Ex ministro denunciado, querella por difamación a una de las denunciantes

Un reconocido arqueólogo y ex ministro de cultura ha iniciado una batalla legal en contra de una exalumna suya que lo denunció por hostigamiento sexual.

En junio del 2020, el periodista estadounidense Michael Bulter publicó en su blog

Andean Archaeology Has a #MeToo Problem [Updated July 4]
Gary Urton (l) and Luis Jaime Castillo (r) at San José de Moro, 2013 The man on the left in this photo is Gary Urton, a noted anthro...

Un informe que incluía los testimonios de 5 egresadas anónimas – peruanas y extranjeras - de la especialidad de Arqueología de la Católica, acusando a Luis Jaime Castillo Butters de haberlas hostigado sexualmente en el complejo arqueológico San José de Moro, entre los años 2007 y 2013. Castillo Butters era el director del programa y las estudiantes estaban bajo su dirección.

La Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual en la Universidad de la PUCP abrió una investigación de oficio para corroborar y obtener mayor información sobre las denuncias anónimas. En agosto, la egresada Marcela Poirier denunció al docente ante la comisión por propiciar el consumo de alcohol en espacios educativos, excluirla de oportunidades académicas y por haber mostrado, durante una clase, la imagen de una mujer semidesnuda.

Un mes después, la universidad recibió una carta firmada por 4 de las egresadas que habían ofrecido sus testimonios al periodista estadounidense en respaldo a su investigación y al contenido del reportaje. Sus nombres se mantienen en reserva, pero sus testimonios son elocuentes:

El testimonio de la estudiante B también fue avalado por el profesor A, quien confirmó que la alumna le contó lo sucedido en la fecha señalada. Pero las acusaciones de las estudiantes C y D son aún más graves:

Traducción: La estudiante D es una ex estudiante de la PUCP, donde enseña Castillo. Afirma que Castillo no le pidió acostarse con él, pero coqueteaba insistentemente con ella – a veces incluso en clase – e intentó convencerla de ir a tomar un trago con él fuera de la clase. Dice que aceptó ir a tomar con él en una ocasión y que desde ese momento logró esquivarlo.

Finalmente, la estudiante E lo acusó de haberla utilizado para conseguir financiamiento para el proyecto.

La ley de Prevención y Sanción del hostigamiento, señala en su artículo 4 que:

En la investigación, Luis Jaime Castillo Butters dijo que todos los testimonios son falsos, que nunca ha tenido dichos comportamientos y que no ha cometido ninguna conducta inapropiada.

Sin embargo, reconoció que sí se tomaban bebidas alcohólicas, pero solo al finalizar las jornadas de excavación y confirmó que, si se refería a sus estudiantes con diminutivos, lo hacía solo como muestra de afecto.

En noviembre del 2020, la Comisión Especial concluyó que – pese a haber encontrado indicios de hostigamiento sexual –no podía iniciar un procedimiento sancionador porque los hechos denunciados habrían ocurrido entre los años 2007 y 2013, cuando aún no entraba en vigencia el reglamento de la Comisión.

Tras la decisión de la universidad de mantener al docente en sus filas – a pesar de que la comisión había encontrado indicios de hostigamiento sexual – las redes sociales de las federaciones de estudiantes y colectivos feministas de la PUCP ardieron de indignación.

La respuesta de Castillo Butters fue denunciar por difamación ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios de la Universidad a seis estudiantes que compartieron estas publicaciones. Y este órgano les abrió proceso disciplinario.

Marcela Poirier, cuya denuncia también fue archivada – además de comentar el caso en redes sociales - presentó una queja ante la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos, de la que Castillo era miembro, solicitándole que tomara acciones. Y, en octubre del año pasado, la NAS expulsó a Castillo Butters de sus filas.

Castillo respondió con una demanda penal contra Marcela por difamación agravada, además de exigirle el pago de 200 mil soles como reparación civil.

Cuando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán presentaron un “amicus curiae” para que la audiencia del viernes 22 de abril sea pública, la jueza Gabriela Torrejón Comeca lo declaró improcedente argumentando que se trata de una querella y, como tal, el proceso debe ser de carácter privado.

La defensa de Castillo se centra en que en su contra sólo existen testimonios y que no se puede sancionar a alguien, ni laboral ni socialmente, solo por los dichos de otras personas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la mujer ha expresado su preocupación por la negativa de la jueza a permitir que sean públicas las audiencias en las que se evaluará la denuncia por difamación interpuesta por Luis Jaime Castillo Butters contra una de las mujeres que lo denunció públicamente por hostigamiento sexual.