Pedido de prisión preventiva para los integrantes del llamado Gabinete de Asesores en la Sombra reúne documentos, testimonios y transcripciones de audios para sustentar la existencia de una organización criminal que se habría conformado entre primera y segunda vuelta para beneficiarse económicamente del Estado. Un aspirante a colaborador eficaz dice que Alejandro Sánchez compró “una casa o terreno” en el sur chico que en realidad sería de propiedad del presidente Castillo.
El documento mediante el cual el Ministerio Publico pide 36 meses de prisión preventiva para Salatiel Marrufo, Segundo Alejandro Sánchez, Biberto Castillo y Jenil Cabrera y comparecencia con restricciones para Beder Camacho, Henry Shimabukuro, Eder Viton y Auner Vásquez, tiene 179 paginas y es una compilación de hechos que a juicio de la fiscalía confirman la existencia de la organización criminal.
Entre los nuevos indicios presentados por la Fiscalía hay una declaración del aspirante a colaborador eficaz 003 según la cual el dueño de la casa de Sarratea, hoy prófugo de la justicia, habría comprado una vivienda en el sur chico de Lima que en realidad seria de propiedad del Presidente Pedro Castillo. “Tengo conocimiento que (Alejandro Sánchez) habría comprado un terreno o casa en el sur chico, donde él sería el testaferro, porque esa casa seria del presidente Pedro Castillo, además sería el encargado de dirigir la construcción de una casa de campo en la provincia de Chota, que también es del presidente y haré entrega de imágenes para mayor ilustración”.
El empresario minero Ulises Raúl Solís Llapa, de la minera Macusani Yellowcake SAC declaró a la Fiscalía que accedió al presidente Castillo a través de Alejandro Sánchez y tuvo una reunión con él, concertada gracias a Sánchez y al sobrino del presidente Gianmarco Castillo, el 16 de septiembre del 2021, a la que acudió con su asesor político Christian Rosas, recordado por ser el hijo del excongresista y pastor Julio Rosas y por ser un activo vocero de la organización conservadora Con Mis Hijos no te Metas. En ese encuentro, según su declaración, el presidente le dijo que estaría en Estados Unidos el 21 de septiembre y podría reunirse con los accionistas de la empresa.
La reunión se concretó y según el aspirante a colaborador eficaz 003, Alejandro Sánchez viajó en esa fecha a Estados Unidos en compañía de Miguel del Castillo para acompañar al presidente en su primera visita en el exterior y con el objetivo de servir de puente para la reunión con los mineros. Según su testimonio, Sánchez, les habría cobrado a los empresarios para ayudarles con el negocio. El testigo dice que “el propósito de Alejandro Sánchez era que Pedro Castillo se reúna con empresarios de American Lithium en EEUU, y les habría cobrado para ello entre treinta mil y cuarenta mil dólares por cada persona de la comitiva a entrevistarse por “viáticos” de la presentación al cumplimiento de la entrevista y promesa que el presidente les iba a dar todas las facilidades en sus inversiones y que él velaría porque se cumpla eso”.
El documento fiscal que sustenta los pedidos que serán evaluados este sábado por el Poder Judicial, muestra un organigrama de como funcionaria el Gabinete de Asesores en la Sombra.
El Ministerio Público abunda en los detalles ya conocidos sobre la manera como se designaban funcionarios que les fueran leales a ellos y que facilitaran sus negocios. Concretamente se refiere a la relación de Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, con el jefe del gabinete, Salatiel Marrufo, e incluso transcribe una conversación en la que Marrufo habla de la relación con el ministro y cómo él maneja puestos en el ministerio.
Esta es una parte de la transcripción de la conversación de Marrufo:
Le digo [refiriéndose al Ministro] debajo de ti hay seis puestos, cuatro son Duris, estos dos son míos (…) por si acaso son míos, no son tuyos, yo los voy a colocar (…) yo decía te mando a la mier … mejor te convenzo, porque si te mando a mierd… más adelante no vamos a poder [hacer] negocios, y ese huev… sabe ejecutar, osea (…) puede decirme con quien sí, con quien no, sabe el tema por dentro (….) le dije mira Heiner (…) ese hijo de put… no me pone mis cuadros, lo boto de un plumazo (…) ABEL no lo puede ver, NENIL no lo puede ver, ALEJANDRO no lo puede ver (…), FRAY no lo puede ver (…), el otro día llegó a NENIL con el cargo para Secretario General y le ofrecimos viceministro o no (…) al rato me llama Duris, SALATIEL van tus tres cuadros, tráeme los currículum (…) AUNER va a imponer, se la da de jefe de mando (…) yo sé que en vivienda estoy haciendo esa chamba (…). ese tema de gestión por amistad es mucho más fuerte que gestión por imposición (…)” Noviembre estamos metiéndole plata, y de repente antes, cambio a SEDAPAL, eh metemos la plata (novecientos millones) (…) si me ves por la calle no me reconoces (…)”.
El Ministerio Público sustenta la importancia de tener el control de los funcionarios para que marchara la organización criminal en hechos como el del funcionario JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA, encargado de la Unidad de Asesoría Legal del PMIB “quien por presión de su Jefe Ernesto Mosqueira Medina (encargado del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios PMIB) y la alta dirección del Ministerio de Vivienda, formuló el INFORME TECNICO LEGAL N°009-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre del 2021, concluyendo que la propuesta de la formulación del dispositivo legal (DECRETO DE URGENCIA N°102-2021-VIVIENDA); sin embargo, técnicamente era inviable. El funcionario declaró que “me vi en la obligación de formular el INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 009-2021.VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre de 2021, concluyendo que si era VIABLE EL PROYECTO, por temor a perder mi trabajo (…) la presión ejercía la alta dirección, y este INFORME fue utilizado en la propuesta del sector para la formulación del DECRETO DE URGENCIA Nº 102-2021 VIVIENDA del 29 de octubre del 2021, luego de ello se dieron cuenta que yo era un obstáculo para sus fines irregulares”.
La Fiscalía también se refiere a la inconsistencia entre los reportes que hizo la campaña sobre aportes privados y la realidad de las donaciones. Un caso claro es el de Jenil Cabrera, quien aparece aportando 23 mil soles, pero en realidad habría donado 500 mil soles a la campaña con el objetivo de sacar provecho posteriormente.
Del testimonio de la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, la Fiscalía concluye que 34 proyectos de los incluidos en el Decreto de Urgencia “fueron direccionados por los integrantes de la presunta organización criminal para que sean incluidos en el dispositivo legal para ser financiados, y realizar actos colusorios para obtener lucro, generando un perjuicio económico en agravio del estado de más de CIENTO TREINTA MILLONES DE SOLES (S/130 000 000.00)”.
El documento fiscal explica en detalle el caso de LENUS SAC, empresa beneficiada con contratos por 33 millones de soles. El gerente general es Leyder Dany Nuñez Sigüeñas, quien tiene como socio a Jeny Arnaldo Tapia Delgado, quien registra visitas a Palacio de Gobierno a Auner Vasquez en agosto y septiembre del año pasado. Nuñez Sigüeñas es sobrino de Fermín Silva Cayatopa, dueño de la Clínica La Luz, quien es cercano al presidente Castillo y tiene registro de reuniones en Palacio de Gobierno justo antes de la promulgación del decreto Supremo 102.
En cuanto al encubrimiento y la intimidación a los investigadores, la Fiscalía señala que ese proceso se dio a partir del 23 de noviembre de 2021. La Fiscalía dice que se “se dio inicio la fase de encubrimiento de investigados, desaparición de indicios e intimidación de las autoridades que tendrían competencia funcional en investigar a la presunta organización criminal; etapa en la cual se realizaron diversos actos de encubrimiento de Bruno Pacheco, presuntamente se habrían desaparecido cuadernos y teléfonos celulares donde habría evidencia el caudal probatorio de los presuntos actos ilícitos gestados por la red criminal y una vez que el Ministerio Público en el marco de sus competencias funcionales tome la iniciativa de fortalecer sus investigaciones contra estos eventos criminales, se gestó una serie de presuntos hechos criminales de atentados contra la señora Fiscal de la Nación, destituciones de Oficiales Generales que no se alineaban a sus intereses y los intentos fallidos por desarticular el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú que viene trabajando con el Equipo Especial de Fiscal Contra La Corrupción del Poder en las investigaciones contra esta presunta organización criminal, no teniendo una fecha de término hasta el presente estadio de la investigación, toda vez sus componente aún se encuentran asumiendo altos cargos públicos y políticos, desde donde vienen ejecutando el programa criminal”.
Un testimonio clave para sustentar esta afirmación es el que dio el funcionario del ministerio de Vivienda, Juan Manuel Marroquín Camacho, quien dijo que después de la renuncia del jefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, “fuimos informados de la eliminación de información, como lo es la información del 05 de agosto del presente año (…) fuimos informados de la eliminación de información de algunos equipos PC computadoras. El suscrito subió para verificar lo señalado donde aprecié a un técnico de informática sentado en el escritorio de uno de los asesores, utilizando su computadora, mientras que el asesor esperaba sentado frente a “Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional” EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER EQUIPO 3 74 su escritorio (…) JUAN PERFECTO MAYTA TAYPE. Asimismo, se nos informó que el director de la Oficina general de estadística e informática, a pedido del señor Geiner Alvarado López, habría autorizado al señor Luis Guillermo Ruiz Rojas, por una semana para que revise su correo institucional, indicándonos para que seleccione lo que sea de su interés, habiendo señalado estas personas que los correos electrónicos después que se retiran los usuarios tienen un periodo de duración”. Esto, dice la fiscalía, demuestra la intención de impedir el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido.
Con este documento, el Ministerio Público tramitó los pedidos de prisión preventiva y comparecencia con restricciones que empezarán a ser estudiados mañana sábado a partir de las 10 de la mañana.
