En sólo ocho meses, se ha contratado a 758 trabajadores más en el Congreso, que ya estaba superpoblado. Y la meritocracia es letra muerta en una institución en la que el “dedazo” es la opción predilecta para las contrataciones

Trabajar en el Congreso puede ser una contradicción. Por un lado, hay que esquivar los tomatazos ciudadanos contra una de las instituciones que genera más rechazo, pero por el lado laboral, vale la pena permanecer bañado en salsa roja.

El Congreso, por ejemplo, poniendo como escudo la autonomía que le otorga la constitución, no se acoge a la ley SERVIR. Un trabajador parlamentario, por lo general, no entra a laborar por concurso público sino por recomendación y, si no se trata de un puesto de confianza, puede obtener la estabilidad soñada de 16 sueldos al año y beneficios, sin que nadie evalúe su desempeño y sin que la tan temida meritocracia amenace su puesto. A esto añadiremos que, en diciembre del 2021, se hizo un nuevo ajuste remunerativo para los trabajadores de planta, del cual se sabe poco hasta ahora.

Antes del detalle, hay que entender primero que, según el reglamento interno del parlamento, además de los congresistas, existen dos tipos de trabajadores con funciones bien diferenciadas:  aquellos que laboran en la organización parlamentaria y aquellos otros que lo hacen en el servicio parlamentario. En la organización parlamentaria están aquellos trabajadores “de confianza”, personal generalmente traído por cada congresista, asesores y técnicos que se distribuyen en los despachos congresales, las comisiones parlamentarias, los grupos de trabajo y la Mesa Directiva. Este primer grupo no ingresa por concurso público ni accede a los nombramientos, porque, como personal de confianza, permanecerá tanto tiempo como decida el congresista para el que labora.

En el otro grupo, el de los trabajadores de servicio, laboran los funcionarios de apoyo en el área legislativa y administrativa del congreso, incluidos cargos importantes como el Oficial Mayor.  Aquí el concurso público es casi inexistente.

El universo de los trabajadores del servicio parlamentario, según cálculos del secretario general del sindicato de trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, es de unas 950 personas, donde, según admite él mismo, no existe la meritocracia desde hace mucho tiempo.

Es esta área, precisamente, que se ha dado el más reciente ajuste salarial.

En el acta de la sesión 22 de la Mesa Directiva, en el que se aprueban las decisiones tomadas en el acuerdo colectivo de trabajo 2022-2023, se mencionan los “beneficios pactados que alcanzan a todos los trabajadores del servicio parlamentario” y se deja claro que “se aprueba la escala remunerativa de los trabajadores del congreso sujetos al régimen laboral del decreto legislativo 728”. El ajuste salarial entró en vigencia desde el 1 de enero de este año. Lo curioso es que nunca se menciona en el texto la palabra “ajuste” ni “aumento” y más bien se hace mención de un acta firmada en noviembre pasado, cuyo contenido no se anexa ni es visible en el portal web del Congreso.  ¿De cuánto es el aumento para los trabajadores del servicio parlamentario?

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“Es de 15% y lo consideramos pequeño”, afirma Tulio Vizcarra al teléfono añadiendo que “es un logro justo, ya que en 24 años la escala salarial no se ha movido”. Vizcarra se refiere a que, durante el segundo periodo de Alan García, se redujeron los sueldos de los trabajadores del congreso y añade: “Yo no lo veo como un aumento en las remuneraciones, sino una recuperación de lo que nos habían quitado”.

FOTO TULIO VIZCARRA 

La escala remunerativa del Congreso tiene 14 niveles y fluctúa entre los 2,070 y los 15, 600 soles. A esto se suman dos bonificaciones, también logradas por negociación: 1500 soles por movilidad y refrigerios y 2 mil soles por bono sindical, es decir, 3500 soles más por cada trabajador. No es precisamente un sueldo deleznable.

“Se ha tratado de paliar con este bono de refrigerio y el bono sindical, pero no es pensionable y no colabora en nada para que el trabajador tenga mejoras en sus ingresos”, insiste el secretario sindical, quien añade que muchos trabajadores trabajan de sol a sol, fines de semana y que nunca se les ha pagado horas extras.

“El congreso, vende, pues, yo siempre se lo he dicho a la prensa. Por culpa de la prensa, que atacan a los políticos, el Congreso está mal visto, por los políticos. Pero no saben que detrás del Congreso están siempre los trabajadores, durante más de 30 años, dando su vida acá”. Vizcarra es un convencido de que los periodistas tenemos la culpa de que no haya habido ajuste en los salarios antes.

“Entonces cuánto debería ganar un trabajador del Congreso según usted?, le preguntamos.

“Si hacemos una comparación con los controladores aéreos, deberíamos ganar más que ellos. Si nos pagaran las horas extras que les pagan a ellos, tendríamos que ganar 30 o 40 mil soles. El Oficial Mayor debería ganar ese sueldo. No todos ganarían lo mismo, la escala iría para abajo”, responde.

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Presupuesto y planilla:  globos de gas

El tema de los sueldos en el Congreso se convierte en un tema de verdadero interés público cuando se cruza con la otra variante de crecimiento descontrolado en esta institución: el tamaño de su planilla y de su lista de trabajadores de confianza.

Sólo comparando cuadros que el mismo Congreso elabora cada trimestre, se puede visualizar que mes a mes, existen más y más trabajadores.

En agosto del año pasado, entre personal de las leyes 728 y 276, que regulan el régimen privado y la carrera pública, más el personal CAS y los pensionistas, había 3,131 trabajadores contratados en el Congreso. Hablamos de momentos de instalación del nuevo parlamento y por ende de contratación de nuevo personal de confianza.  Hasta ahí, se podía justificar, pero para setiembre, dos meses después de instalarse los 130 congresistas, ya había 3,505.

Y finalizando el siguiente trimestre, para diciembre del 2021, siguió creciendo la lista: 3,761 contratados.  261 trabajadores más.

Para finales de marzo de este año, la evolución de la planilla termina contando 3,889 trabajadores, 128 más que el trimestre anterior.

Haciendo el ejercicio, entre agosto del 2021 y marzo de este año, hay 758 nuevos trabajadores contratados en el congreso. Un globo que no se hace más que elevarse sin freno.

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Personal Dic 2021 by Epicentro TV on Scribd

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“El dato no es exacto, pero puede justificarse por la pandemia, pues ha habido trabajadores vulnerables”, se aventura a decir Tulio Vizcarra, el secretario del sindicato del parlamento. “La población del Congreso es una población adulta, muchos del personal de seguridad no podían venir y han tenido que haber contratado. Yo supongo que en el mes de julio eso tendrá que disminuir”, sostiene.

¿700 en seguridad? ¿Cómo se justifica un crecimiento de esta magnitud? Extendimos un cuestionario inicial a la jefatura de Recursos Humanos del Congreso, pero hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta.

¿Qué ha cambiado en el Congreso que requiera tal despliegue de personal?

No mucho. Desde el año 2009, ya no son 120 los congresistas sino 130, algo que se logró a través de una reforma a la constitución, que tenía una lógica de mejorar la representatividad democrática.  ¿Bastan 10 nuevos congresistas, 10 nuevos despachos, para explicar la explosión creciente del número de trabajadores? Y a más trabajadores, más gasto.

El Parlamento ha incrementado su Presupuesto Institucional de Apertura en más de 600 millones de soles, durante los últimos 20 años. 600 millones más.  En el 2001, eran cerca de 300 millones los que proyectaba gastar el parlamento y para este año ese monto es calculado en S/. 879.9 millones, según data del MEF.

Y es en el rubro de remuneraciones y obligaciones sociales, que el salto se ve más claramente.  En el 2001, el gasto era de 141.2 millones de soles y este año es de 626.3 millones, cuatro veces más, teniendo las mismas funciones y solo 10 despachos parlamentarios más.

El poder del dedo

Hasta hace unos años, los trabajadores del servicio parlamentario, como en cualquier institución pública, obtenían su plaza por concurso. Esto ya no es así.

En las últimas décadas han sido muy pocas las convocatorias a concurso público para ciertas plazas técnicas y especialistas parlamentarios, pero en un porcentaje muy pequeño. En un ambiente de esa naturaleza y, sin control meritocrático alguno, son muchos los que han obtenido una plaza permanente con el paso de los años, tal cual fuera una empresa privada, resultando trabajadores prácticamente inamovibles por ley. A esto sumemos los trabajadores que han ganado su reposición por la vía judicial, incluso por la CIDH, unos 300 en la actualidad. Esto explica en parte la superpoblación de trabajadores parlamentarios.

Y no es por falta de ley escrita. El régimen laboral del congreso está, en teoría, basado en el Estatuto del Servicio Parlamentario y en el Reglamento Interno de Trabajo. Sin embargo, abundan las suspensiones de su vigencia y las modificaciones que desaparecen ciertos requisitos, como grados académicos avanzados, especializaciones o maestrías, para facilitar la contratación de personas recomendadas.

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Eso ocurrió más recientemente en el 2018, cuando bajo la presidencia de Luis Galarreta en la Mesa Directiva, se suspendió de un plumazo el estatuto que había sido aprobado apenas dos años antes. Este estatuto, entre otras cosas, establecía que el ingreso al servicio parlamentario fuera por concurso.

Lo mismo ocurre con la pertenencia a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. En agosto del 2017 se aprobó la Ley 30647, que excluyó a los trabajadores del Congreso, a los de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva de los alcances de normas de SERVIR.

La decisión estaba basada en autonomía que debe tener el órgano legislativo de cualquier presión del Ejecutivo, garantizada constitucionalmente. Pero ¿excluir a todos los trabajadores?

Esto había sido materia de amplia discusión en el Tribunal Constitucional que ya había declarado inconstitucional una norma similar, debido a que un trabajador del Congreso «no tiene una progresión específica ni carácter especial que justifique el tratamiento diferenciado».

Igual sucede con el Reglamento Interno de Trabajo, que es suspendido en su vigencia o modificado a voluntad de la Mesa Directiva, cada vez que necesitan suprimir requisitos para la contratación de personal recomendado.

Esto se puede ver claramente en el acta de acuerdo de la actual Mesa Directiva, de Setiembre pasado, en el que se deja sin efecto la incorporación de un párrafo que especificaba los requisitos mínimos para ocupar puestos de categoría profesional en los módulos de personal de confianza, para los que se exigía que “al menos dos de los puestos de asesor deben estar cubiertos por un/a profesional con título universitario o maestría afín a la especialidad de la comisión”. Lo que se acuerda es desaparecer tan molesto requisito, debido a que “existe un problema operativo (…) toda vez que no se establece de manera objetiva los criterios para determinar dichas afinidades”. Más clara el agua.

Baile de los que sobran

El resumen de este caprichoso nudo de contrataciones y vallas meritocráticas echadas al olvido, se grafica en un reciente oficio del pasado 21 de abril, enviado por el jefe del Departamento de Comisiones del Congreso a los congresistas que presiden las diversas comisiones de trabajo, poniendo “a consideración la nómina de personal profesional, técnico y auxiliar (…) que se encuentra en situación de disponibilidad”. A la carta se anexa una lista con de 22 nombres, con especialidades y profesiones. 22 trabajadores que no estaban asignados a ninguna comisión ni despacho hasta esa fecha, 9 meses después de haber iniciado funciones el congreso. Sobran las palabras.

Durante la actual gestión de Maricarmen Alva en la presidencia del parlamento, también se ha mantenido el acuerdo vigente desde hace varios años que distribuye competencias de los vicepresidentes de la Mesa Directiva sobre ciertas oficinas parlamentarias, como la de Participación Ciudadana, Cooperación Internacional, la Oficina de Enlace con el Ciudadano y el Fondo Editorial. Algo que se suele interpretar como cuotas de poder para contratar personal de confianza, sin mayores tamiz meritocrático.

“La mayoría del personal entra por recomendación”, admite Tulio Vizcarra, hablando del universo de trabajadores del congreso en general. “En todo caso, cada mesa tiene una cuota de poder. Son los que manejan y manejan a su gente de confianza”, añade el secretario sindical, coincidiendo en que la única forma de frenar esta situación es el retorno al Estatuto de servicio Parlamentario, que tan limpiamente se borró en el periodo Galarreta. “Esto permitiría que ya no ingrese personal a dedo, serian todos por concurso público y los puestos que hoy están vacantes, sean concursados también por el personal de planta y a la vez, los que queden libres, serian concursados en concurso público”, afirma Vizcarra, quien asegura que ya existen proyectos de ley presentados ante la Comisión de Constitución para retornar al estatuto y por ende a la meritocracia que tan abiertamente se evade en el parlamento.