El informe legal mediante el cual se sustenta la presentación de la demanda competencial de la Presidencia contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para impedir que continúen las investigaciones contra Dina Boluarte presenta como antecedente el caso de la denuncia por corrupción contra Pedro Castillo. La demanda pretende además que el Poder Judicial no pueda autorizar allanamientos contra el presidente en ejercicio, como le ocurrió a Boluarte en su casa y oficina y a Pedro Castillo en 4 ocasiones durante su gobierno que terminó con el golpe de Estado por el que está preso. El abogado Luciano López explica que sin duda la defensa de Castillo utilizará este pedido de Boluarte en su propio beneficio.

La presidenta Dina Boluarte ha acudido al Tribunal Constitucional para que la proteja de las investigaciones de la Fiscalía en su contra y para sustentar la presentación de la demanda competencial, los asesores legales del gobierno exponen el caso de las denuncias de corrupción contra Pedro Castillo como una clara violación al artículo 117 de la Constitución. Esta es una ayuda inesperada para el expresidente investigado por corrupción en el caso Puente Tarata. Si el TC protege a la presidenta Boluarte tendría que hacer lo mismo en el caso de Pedro Castillo, aunque una eventual decisión no lo protegería en el caso por el que está preso, el del fallido golpe de Estado, pues ese delito sí está contemplado en el artículo 117.

Abogados del estudio del constitucionalista Luciano López consiguieron a través de un pedido de transparencia el acta del Consejo de ministros que autoriza la presentación de la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial “por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República”.

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El estudio del abogado Luciano López consiguió a través de la Ley de Transparencia, el informe legal que sustenta la presentación de la demanda competencial ante el TC

El acuerdo del Consejo de ministros se apoya en el informe D000734-2024 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM, de fecha 17 de mayo, firmado por Richard Eduardo García Sabroso, jefe de la Oficina Jurídica.

El acuerdo de los ministros autoriza a presentar la demanda competencial contra la Fiscalía de la Nación para que se establezca que no se puede investigar a la presidenta por otros delitos que no estén contemplados en el artículo 117; en ese caso, la demanda pretenderá que el Ministerio Público no pueda investigarla por el caso de las contrataciones en el Midis, los homicidios en el contexto de las protestas sociales, por  el llamado Caso Rolex que se refiere a  presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración, por presuntamente adelantar gestiones para blindar a su hermano a través entre otras cosas de la desactivación del Equipo Especial policial que apoya al EFICCOP, y otros delitos que eventualmente puedan surgir mientras Dina Boluarte ejerza la presidencia.

El informe de la Oficina de Asesoría Jurídica se refiere como un antecedente claro a la investigación iniciada por el Ministerio Público contra el ahora expresidente Pedro Castillo Terrones, quien fue denunciado el 11 de octubre de 2022.

En el informe, los asesores de la PCM registran la apertura de diligencias preliminares por parte del Fiscal de la Nación contra la mandataria Dina Boluarte el 18 de marzo de este año por presunto delito contra la administración pública en el caso Rolex por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de denuncia.

El informe se extiende en las razones por las que, a su juicio, ni siquiera es posible adelantar diligencias preliminares contra un presidente en ejercicio. Textualmente asegura que “El Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de la Nación, carece de competencia para iniciar y proseguir actos de investigación preliminar, y todos aquellos que deriven de estos, respecto del presidente de la República, debido a que se vulneraría la prerrogativa de la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo, conforme a lo regulado en el artículo 117 de la Constitución Política”. De esta manera, sostiene el informe, el Fiscal de la Nación se ha excedido en el ejercicio de sus funciones y menoscaba el ejercicio del poder presidencial.

Los abogados de palacio de gobierno también apuntan al Poder Judicial que, a su juicio, no tendría competencia para autorizar allanamientos contra el presidente en ejercicio. Dice que el Poder Judicial “carece de competencia para autorizar toda diligencia y medida como allanamiento, registro domiciliario, registro personal e inclusive registro vehicular, debido a que estos vulneran la prerrogativa de inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo”. La residencia y el despacho de la presidenta Boluarte fueron allanados la noche del 28 de marzo y la madrugada del 29, en desarrollo de las diligencias preliminares por el caso Rolex. Meses antes, la residencia presidencial y las oficinas del entonces presidente Pedro Castillo fueron allanadas 4 veces a pedido de la Fiscalía y con autorización del Poder Judicial.

Un argumento adicional de la oficina jurídica en contra de las indagaciones contra el mandatario en ejercicio, Dina Boluarte en este caso, es que las investigaciones no la dejan trabajar: “no solo atentan contra la figura presidencial, sino que afectan el eficiente y eficaz ejercicio de las atribuciones y funciones del Presidente de la República”. Agrega que la presidenta no debe estar sujeta a distracciones y asegura que el artículo 117 “busca garantizar que éste (el presidente en ejercicio) concentre su atención en el ejercicio de sus competencias y funciones, no siendo distraído durante dicho periodo por la persecución penal ordinaria, por presuntos delitos que, en atención al interés general pueden ser investigados una vez concluido el tiempo establecido en la Constitución Política”.

En este video, el constitucionalista Luciano López explica los alcances de esta demanda competencial que pretende que el TC le dé protección a la hoy investigada presidenta Dina Boluarte. López sostiene que podríamos pasar de la situación actual que es “Donde está el piloto?” a “Sálvese quien pueda”

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