Enma Benavides: la reparación civil que le exige la Procuraduría Anticorrupción

En la investigación por la liberación de reos por narcotráfico a cambio de presuntos sobornos, la hermana de la fiscal de la Nación y sus coprocesados deben pagar una reparación de 6 millones y medio de soles, en caso sean condenados. Pero no es tan sencillo, pues, el juez supremo Juan Carlos Checkley debe resolver el pedido de sobreseimiento de la investigación planteado hace nueve meses por el fiscal que nombró Patricia Benavides.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, declaró fundado el pedido de la Procuraduría Pública Anticorrupción para participar como actor civil en la investigación seguida contra la jueza superior Enma Benavides –hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides– y sus ex colegas del Colegiado E de la Sala Penal Nacional, por la presunta recepción de dinero a cambio de fallos para liberar a procesados por narcotráfico.

La Procuraduría Anticorrupción hizo este pedido el 11 de agosto de 2022. El 30 de octubre pasado, luego de un año, dos meses y diecinueve días, el juez Checkley respondió la solicitud declarando fundado el requerimiento e incorporando a la Procuraduría como actor civil.

La entidad defensora del Estado para casos de corrupción de funcionarios exige que los jueces superiores que integraron el tribunal de las liberaciones, el Colegiado E de la Sala Penal Nacional, Enma Benavides Vargas, María Luisa Apaza Panuera y Pablo Ilave García, así como el juez de primera instancia, Rafael Martínez Vargas, y los abogados Walter Mendoza Pérez y Ana Luisa Vásquez Aliaga, además de dos procesados colombianos por tráfico de drogas, paguen entre todos una reparación civil de S/ 6 millones y medio.

Los presuntos delitos por los que se les investiga a todos ellos son tres: asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico.

Antes de ser removida por la fiscal de la Nación, la fiscal que los investigaba, Bersabeth Revilla, imputó a los magistrados Benavides, Apaza, Ilave y Martínez los cargos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo específico.

Por el primer presunto delito, la Procuraduría Anticorrupción exige que Benavides y sus colegas paguen S/ 2’500,000 por el daño patrimonial que les atribuye.

Por el segundo presunto delito, cohecho pasivo específico, la Procuraduría Anticorrupción exige la misma suma para Benavides y sus ex compañeros.

En el tercer supuesto delito, cohecho activo específico, no están implicados los magistrados sino los procesados a quienes liberaron, es decir, los colombianos Roberto Carlos Gómez Herrera, ‘Huevo’, Edinson Ruiz Martínez y José Manuel Ruiz Martínez. A ellos se les exige un monto de reparación civil menor que los anteriores: S/ 1’500,000.

Pero el asunto no es tan sencillo como parece.

El juez Checkley Soria tiene en su despacho desde el 1 de febrero pasado, hace nueve meses, el pedido del fiscal supremo provisional transitorio Uriel Terán Dianderas –a quien la fiscal de la Nación colocó en el cargo en lugar de la fiscal Bersabeth Revilla– para que el proceso contra Benavides y sus ex compañeros de sala sea declarado judicialmente sobreseído, o suspendido por falta de pruebas, y vaya al archivo.

El fiscal Terán, como han informado IDL-Reporteros y Epicentro Tv, pidió el cierre del caso para Enma Benavides, María Apaza, Pablo Ilave y Rafael Martínez, varios meses antes de la culminación del plazo de investigación, pese a que aún tenía diligencias de investigación pendientes y tiempo.

La inclusión de la Procuraduría Anticorrupción como actor civil en este proceso podría ser parte de los últimos formalismos antes de que el juez Checkley tome la decisión definitiva.