Una de las características de la gestión del expresidente Pedro Castillo fue el nombramiento de personas no calificadas en distintas áreas del sector público. El Congreso elaboró una ley de idoneidad para imponer requisitos mínimos para viceministros, directores y gerentes; lo que permitió que se dejaran sin efecto varios de esos nombramientos.
Sin embargo, algunos funcionarios quedaron fuera de la aplicación de esta ley y, pese a que fueron nombrados a dedo, o sea sin concurso público, permanecen en sus puestos y no hay manera de relevarlos de la misma forma como fueron designados.
El último viernes el Pleno del Congreso aprobó delegar facultades legislativas en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado por un plazo de 90 días al poder Ejecutivo. En este paquete, se incluye una ley para poder retirar a algunos de los funcionarios de la gestión Castillo que, a pesar de todo, permanecen en puestos de confianza.
