generadores de impuestos). Y la fiscalía ha llegado a este momento sin convocar a la SUNAT, entidad cuya opinión es imprescindible en este tipo de casos.
La falta de claridad se multiplica si notamos que conforme ha denunciado el profesor Arsenio Oré, también acusado en este caso, la acusación tiene 19 versiones que, según afirma, no están coordinadas entre si.
La confusión aumenta cuando notamos que este juicio tiene programadas más de dos mil declaraciones, incluyendo acusados, testigos y peritos. Más de la mitad de estas declaraciones han sido solicitadas por la fiscalía. Pero casi la mitad por la defensa, que tampoco parece interesada en simplificar las cosas.
También hay más de cinco mil documentos que deben ser leídos y discutidos en sesiones públicas.
En términos usuales un tribunal puede recibir en un solo día 3, a lo más 4 declaraciones. A toda prisa puede leerse y discutirse a lo más 10 documentos por cada sesión adicional, si son muy cortos y claros.
Este juicio necesitaría en las condiciones en que está planteado mil sesiones. Considerando tres sesiones por semana, que es más de lo usual, el juicio podría tomar aproximadamente 6 años. Doce si solo se reciben 2 declaraciones por día, si solo se leen 5 documentos por sesión, si se hacen tres sesiones cada dos semanas en lugar de 6 o si las mociones de las partes multiplican las confusiones sobre lo que debe discutirse y lo que no.
Para tener una idea de lo que esto significan estas estimaciones, el juicio de Nuremberg tomó un año y recibió 240 testimonios de 300 mil recogidos por escrito. En el juicio contra Eichmann en Israel, que tomó 8 meses, recibió 108 testimonios, además de declaraciones de expertos, y debatió 1,600 documentos. Importante notar que en ambos casos se trató sobre un genocidio, acaso el crimen más complejo que pueda imaginarse por la extensión de sus víctimas.
Para tomar en cuenta cómo han pasado las cosas entre nosotros vale recordar que en octubre de 2009 el Tribunal Constitucional declaró que un juicio de cinco años de extensión desvirtúa el sentido de los debates. A consecuencia de ello ordenó que se excluya del juicio que provocó la demanda que recibió al general Walter Chacón, a quien se había acusado por delitos relacionados con el periodo en que Montesinos Torres controló a las fuerzas de seguridad. En el otro extremo el juicio contra los hermanos Sánchez Paredes por lavado de activos en minería tomó casi siete años sin protestas de la defensa. El juicio seguido por el caso “Petro audios” sobre corrupción en el sector petrolero tomó un año nueve meses y el caso contra Alberto Fujimori por violaciones a los DDHH un año tres meses.
Planear un juicio que en el mejor de los casos tomará más de 6 años no es entonces usual. La extensión tampoco tiene mucho sentido. Un juicio es un proceso de deliberación abierto al público. El tema objetivo de la fiscalía solo puede ser convencer al tribunal de la culpabilidad de los acusados. El convencimiento debe ser intenso, porque las reglas del procedimiento exigen que la fiscalía elimine de la imaginación del tribunal toda duda posible.
Encuentro muy difícil que un fiscal pueda convencer a alguien con esta intensidad si anuncia que necesitará que le escuchen durante seis años seguidos para hacerlo. Después de 6 años no veo cómo el tribunal prueba repetir sin errores el nombre de dos mil declarantes ni veo cómo pueda diferenciar el contenido de cinco mil documentos. Proponer un juicio de estas características supone además asumir el compromiso de mantenerse en el cargo por seis años, porque no ayuda en un juicios de estas características que el fiscal que sostiene la acusación sea reemplazado a mitad de los debates. Y supone que al menos dos de tres integrantes del tribunal (dos juezas, un juez) permanezcan en sus asientos y para que el caso pueda sostenerse sin anulaciones.
Debemos tomar nota, con base en este caso, que nuestros procedimientos para la preparación de juicios no están funcionando. En teoría se llega a un juicio después que un juez distinto a los de juicio filtra temas que deben ser discutidos, excluye los que no merecen y lista el material que debe ser discutido. Que hayamos acumulado 19 versiones de la misma acusación muestra sin duda un enorme esfuerzo de control en el procedimiento de preparación del juicio. Pero no un resultado apropiado. Encuentro imposible tolerar que gastemos fondos del tesoro en organizar un juicio sin tomar en serio el costo que representa eso en tiempo, en incertidumbre y en confianza sobre la justicia. Entrar a un debate que resulta emblemático en estas condiciones es una pésima noticia. No encontrar cómo resolver el impasse sería una todavía peor.
La defensa ha solicitado que el auto de enjuiciamiento se anule, se escriba una sola acusación y se simplifique el debate. Creo que además es muy importante aclararla. Este caso tiene que establecer cuál de las tres versiones que supone (o es el caso Odebrecht, o es el caso de la maquinaria o es el caso de la fortuna clandestina) organizará los debates. Y tiene que organizar un programa que nos permita, como comunidad, observar y entender lo que ocurre.
Los juicios no son espacios cerrados que se desarrollen en un laboratorio. Son antes que nada, y deben serlo, espacios de comunicación institucional en los que se nos diga a todos y a todas que eso que reclamamos como justicia es más que un fantasía teórica
Entonces la clave del momento presente estriba en reorganizar las cosas. Y dado que no tiene sentido perder más tiempo en ello, de lo que dependemos es de un procedimiento de urgencia que nos proponga la fiscalía y admitan la defensa y la procuraduría para resolver este impasse de manera constructiva para todos y todas.
Sé que es más que complicado que en las condiciones actuales los personajes de este juicio puedan ponerse de acuerdo en algo que se ha vuelto tan difícil, como fijar las reglas de un debate público. Pero si no son capaces de hacerlo, luego no culpen al sistema legal del enorme desorden que sigue.
Porque si no resuelven esto el resultado no será predecible en ningún sentido imaginable.
