En 3 años minería ilegal ha destruido 30.800 hectáreas de Amazonía
Pese a que la presidenta Dina Boluarte habló de operativos contra la minería ilegal, la verdad es otra. Recientes investigaciones con imágenes satelitales revelan un crecimiento imparable, no solo de la deforestación que provoca, sino también de su infraestructura y de la masa laboral que sigue engrosando las filas de este negocio ilícito.
Las últimas investigaciones sobre la minería ilegal del oro en la Amazonía peruana revelan que esta boyante economía ilícita ha crecido de manera incontenible en el último año y que su avance, junto con el de la deforestación de los bosques, la degradación de sus tierras y el incremento de su masa laboral, es incontrolable por el Estado.
En lo que va del 2024, solo en Madre de Dios -una de las zonas más devastadas por la extracción de oro al margen de la ley, pero no la única- la minería ilegal continuó arrasando áreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, sin que las autoridades puedan evitarlo pese a la protección que debe darle, como lo muestra la siguiente imagen proporcionada por el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente.
Esta información confirma que el gobierno no es capaz de detener este creciente mercado, en un contexto en el cual uno de los principales aliados de la minería informal, Eduardo Salhuana, ha sido elegido nuevo presidente del Congreso de la República, y en el que este poder del Estado se esfuerza más por controlar algunas ONG que en ponerle freno a la minería ilegal, pese a que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es la que produce las más grandes ganancias para las organizaciones criminales.
Las imágenes que revelan este avance imparable fueron obtenidas a través de monitoreos de la Amazonía con instrumentos satelitales y presentadas la semana pasada por la organización Conservación Amazónica (ACCA), como parte del Observatorio de Minería Ilegal.
La realidad
Entre los años 2001 y 2022, la Amazonía peruana perdió un total de 2 '921,138 hectáreas de bosques.
Según el informe "Estado actual de la minería aurífera en la Amazonía peruana", que elaboró Sidney Novoa, director de SIG & Tecnologías para la Conservación, de la organización ACCA, solo en el período entre 2021 y 2024 se registró en la zona sur de Amazonía una deforestación de 30,846 hectáreas, causada por la minería ilegal.
De esta cifra, tres cuartos (74%) de la deforestación causada por la minera ocurrió dentro del denominado "corredor minero" de Madre de Dios, y el cuarto restante (26%) también corresponde a probable minería ilegal, realizada en áreas prohibidas y fuera del "corredor minero".
La mayor parte de la deforestación afecta a las diez comunidades nativas de la zona. Las más perjudicadas son San José de Karene (1,099 hectáreas perdidas), Barranco Chico (1,008 hectáreas exterminadas) y Tres Islas (827 hectáreas). Luego, vienen Puerto Luz (305 hectáreas), Boca Inambari (305 hectáreas), Kotsimba (297 hectáreas), San Jacinto (269 hectáreas), Shiringayoc (267 hectáreas), Arazaire (78 hectáreas) y El Pilar (40 hectáreas).
Asimismo, ha arrasado con 2,439 hectáreas (7.9%) de las zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas del país.
Realidad vs. mensaje presidencial
En su mensaje a la nación, el 28 de julio pasado, la presidenta Boluarte le dedicó apenas dos párrafos a la minería ilegal y en ambos repitió que en el 2023 el gobierno realizó 729 operativos contra dicho delito y, en los primeros cinco meses de 2024, ejecutó 481 operativos que implicó la destrucción de 1,336 campamentos, 6 plantas procesadoras y 502 pozas, además de la incautación de 17,451 cartuchos de dinamita.
No obstante, la realidad revela un aumento exponencial de las herramientas y la infraestructura en general de los mineros ilegales.
Por ejemplo, en 2021, solo en Madre de Dios las investigaciones identificaron 148 dragas remanentes en espacios degradados; en 2023, 598 dragas, lo que representa un aumento de más del 400%; y en 2024, encontraron 1331 dragas, lo que significa un aumento de más del 900% respecto de 2021.
La siguiente imagen explica ese crecimiento. Los pequeños círculos amarillos reflejan la ubicación de las dragas en 2021, los círculos rojos en 2023 y los celestes en 2024.
Lo mismo ocurre con la fuerza laboral. Según el informe del experto Sidney Novoa, de ACCA, sobre la base del tipo de dragas encontradas se estimó que en 2021 había 592 personas trabajando para la minería ilegal en esta zona de Madre de Dios; 2,392 trabajadores en 2023; y 5,324 personas en 2024.
Si al análisis se suma que las mafias usan una nueva infraestructura como el "chute básico" (una especie de tolva), tenemos que la mano de obra que trabaja en esta zona para la minería ilegal asciende a 10,924 personas.
Como ocurre con el narcotráfico, aún sabiendo que se trata de una actividad al margen de la ley, el mercado laboral de la minería ilegal no ha dejado de crecer.
Alarma en Loreto
En la región más extensa del país hay una alarmante proliferación de la minería ilegal en doce ríos amazónicos. Pese a que en 2023 se detectó la presencia de dragas en once ríos, este año se ha advertido que las dragas están operando en doce ríos.
Esto afecta a 20 comunidades indígenas, un área natural protegida (el Parque Nacional Yaguas), dos zonas de amortiguamiento (de las reservas naturales Allpahuayo Mishana y Pacaya Samiria), y un área de conservación regional. Ello, además de la concesión de Cotuhé, ubicada en el límite amazónico entre Perú y Colombia.
La siguiente imagen satelital muestra una línea de puntos rojos. Es la zona de los ríos Nanay y Tigre, en donde las dragas no dejan de extraer oro a vista y paciencia de las autoridades y las fuerzas del orden. En el caso de Cotuhé, señalado con una estrella amarilla en la línea diagonal de la frontera con Colombia, se ha detectado la presencia de ocho dragas.
Según el informe de ACCA, en el río Nanay hay 310 registros de dragas entre los años 2021 y lo que va de 2024.
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Según otro informe presentado en paralelo, titulado "Minería en las Regiones Amazónicas", del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, durante el 2022, la pérdida de los bosques amazónicos en el Perú fue de 146,575 hectáreas.
El acumulado en el período del 2001 al 2022 arroja una pérdida total de bosques de 2 '921,138 hectáreas.
Uno de los grandes responsables es la minería ilegal.
Un informe de la UIF utilizado de manera interesada por algunos congresistas, que fue revelado por Epicentro Tv el 20 de junio pasado, coloca a la minería ilegal en su verdadera magnitud, al señalar:
"En términos de la amenaza de lavado de activos, el informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes indica que el gobierno peruano identificó 1,750 millones de dólares en fondos potencialmente ilícitos que fluyeron a través de Perú, de enero a setiembre de 2019. La minería ilegal produjo más de 880 millones de dólares en ganancias ilícitas de enero a setiembre de 2019 y constituye el 45% de todo el dinero blanqueado en Perú en los últimos nueve años, por mucho (es) el sector más grande. Los narcotraficantes suelen blanquear las ganancias a través de actividades mineras ilegales y transacciones de oro".
Pero, en su discurso, la presidenta Dina Boluarte no se refirió al fin del proceso de formalización, y el Congreso sigue prolongando los plazos para que los ilegales se formalicen, legislando en general a favor de las organizaciones criminales, creyendo que las ONG son el enemigo, y eligiendo como su presidente a Eduardo Salhuana.
Esa es su mirada del país, mientras que nadie puede parar la minería ilegal.
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Daniel Yovera
Periodista peruano. Exreportero de los dominicales televisivos "Cuarto Poder" (América Tv) y "Es Noticia (ATV). Exjefe de Investigación del diario El Comercio y de Política de La Primera.
