Su propietario, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, José Luna Gálvez, es un feroz crítico de los organismos reguladores.

Entre el 2018 y el 2021, la Universidad Privada Telesup ha acumulado nada menos que 40 sanciones impuestas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), por un total de 118.9 UIT. La deuda actual de la universidad de Luna Gálvez con el organismo regulador asciende a 488,520 soles.

La gran mayoría de sanciones en su contra son por falta de idoneidad (falta de atención de gestión y otros) y por falta de atención de reclamos. La universidad de propiedad del congresista José Luna Gálvez también ha sido sancionada por incumplimiento de acuerdos conciliatorios, falta de información y por no tener libro de reclamaciones.

Recordemos que, en mayo del 2017, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento institucional a la universidad de la fachada bamba por no cumplir con una sola de las ocho condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria. Como consecuencia de esa decisión, Telesup debía iniciar un proceso de cese de sus actividades académicas, con un plazo máximo de dos años.

Telesup solicitó a Indecopi que declare como “barrera burocrática” el proceso de licenciamiento de universidades realizado por Sunedu, pero su denuncia fue declarada improcedente. Dos años antes, en el 2017, la universidad de Luna Gálvez había sido sancionada por Indecopi con 60.8 UIT por publicidad engañosa, pues anunciaba que los alumnos matriculados en un programa particular podían culminar sus estudios profesionales y obtener el título en sólo 3 años y 4 meses, lo que era falso.

Pese a que su universidad es una recurrente infractora al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571), en agosto de 2021, José Luna Gálvez fue elegido presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Desde su cargo, el dueño de Telesup es un feroz crítico del organismo regulador que le impuso 40 sanciones a su negocio por, precisamente, atentar contra los derechos de los consumidores.

En febrero, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso aprobó con 7 votos a favor, incluido el de su presidente, un dictamen para que los funcionarios de organismos públicos reguladores (Indecopi, Osiptel, Sunass, entre otros) no puedan formar parte de una empresa supervisada en los siguientes tres años, y viceversa. “Durante muchos años existen funcionarios públicos que ingresan a laborar a alguna entidad supervisora, y poco después, al abandonar la institución, pasan a trabajar en el sector privado. No se puede seguir con esa mala práctica de la llamada puerta giratoria", declaró el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor que critica constantemente al organismo regulador que ha sancionado 40 veces a su universidad por vulnerar el Código de Defensa del Consumidor.

La Universidad Privada Telesup SAC registra, desde el año 2018, 46 multas impuestas por Indecopi. De ellas, 22 han sido canceladas por acciones de ejecución coactiva por un monto total de 139,200 soles. Quedan pendientes de pago 24 multas por 488 520 soles en total, 22 de ellas con medidas de embargo dictadas. En abril, Indecopi rematará un terreno – embargado a Telesup - de 1035 m2 ubicado en la Urbanización Tres Marías, en el distrito de Surco.

Pero esta no es la única propiedad vinculada al congresista de Podemos que ha sido embargada por el Estado. La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato anunció, en el mes de febrero, que había decidido inhibir y embargar inmuebles, vehículos y acciones del investigado por un valor de 68 millones de soles, para asegurar el eventual pago de una reparación civil por los presuntos delitos que habría cometido. Según la fiscalía, Luna Gálvez, habría recibido aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio en el 2014, cuando era secretario general y jefe de campaña de Solidaridad Nacional.

Además, Luna Gálvez es investigado por el Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto porque habría integrado la organización criminal “Los gángsters de la política”, una presunta red que se infiltró en diversos organismos estatales como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según la tesis fiscal, Luna Gálvez habría conseguido inscribir irregularmente a su partido Podemos Perú para participar en las elecciones regionales y municipales del 2018, realizando presuntos pagos a funcionarios de la ONPE con recursos de Telesup, la universidad con licencia denegada que mantiene una deuda de medio millón de soles con Indecopi por infringir el Código de Defensa del Consumidor.