Documental. Epicentro TV y Proética presentan el relato de cómo una transnacional depredó impunemente más de 10 mil hectáreas de Amazonía peruana para plantar palma aceitera. Fiscales y testigos han sido amenazas en este caso de denuncias por crimen organizado, corrupción y poder económico.

Reportaje: Daniel Yovera.

Imágenes: Roberto Villanueva y Carlos Mauriola.

Daniel Yovera:
-¿Usted ha recibido amenazas?

Testigo Protegido
Sí, muchas amenazas, reiterativamente. Amenazas de muerte vía telefónica, mensajes de texto.

Oculta su identidad por miedo a represalias. Es testigo protegido del Ministerio Público y advierte que su vida corre peligro porque su confesión permitió impulsar una de las investigaciones de crimen organizado en la Amazonía más grandes de los últimos tiempos.

Wilber Huamanyauri Cornelio / Fiscal Provincial Penal de Coronel Portillo
Allí sufrí una persecución inminente.
Por ejemplo, han hecho disparos a mi casa con arma, me iba a un supermercado a cenar, salía y la llanta de mi camioneta la encontraba reventada, toda la capota de mi carro rayada.

Él es el fiscal que descubrió a la presunta organización criminal y eso le valió poner su vida en peligro.

Wilber Huamanyauri Cornelio / Fiscal Provincial Penal de Coronel Portillo
Recibía llamadas amenazantes en la madrugada, saliendo del Poder Judicial recibía amenazas, amenazas de muerte.

En el 2018, el testigo reveló al fiscal que entre los años 2012 y 2015 la organización montó, desde el Gobierno Regional de Ucayali, un sistema para titular grandes masas de bosque amazónico que terminaron en poder de dos empresas de capital extranjero que, primero talaron para sembrar palma aceitera, y después, pidieron permiso para regularizar la tala. Un permiso aún pendiente. Las cosas al revés.

Talaron dos grandes bloques de más de 5 mil hectáreas cada uno. Más de 10 mil hectáreas deforestadas, en total. El equivalente al área de los distritos limeños de Surco, San Borja, San Luis y La Molina, juntos. Luego, sembraron en enormes, rectangulares y perfectas divisiones, plantaciones de palma aceitera, e iniciaron el negocio de agroexportación más importante de esta parte del país.

Testigo Protegido
Casi todos, por no decir en su totalidad, todos los bosques de la región Ucayali ya están siendo hasta la fecha negociados por grandes empresas de forma ilegal. A través de trabajos de titulación fraudulentos.

Diez años después de la tala y con otros actores, el negocio sigue boyante, pero con la regularización ambiental pendiente. En 2016, otra empresa pasó a controlar el negocio. Sus actuales directivos confían en obtener la licencia ambiental. Podrían lograrlo gracias a una norma recientemente aprobada por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Aunque la empresa no cree que se verá beneficiada. Si así ocurriera, provocaría una posible colisión entre la Fiscalía de Crimen Organizado, que investiga los presuntos delitos ambientales, y el Ejecutivo, que autorizaría la operación en vía de regularización.

El Estado contra el Estado. Y, sentada en el último lugar de la fila, la Amazonía.

Diciembre del 2018. Caso “Cocha Anía”. Un juez de Ucayali dicta prisión preventiva contra los principales funcionarios regionales acusados de urdir un presunto tráfico de tierras a favor de dos empresas de capitales extranjeros. Los dos personajes son Isaac Huamán Pérez y Christopher Hernández Larrañaga.

Cuando los hechos ocurrieron, este hombre, Isaac Huamán Pérez, dirigía la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, encargada de titular predios del Estado o en posesión de agricultores. En el 2018, una denuncia pública lo sindicó como el líder de una presunta organización que montó un mecanismo para favorecer con títulos no a agricultores sino a las empresas Plantaciones de Ucayali SAC y Plantaciones de Pucallpa SAC, ambas, controladas por el empresario checo-norteamericano, Dennis Melka, operador financiero de un emporio con negocios de palma aceitera en otras partes del mundo.

Tras la denuncia, una filtración de audios marcaría la caída del funcionario y de la presunta organización, y el inicio de una investigación fiscal de alto vuelo.

Audio:
Mujer: Él me dijo que iba a decir toda la verdad y de eso tengo miedo.
Isaac Huamán: Está bien, que diga la verdad, pero, ¿cómo lo prueba?

Audio:
Isaac Huamán: Si aparecieran esos expedientes, entonces, quien presenta los expedientes tiene que, ahora sí, ser enjuiciado porque, ¿de dónde aparecieron los expedientes? No pueden aparecer, ahorita ya no pueden aparecer.

El testigo protegido denunció que, al verse descubierta la organización, sus líderes ordenaron quemar los expedientes incriminatorios y pidieron a sus subordinados encubrir a los jefes.

Wilber Huamanyauri Cornelio / Fiscal Provincial Penal de Coronel Portillo
Lo desaparecieron y quemaron el expediente. ¿Y por qué lo quemaron? Por orden del director.

Wilber Huamanyauri fue el primer fiscal que abrió investigación. Bautizó a su carpeta fiscal como “caso Cocha Anía”, porque los hechos ocurrieron en el sector de la Amazonía con ese nombre, ubicado al noreste de los dos grandes bloques que fueron talados para la siembra de palma aceitera.

Wilber Huamanyauri Cornelio / Fiscal Provincial Penal de Coronel Portillo
Titulaban a personas que no estaban en posesión, hacían ver que estaban en posesión, pero el campo nunca estuvo con ganadería ni agricultura.

Las evidencias que reunió el fiscal revelaban que el objetivo de los funcionarios regionales era la venta de 3,600 hectáreas de Amazonía a las empresas Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali, que en paralelo también adquirían 10 mil hectáreas en las zonas llamadas Tibecocha y Zanja Seca. Según el fiscal y el testigo protegido, el escándalo público frustró la operación en Cocha Anía.

No obstante, el mecanismo en Cocha Anía es revelador. El director de Agricultura, Isaac Huamán, ordenó a una brigada internarse unos días en la profunda selva para constatar que supuestos agricultores, que pedían ser titulados, estuviesen en posesión de los predios. Una vez en Cocha Anía, la brigada debía, en teoría, levantar planos topográficos y coordenadas, elaborar mapas e informes, e iniciar trámites legales para la titulación. Pero, al llegar, la brigada se topó con una realidad distinta.

Testigo rotegido
No había nadie, no había nadie, no existían personas allí, no había predios.
No había explotación, todo era bosque. Y cuando la brigada le preguntó al señor Obner Amasifuén qué es lo que estaba pasando, por qué no estaban ahí los posesionarios, él contestó: “todo ya está arreglado, ustedes no se preocupen, este trabajo ya viene coordinado desde la cabeza, desde la autoridad máxima, tienen pleno conocimiento el gobernador, regional, el ingeniero Isaac Huamán Pérez y el jefe de la Disafilpa”.
Wilber Huamanyauri Cornelio / Fiscal Provincial Penal de Coronel Portillo
Toda una simulación. Luego, éstos pasaban como una forma de contrato de compra y venta, daban una simulación y ya lo convertían en algo legal. De ilegal pasaba a legal y estas tierras llegaban a manos de las empresas dedicadas a la palma aceitera.

Entonces, de regreso a Pucallpa, la brigada se reunió varias veces en la Dirección Regional de Agricultura con el jefe máximo, Isaac Huamán, con el jefe de la Dirección de Saneamiento Físico y Legal, Disafilpa, Jaime Montalván, y con el colaborador de éstos y sindicado como contacto entre la dirección regional y las empresas de Dennis Melka, Obner Amasifuén Tanchiva. Todos, están investigados.

Testigo Protegido
Fue el presidente de la asociación quien dijo…
El señor Amasifuén, quien dijo abiertamente que el área a titular, que abarcaba 3,600 hectáreas, eran áreas de libre disponibilidad del Estado, que estaban sin titularse, iban a ser negociadas con la empresa de Plantaciones Ucayali.
Es más, este mismo señor, Obner, dio un monto de la negociación, que eran 3 mil soles por hectárea.

Tres mil soles por las 3,600 hectáreas que iban a ser supuestamente vendidas ascienden a S/. 10’800,000. ¿Quién pagaría ese monto por las tierras y quiénes lo recibirían?

Daniel Yovera:
-¿En la reunión, estos señores les dijeron quién iba a pagar los 3 mil soles por hectárea?
Testigo Protegido
Sí. Que esta titulación se estaba realizando para la empresa Plantaciones Ucayali (…) Y en varias oportunidades lo dijeron.

Luego vendrían los audios de Huamán y otros funcionarios, y el arranque de la investigación fiscal que le costaría caro al fiscal Huamanyauri. Por eso, pidió garantías para su vida, pero resultó un boomerang.

Wilber Huamanyauri Cornelio / Fiscal Provincial Penal de Coronel Portillo
Qué grado de sorpresa era que la subprefecta era la abogada de, no recuerdo su apellido en estos momentos, pero ella tenía un vínculo directamente con el grupo de Agricultura que estaba realizando el tráfico de tierras (…) A razón de ello me deniegan la garantía.

Por seguridad, el Ministerio Público trasladó a Lima al fiscal y lo destacó precisamente a la Fiscalía Supraprovincial de Crimen Organizado que ya investigaba los casos de Ucayali. El fiscal a cargo, Álvaro Rodas Farro, incorporó en la carpeta bautizada como “caso Pucallpa” a Dennis Melka, a sus empresas y, tiempo después, a la empresa que en el 2016 había asumido el timón del negocio.

Álvaro Rodas Farro / Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Crimen Organizado
Esta persona creó empresas exprofesas para deforestar. ¿De qué se valió? De predios titulados.) Tenemos una organización criminal económicamente hablando constituida a través de la empresa Plantaciones de Pucallpa, hoy Ocho P Sur SAC, para nosotros sigue siendo exactamente lo mismo; y otra organización criminal enquistada en el gobierno regional. ¿Se complementan ambas? Sí, porque estos funcionarios son funcionarios corruptos que vieron la posibilidad de titular para lucrar y vender predios a esta empresa que quería deforestar.

Caso “Zanja Seca”

Si en Cocha Anía se frustró la compra de 3,600 hectáreas, en las zonas aledañas, Tibecocha y Zanja Seca, Melka sí compró más de 10 mil hectáreas. Cada zona es un caso fiscal. El fiscal Rodas investiga los hechos de Cocha Anía y Tibecocha, este último, denominado “caso Pucallpa”. El caso “Zanja Seca” estaba a cargo de otro fiscal de crimen, pero lo archivó pese a las evidencias.

Wilber Huamanyauri Cornelio / Fiscal Provincial Penal de Coronel Portillo
En el caso Zanja Seca se han titulado predios a personas que no estaban en posesión.
Es similar, el mismo modus operandi que ha trabajado para titular predios en el caso Cocha Anía.
Con conocimiento del director regional de Agricultura de Ucayali buscaban una cantidad de personas que ni siquiera vivían en Pucallpa, cogían su DNI y rellenaban los datos para que sus predios sean titulados.

En Zanja Seca había posesionarios desde fines de los 90 que se encontraban en trámites de titulación ante el gobierno regional. En el 2012 se dieron con un portazo, cuando les dijeron que sus tierras ya no eran sus tierras. Eran de Dennis Melka. La destrucción no tardaría en llegar navegando por río.

Soilo Almanza Gutiérrez / Presidente de la Asociación de Palmicultores La Perla de Zanja Seca
Llega en un bote grande, una chata, tractores, todo, para poder limpiar, todas esas cosas, volquetes llegan para hacer carreteras.
Al día siguiente empezaron a limpiar, a hacer la carretera.
talar es limpiar el bosque para sus propósitos de ellos.

Desde el 2003, Soilo Almanza y la asociación de palmicultores a la que pertenecía buscaban formalizar su posesión de más de dos décadas. Tras la irrupción de la empresa Plantaciones de Ucayali SAC debieron abandonaron sus tierras y ninguna autoridad quiso acoger sus denuncias.

En el 2012, la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali adjudicó a Plantaciones de Ucayali 4,759 hectáreas de tierras del Fundo Zanja Seca, sin que la dirección autorizada del Ministerio de Agricultura apruebe el estudio de levantamiento de suelos del predio y sin la opinión técnica sobre la tasación de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Soilo Almanza Gutiérrez / Presidente de la Asociación de Palmicultores La Perla de Zanja Seca
No es justo que el director de Agricultura lo venda cuando él mismo ha ido a asamblea, y lo venda a otra persona cuando nosotros estamos en posesión y un 5 % nos faltaba para tener título de propiedad. Segundo, no es justo que todas las autoridades no quieren hacer justicia, hasta el mismo Poder Judicial no nos quiso recibir nuestra demanda, a la policía le hemos solicitado en Campo Verde, tampoco quisieron ir, a Nueva Requena hemos solicitado, tampoco quisieron ir.
Wilber Huamanyauri Cornelio / Fiscal Provincial Penal de Coronel Portillo
Es un caso muy alarmante, si se entra más a profundidad en las investigaciones, es un caso de terror. Es un terror que, la verdad, que las personas que están allí y las personas que han salido con vida… la verdad es que es un caso muy complejo y muy delicado.

Muy complejo, muy delicado y de terror, pero archivado. La Fiscalía Superior debe resolver la apelación.

--Letras: Caso “Pucallpa” - Tibecocha

En Tibecocha, Melka compró más de 5 mil hectáreas de predios que habían sido titulados entre los años 1997 y 2014. Allí también destruyó todo, flora y fauna, sin permiso ambiental.

Antes de deforestar, Melka debió haber realizado estudios para determinar si el suelo tenía aptitud agrícola; si la tenía, debía solicitar al Ministerio de Agricultura el cambio de uso del suelo para hacer agricultura; y si el cambio le era concedido, correspondía recién pedir autorización para talar.

Nada de eso hizo. Una disposición del fiscal Rodas señala que “la empresa no contaba con autorización administrativa de carácter ambiental para una intervención tan agresiva”.

Ni entonces ni después, Melka tuvo el permiso. Eso no le importó para arrasar con esa parte del bosque.

Bite Álvaro Rodas Farro / Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Crimen Organizado
Esta persona creó empresas exprofesas para deforestar. ¿De qué se valió esta empresa? De predios titulados.
Tenemos una organización criminal económicamente hablando constituida a través de la empresa Plantaciones de Pucallpa, hoy Ocho P Sur SAC, para nosotros sigue siendo exactamente lo mismo; y otra organización criminal enquistada en el gobierno regional. ¿Se complementan ambas? Sí, porque estos funcionarios son funcionarios corruptos que vieron la posibilidad de titular para lucrar y vender predios a esta empresa que quería deforestar.

Y aquí entra en la historia la empresa que tomó el timón del negocio cuando Melka cayó en desgracia: Ocho Sur SAC, firma de capitales norteamericanos.

Enrique Ghersi / Abogado de la empresa Ocho Sur SAC
Ocho Sur no tiene ninguna relación con los hechos ocurridos antes de su creación. Ocho Sur existe a partir del 2016. Y Ocho Sur es consecuencia de la quiebra de las empresas del señor Melka, que había creado un fideicomiso a consecuencia del inicio de sus actividades en el 2012.

Al igual que las dos empresas Plantaciones, de Melka, Ocho Sur también se dividió en dos: Ocho Sur P se hizo cargo del predio que fue de propiedad de Plantaciones de Pucallpa, al norte, en Tibecocha; y Ocho Sur U, del que perteneció a Plantaciones de Ucayali, al sur, en Zanja Seca.

El fiscal Rodas sostiene que Ocho Sur es la continuación de los negocios de Melka y que sólo se trata de un cambio de nombre, pero la inversión –argumenta– es la misma. Enrique Ghersi lo descarta.

Álvaro Rodas Farro / Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Crimen Organizado
Desde nuestra óptica, hay una maniobra financiera, societaria, legal, que se utilizó para desvincular o tratar de desvincular a ambas empresas. ¿Cuál es? La utilización de un fideicomiso.
Este fideicomiso aseguraba predios y, de alguna manera, denotaba alguna acreencia. Esa acreencia, que era de una tercera empresa, terminó en manos de Ocho P Sur SAC, sin explicación alguna.
Los mismos funcionarios, los mismos ejecutivos de la empresa Plantaciones de Pucallpa terminaron trabajando en la empresa Ocho P Sur SAC.
Es un error lamentablemente grave, pero lo entiendo, los fiscales no tienen por qué conocer cómo funcionan los fideicomisos. Para eso el fiscal debe asesorarse con peritos, abogados expertos, que le pueden explicar qué es un fideicomiso en garantía.
El señor Melka, las Plantaciones, Pucallpa y Ucayali, constituyen el fideicomiso a favor de los acreedores. Esto se estructura, como te comentaba, en Nueva York, no pagan estas empresas, los acreedores se adjudican los activos de la empresa.

Existen registros que indican que hasta el 2019, Melka era director de Peruvian Palm Holding, una de las siete offshore que financiaban las operaciones de Ocho Sur. La empresa sostiene que su presencia era marginal y que ahora es nula. Lo cierto es que Melka habría sido sólo un operador de grandes inversionistas. Al margen de su presencia o ausencia, en juicio –si es que hay juicio– podría definirse quiénes son los inversionistas que mueven los hilos. Ghersi habla de diferencias entre la etapa de Melka y lo que es hoy Ocho Sur.

Enrique Ghersi / Abogado de la empresa Ocho Sur SAC
No hay transferencia de actividad económica, se transfieren activos quebrados que la empresa tiene que capitalizar, los nuevos dueños, Ocho Sur, tienen que capitalizar, y desarrolla una actividad económica nueva. Por eso es que no hay relación.

Le decimos a Ghersi que la actividad económica de Ocho Sur es la misma que hacían Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali: el procesamiento de palma aceitera. Pero él dice que no es así.

Daniel Yovera:-igue trabajando con palma aceitera, no con mangos, no con bananas.
Enrique Ghersi / Abogado de la empresa Ocho Sur SAC
No, pero, como te digo, no hacemos agricultura. La empresa se dedica a la palma aceitera.
Daniel Yovera:
Eso no significa que es la misma actividad económica.  
Enrique Ghersi / Abogado de la empresa Ocho Sur SAC No es la misma actividad económica. Supongamos que tú tienes una empresa y esa empresa tiene un automóvil como activo, y quiebras. Y habías dado tu automóvil en un fideicomiso en garantía al banco. ¿Qué hace el banco? Saca a subasta el fideicomiso y lo compro yo. No me dedico al taxi, me decido al transporte de personal. Sigo en el rubro económico, el transporte. Pero no es la misma actividad económica, soy otra persona, soy otra empresa.
Daniel Yovera:-Pero sigue rodando y sigue movilizando gente.
Enrique Ghersi / Abogado de la empresa Ocho Sur SAC Sí, pero también los hongos que crecen en la planta son vegetales y no por eso es la misma actividad económica.
Daniel Yovera: -Pero, en este caso es palma y palma.
Enrique Ghersi / Abogado de la empresa Ocho Sur SAC :
No, porque no tiene nada que ver la planta, es decir, el vegetal. El tema es que la actividad económica no son los activos. La actividad económica es la gestión.

¿Retórica abogadil o realidad? Como sea, en tanto eso se dilucida, también debe definirse la regularización ambiental solicitada por Ocho Sur por la deforestación sin permiso de Melka. Para ello ha presentado al Estado su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA. Aún no hay respuesta. Ocho Sur confía; el fiscal Rodas lo ve imposible.

Enrique Ghersi / Abogado de la empresa Ocho Sur SAC
Este no es el juego de la pera. No porque Melka haya cometido una falta la llevas con Ocho Sur. No. Es un problema que queda en las empresas de Melka, es responsabilidad de la gestión de Melka y de su persona. La nueva empresa no ha cometido ninguna falta. ¿Qué hace Ocho Sur? En vía de regularización hace su PAMA y en eso está.

Álvaro Rodas Farro / Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Crimen Organizado

Ninguna de las dos empresas, ni Plantaciones de Pucallpa ni Ocho Sur P SAC, jamás van a poder tener una autorización; primero, porque nunca la tuvieron, en el camino la han tratado de tener, sí, pero nunca la van a poder consolidar por una sencilla razón: un requisito fundamental y sin el cual no se puede otorgar una autorización medioambiental es tener la autorización de cambio de uso de suelo, y eso no se ha sucedido ni se va a poder suceder. La consecuencia es una: no tuvieron autorización para desboscar.

Al cierre de la edición de este reportaje, Epicentro TV supo que el gobierno peruano había aprobado el Decreto Supremo Nº 05-2022-Midagri, firmado por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. La segunda disposición complementaria final de la norma dice:

“La línea base de la cobertura vegetal para fines de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, queda determinada al año 2011, cuyos insumos para su determinación comprenden fotografías aéreas, imágenes satelitales y todo material afín”.

Preguntamos a la empresa si la norma le abría las puertas a la regularización que necesitan. Respondió: “Hasta donde hemos analizado el decreto supremo, no tiene consecuencias relevantes sobre la empresa”.

“Con relación a sus instrumentos de gestión ambiental para sus dos fundos, esto sigue aún en trámite”, informó el abogado Enrique Ghersi.

“La empresa recalca que desde el 2016 viene haciendo este trámite y que es una burocracia ajena su voluntad la que dilata absurdamente el resultado. Se trata de un problema estructural grave en el Perú que afecta a todo el sector en su conjunto. Sólo el 0.5% de los predios agrícolas en el país tienen un instrumento ambiental aprobado, es decir, el 99.5% aún no cuentan con ello. En otras palabras, la empresa se encuentra en la misma situación que casi la totalidad de empresas del sector”, señaló.

Todo esto está referido, valga aclarar, a la autorización para desboscar y sembrar palma aceitera. Porque, esta planta de procesamiento de la palma, que se instaló en uno de los campos hace dos años para elaborar aceite para fines de exportación, sí cuenta con autorización. Curioso orden de los factores.

La Amazonía peruana registra un notorio incremento de deforestación. El promedio de pérdidas de bosque era de 150 mil hectáreas por año, pero, en el 2020, subió a 203 mil. A ese ritmo, en 5 años el país podría perder 1 millón de hectáreas más de selva. En el Perú hay 73 millones de hectáreas de bosques amazónicos. Si casos como el de Dennis Melka y los funcionarios de Ucayali siguen ocurriendo sin ley y con impunidad, en algunas pocas generaciones la mitad de la Amazonía podría ser arrasada.

El día 21 de julio de 2022, la empresa Ocho Sur remitió a la redacción de Epicentro.Tv una carta en la que añade puntos adicionales a los señalados en el documental por su abogado Enrique Ghersi. A continuación la publicamos de forma íntegra.