Exclusivo: Jueces ratifican "regalo" de 415 hectáreas de playa de La Libertad para constructora, gracias a funcionarios de Acuña
Desde el 2018, las playas de la provincia de Virú, La Libertad, dejaron de ser de los peruanos. Se las vendieron a tan solo 0.40 céntimos el metro cuadrado a la constructora Valle Alto S. A. C., cuyo CEO es Manuel Huamanchumo Aray, a la vez dueño de Metalmark. El escándalo reventó en la gestión del exgobernador Luis Valdez Farías, precursor de César Acuña. Siete años después, cuando el Gobierno Regional, aún bajo el mando de Alianza para el Progreso (APP), tuvo la oportunidad de recuperar las tierras, hicieron lo contrario: funcionarios cometieron "omisiones" en un arbitraje y las perdieron otra vez. Tres jueces así lo acaban de ratificar.
En Puerto Morín, en la provincia de Virú, La Libertad, 415 hectáreas de playa ahora son propiedad privada. Un área equivalente a 80 estadios nacionales juntos fue comprada por 1 millón 663.080 soles: 0.40 céntimos cada metro cuadrado.
El autor del "regalo" fue Luis Valdez Farías, fiel escudero de César Acuña y actual secretario general de su partido, uno de los más poderosos del Congreso, APP. Durante su gestión en el 2018, Valdez autorizó la venta.
Pero el comprador, Manuel Huamanchumo Aray, de Valle Alto, no cumplió con ejecutar un "proyecto inmobiliario, ecológico y turístico" en cinco años, según decía su contrato con el Gobierno Regional y al que nombraron "Virú Mar".
Y en lugar de que la gestión Acuña exija de vuelta las tierras, Huamanchumo se anticipó: tocó la puerta de un tribunal arbitral ad hoc en la Cámara de Comercio de La Libertad y protestó que el Gobierno Regional nunca le había entregado el acta que formalizaba la entrega del terreno, pese a que en Registros Públicos puso las 415 hectáreas a nombre de su empresa.
Este año los árbitros le dieron la razón a Huamanchumo. El procurador del Gobierno Regional, Pedro Armas Plasencia, fue al Poder Judicial a pedir que anulen el arbitraje porque no fue "debidamente notificado", pero fracasó.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad informó, el último 28 de noviembre, que la Primera Sala Especializada Civil declaró "infundado" el pedido de anulación de Armas. Ratificaron el poder de Valle Alto, que, según el Estado, tampoco cuenta con estudios de impacto ambiental para intervenir las playas de Virú.
¿Cómo logró Huamanchumo hacerse de esas playas? ¿Tuvo razón o quién le facilitó las cosas?
Infundado Anulación Arbitraje by Epicentro TV
PAPELITO MANDA, CUANDO CONVIENE
El acta de entrega del terreno por el que tanto protestó Huamanchumo este año solo fue una excusa para ganar.
Valle Alto, el 16 de febrero del 2022, ya había cercado parte de las playas y llevado maquinaria pesada para "aplanar una gran extensión" de arena, advirtió la fiscal ambiental Patricia Ponce en un acta de operativo fiscal.
También halló un dren que llevaba agua de una zona de humedales hacia el mar, "perdiendo (el agua) progresivamente".
Este año hubo por lo menos dos operativos fiscales más. Uno en abril, en donde hallaron "químicos" y "etiquetas de herbicidas", según una fuente en reserva del Ministerio de Vivienda que habló con Epicentro Tv.
El último 5 de setiembre un cargador frontal y una retroexcavadora, bajo las órdenes de Huamanchumo, también fueron sorprendidos abriendo zanjas en plena playa. Intervinieron a los conductores, y uno de ellos hasta intentó darse a la fuga, según consta en el acta del operativo. Ambos aceptaron trabajar para Valle Alto.
"Estaban haciendo drenes y un muro de contención en los primeros 200 metros de la playa, que es una zona intangible y prohibida", señaló la fiscal ambiental Lisha Ramírez Oré a este medio. El delito que se les imputa es contaminación ambiental por alteración del paisaje, que tiene una pena de cárcel de 4 años.
Para el biólogo Luis Pollack Velásquez, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), de seguir todo así "el cambio será definitivo y el daño incalculable" para el ecosistema de la playa.
Pollack estudió la fauna que habita en los humedales de Cerro Negro, en medio de la playa de Puerto Morín, en enero del 2017, cuando Luis Valdez aún no había vendido nada. "69 especies de aves, distribuidas en 33 familias; una especie endémica, 18 migratorias boreales y 50 residentes", identificó Pollack para la revista científica Arnaldoa.
Valle Alto, que siguió interviniendo la playa, no tiene siquiera estudios de impacto ambiental, según tres instituciones públicas consultadas por Epicentro Tv.
"En la Subdirección de Registros Ambientales no se han identificado estudios ambientales a cargo de la empresa Valle Alto S.A.C.", contestó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Similar respuesta tuvieron el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de La Libertad.
EXCUSAS DE UN APEPISTA
Es falso que el actual procurador del Gobierno Regional de La Libertad, Pedro Armas, no haya sido notificado del arbitraje en su contra. Y por ser falso, su pedido de anular todo fue declarado "infundado" por el Poder Judicial.
Armas es un viejo conocido en la cúpula de César Acuña. No solo es militante: postuló dos veces a la alcaldía distrital de Casa Grande, en Ascope, La Libertad, con APP.
Es la segunda vez que Armas favorece a un empresario a través de su función como procurador público. Bajo la misma gestión apepista, lo hizo primero con el caso Lucero Coca, en la obra de la carretera Trujillo-Huanchaco por S/121 millones.
Y Armas es un abogado que se aferra a las "formas". Por eso insiste en responder que nunca fue notificado. "La empresa no nos notificó a la dirección de la Procuraduría, sino a la dirección del Gobierno Regional", señaló.
La Contraloría General echó por tierra este argumento, pues dijo, en un informe de control posterior, que un funcionario de la Procuraduría fue advertido del arbitraje el 12 de setiembre del 2022 a través de la sede del Gobierno Regional, pero no respondió sino hasta el 29 de noviembre, cuando el plazo era de cinco días hábiles.
Armas reconoce que hubo una omisión en el funcionario al no contestar a tiempo, pero a la vez admite que no los notificaron. "Lo que pasa es que yo no estuve, dejaron a un procurador encargado, y me entero cuando regreso", respondió, tratando de justificar la contradicción.
EL SILENCIO DE VALLE ALTO
El rostro visible de Valle Alto no es ningún integrante de la familia Huamanchumo, sino su gerente general, el contador público Ricardo Bobadilla Grados.
A las 9 de la mañana del último 12 de setiembre, Epicentro Tv llamó a Bobadilla. Quien contestó la llamada se presentó como su asistente y nos prometió coordinar con el gerente general una entrevista.
En medio de la espera, Bobadilla prefirió ofrecer una conferencia de prensa a tres medios digitales de Virú. Ante ellos, se defendió de la denuncia por contaminación ambiental que sigue la Fiscalía. A nosotros, inexplicablemente, nunca nos tomó el teléfono.
"Los drenes nos permiten reducir el nivel de napa freática para lo que hemos planificado. La zona contará con energía, agua y conexiones. Daremos más de 2500 puestos de trabajo. Vamos a trabajar habilitación, veredas, pistas y crearemos un polo turístico", dijo Bobadilla a los medios de Virú.
Negó que vayan a hacer una playa privada, pero tampoco precisó si contaban con estudios de impacto ambiental para su proyecto inmobiliario.
Huamanchumo no perdió el tiempo este año. Consiguió que la gestión del alcalde de Virú, Juan Mendoza, otro militante de APP, le diera los permisos para independizar del área rústica sus 415 hectáreas de playa.
Luego tocó la puerta de Registros Públicos y decidió repartir su terreno en 17 lotes. Algunos de ellos cruzaban el área prohibida, pero el registrador público de Trujillo Daniel Montoya López igual lo aprobó.
"El jefe zonal de Registros Públicos tiene conocimiento que es un área restringida. Hemos tenido reuniones con él. Difícil que puedan hacer una independización de un terreno en una zona restringida, una zona marginal. Si lo hace, hay una omisión, se le denuncia", dijo el propio Pedro Armas, procurador del Gobierno Regional.
Dicho funcionario, Carlos Pastor Casas, no respondió hasta el cierre de este informe nuestro pedido de entrevista.
Los primeros 200 metros del mar hacia la orilla son intocables, según la Ley de Playas, de 1997. Pero Valle Alto aduce que esa norma no los afecta porque el Estado debe hacer prevalecer a los antiguos dueños, que inscribieron su partida registral en 1990.
El último viernes, es decir, tres meses después, volvimos a hablar con el presunto asistente de Bobadilla. Nos brindó otro número de su jefe, pero este siguió aferrado a su silencio. En una de sus oficinas administrativas de Trujillo tampoco nos facilitaron una comunicación con él.