Diez días después de que el fiscal José Domingo Pérez presentara la acusación a 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el Poder Judicial la dejó sin efecto para que el Equipo Especial culmine las diligencias pendientes. ¿Por qué anularon la acusación fiscal? ¿La investigación realmente volverá a foja cero?
El Poder Judicial anuló la acusación fiscal contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal —presentada hace tan solo diez días por el fiscal José Domingo Pérez—, al considerar que el derecho a la defensa de PPK ha sido “afectado”.
La Fiscalía pidió 35 años de prisión contra el también ex ministro de Economía y ex primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo por los presuntos pagos que habría realizado la constructora Odebrecht a favor de la firma First Capital, del socio chileno de PPK Gerardo Sepúlveda, y de su empresa Westfield Capital. La defensa de PPK interpuso un pedido de tutela de derechos contra la acusación fiscal y el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, lo declaró fundado.
El juez Chavéz sostuvo que el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato cerró el caso antes de que la defensa de PPK pudiera presentar sus observaciones a la pericia contable sobre la que se sustenta la acusación. Por ello, ordenó que el caso retorne a la etapa de investigación preparatoria para que la Fiscalía realice las diligencias pendientes directamente vinculadas al expresidente.
“En consecuencia nulo todo lo actuado, retrotrayéndose hasta la etapa de investigación preparatoria, para que la Fiscalía del Equipo Especial, culmine de pericia contable-financiera conforme el procedimiento del artículo 180, inciso 2 del Código Procesal Penal, así como las diligencias pendientes de actuarse con necesaria participación de la defensa; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento a lo ordenado se informe a su órgano de control institucional”, concluye la resolución del juez Chávez.
El juez Chávez también indica que es posible identificar y calificar la postura de la Fiscalía “como una tesis restringida de los derechos protegidos por la Tutela…, entonces no es recibo el fundamento fiscal para rechazar de plano el presente pedido porque no se está ante compartimento estancos de derechos, sino a todo un conjunto sistematizado”.
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Redacción Epicentro
La decisión judicial no anula la investigación del Equipo Especial. Una vez que cumplan con lo dispuesto por el juez, podrán cerrar la investigación preparatoria y volver a enviar la acusación fiscal. No obstante, el fiscal José Domingo Pérez anunció que apelará la orden del juez Chávez.
“No debe confundirse en cuanto a sus efectos como una dilación innecesaria del proceso penal a los ciudadanos peticionantes, cuando ellos son los que reclaman que se agoten las diligencias para defenderse de la imputación fiscal en el plazo dispuesto por la Fiscalía”, dice el documento del juez.
El caso inició en diciembre del 2017, cuando la constructora Odebrecht informó a la Comisión Lava Jato del Congreso de la República que había contratado una consultoría para el proyecto Trasvase Olmos, en Lambayeque, con Westfield Capital y First Capital. El Equipo Especial abrió investigación contra PPK en el 2018. El exjefe de Estado estuvo tres años en prisión domiciliaria, luego cumplió varios meses de impedimento de salida del país y desde mediados del 2022 solo tiene algunas restricciones de movilidad.
Según la acusación fiscal, PPK, su socio chileno Gerardo Sepúlveda, su ex chofer José Luis Bernaola y su ex secretaria personal Gloria Kisic habrían lavado hasta US $12 millones en consultorías y asesorías encubiertas en los proyectos Trasvase Olmos e Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3). La Fiscalía pide 35 años para Sepúlveda, 23 años para Kisic y 11 años y 6 meses para Bernaola.
